El régimen cubano continúa utilizando las citaciones oficiales como mecanismo de intimidación y control contra activistas de la sociedad civil independiente y ciudadanos que no necesariamente pertenecen a una organización o movimiento opositor.
El monitoreo realizado por Cubalex contabilizó 219 citaciones arbitrarias en Cuba hasta agosto de 2026, dirigidas tanto contra personas vinculadas a la sociedad civil independiente como contra ciudadanos que no se identifican con ningún movimiento específico.
La cifra constituye un subregistro, debido a que pueden existir otros casos que no hayan sido denunciados o documentados. El temor a sufrir nuevas represalias, ser detenidos o enfrentar consecuencias para sus familiares puede llevar a las víctimas a no hacer pública la situación.
Las citaciones oficiales ilegales o arbitrarias se encuentran, además, entre los incidentes represivos más recurrentes identificados por Cubalex durante el primer semestre de 2026.
Las citaciones, parte de una cadena de represión
El informe semestral de Cubalex documentó violaciones en 65 categorías de incidentes represivos durante los primeros seis meses del año, frente a 61 categorías registradas en el semestre anterior.
Entre los incidentes más frecuentes estuvieron las violaciones contra personas privadas de libertad, con 762 eventos; los traslados hacia centros de detención o establecimientos penitenciarios, con 318; las amenazas o coacciones, con 313; los operativos policiales de vigilancia, con 287; el uso de la violencia o acoso, con 269; las detenciones arbitrarias, con 257; la negación de atención médica o negligencia, con 175; y las citaciones oficiales ilegales o arbitrarias, con 165 eventos.
Varias de estas categorías no constituyen hechos aislados, sino distintas etapas de una misma estrategia represiva. La amenaza o coacción, la citación oficial, el interrogatorio y la retención derivada de una citación pueden formar parte de una secuencia destinada a presionar y disciplinar a la persona citada.
Durante el primer semestre, 22 eventos registraron conjuntamente las cuatro categorías, mientras que en otros cuatro casos se sumó además la imposición de un acta de advertencia formal.
Las amenazas o coacciones aumentaron un 87 % respecto al semestre anterior, mientras que las citaciones oficiales crecieron un 51 %, de acuerdo con el monitoreo de Cubalex.
En la práctica, una persona puede recibir una papeleta oficial para presentarse ante una unidad policial o de la Seguridad del Estado, ser interrogada, permanecer retenida más allá del tiempo necesario para el trámite y posteriormente ser amenazada con consecuencias como la pérdida de determinados beneficios, el encarcelamiento o represalias contra familiares.
En numerosos casos, esta secuencia termina con la imposición de un acta de advertencia formal, utilizada como otro mecanismo de presión.
Casos emblemáticos: cuando acudir a una citación termina en prisión o procesos penales abiertos
El caso de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez y su madre ilustra este patrón. Ambas fueron sometidas a citaciones e interrogatorios reiterados como parte de una campaña sostenida de hostigamiento en su contra, según documentó Cubalex en su informe sobre tendencias y patrones de represión durante el primer semestre de 2026.
Uno de los casos más recientes es el de la activista Lumey Guzmán Fernández, quien en julio acudió a una citación en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la Zona 7 de Alamar, en La Habana.
Tras presentarse ante las autoridades, Guzmán Fernández quedó detenida. Posteriormente fue trasladada a la estación policial de Cojímar, donde permaneció incomunicada, y más tarde fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.
La activista permaneció recluida hasta finales de agosto, cuando fue excarcelada bajo fianza. De acuerdo con la información documentada por Cubalex, deberá continuar el proceso judicial desde su domicilio tras el pago de una fianza de 7.000 pesos cubanos (CUP).
El caso evidencia uno de los riesgos asociados a las citaciones arbitrarias: la convocatoria presentada formalmente como un trámite puede convertirse en la puerta de entrada a una detención y, posteriormente, a un proceso penal.
Más recientemente, en este mes de septiembre, la pareja de activistas Yunia Figueredo y Francisco Correa acudieron a una citación en la unidad policial de Siboney, La Habana, donde, además de interrogarlos, les impusieron actas de advertencia, acusándolos de ser los instigadores de protestas pacíficas ocurridas en su localidad de residencia, Jaimanitas, en julio anterior.
Además, a Figueredo le impusieron medida de prisión domiciliar, prohibición de salida del municipio y que debe firmar los días 10 de cada mes lunes en la estación policial.
Igualmente en este mes de septiembre, la policía citó al joven Raymar Aguado Fernández para la Sexta Unidad de la PNR de Marianao y le informaron sobre la apertura de un proceso penal en su contra por los supuestos delitos de propaganda against the constitutional order y crímenes contra el Estado, por lo que sería condenado a tres años de prisión, según funcionarios allí presentes.
Otro caso reiterativo es el del vicepresidente del MONR, Mario Hernández Leyva, quien a raíz de citaciones incluso ha sido abandonado en lugares fuera de la capital cubana y en horas de la noche.
Un mecanismo de intimidación y control
El incremento de las citaciones y amenazas durante 2026 muestra que estos incidentes deben analizarse dentro de un patrón más amplio de represión y no como actuaciones administrativas aisladas.
La utilización reiterada de citaciones, interrogatorios, retenciones, amenazas y actas de advertencia permite a las autoridades ejercer presión sobre personas críticas sin que necesariamente exista, desde el inicio, una orden judicial de detención.
Además, el hecho de que 219 citaciones hayan sido documentadas hasta agosto revela una utilización extendida de este mecanismo contra distintos sectores de la ciudadanía, desde activistas y periodistas independientes hasta personas que no pertenecen formalmente a organizaciones opositoras.
Las citaciones arbitrarias constituyen así una herramienta de control que puede combinarse con otras formas de represión para intimidar, limitar la libertad de movimiento, obtener información, imponer advertencias y, en determinados casos, conducir a la persona hacia un proceso penal o a la privación de libertad.