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CUBALEX · INFORMES

Serie · 9 informes

Muertes en custodia y otras muertes potencialmente ilícitas en Cuba (2024–2026)

Ilustración editorial de un patio penitenciario visto desde una abertura.

1 de febrero de 2024 – 30 de junio de 2026

I. Introducción

El presente informe constituye una actualización y profundización del análisis realizado por Cubalex en 2024 sobre las muertes ocurridas bajo custodia del Estado cubano. Aquel primer informe permitió identificar, sistematizar y visibilizar un conjunto de 56 muertes que, aunque diversas en sus circunstancias inmediatas, compartían un elemento común: todas se produjeron en contextos en los que el Estado ejercía control efectivo sobre la vida, la integridad o la libertad de las personas fallecidas, ya fuera de manera directa o por omisión.1

El informe de 2024 se propuso, desde el inicio, analizar patrones, identificar factores de riesgo y encuadrar los hechos dentro de los estándares internacionales aplicables a la privación de libertad, el uso de la fuerza y la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar muertes potencialmente ilícitas. Para ello, se partió de una conceptualización amplia de la muerte en custodia, basada en el principio de que toda persona cuya libertad se encuentra restringida —o cuya vida e integridad dependen del control efectivo ejercido por agentes estatales o por estructuras bajo su autoridad— se halla bajo custodia del Estado, con independencia de la forma jurídica específica que adopte dicha situación.

Desde este enfoque, inspirado en los criterios desarrollados por el Protocolo de Minnesota, Cubalex adoptó una clasificación que incluyó no solo a personas privadas de libertad por decisión judicial, sino también a individuos fallecidos durante interacciones directas o indirectas con fuerzas de seguridad, a reclutas del servicio militar obligatorio sometidos a regímenes severos de control institucional y restricción efectiva de su libertad, y a mujeres asesinadas en contextos de inacción estatal en los que las autoridades tenían una obligación reforzada de protección. Esta aproximación reconoció que la custodia no se agota en la detención penal clásica, sino que abarca un conjunto más amplio de situaciones en las que el Estado ejerce control, supervisión o dominio suficiente sobre una persona como para asumir responsabilidad por lo que le ocurra, incluida su muerte.

La actualización que ahora se presenta parte de esos hallazgos identificados y los proyecta en el tiempo, con el objetivo de profundizar en la comprensión de las muertes ocurridas bajo custodia estatal en Cuba en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026. El monitoreo realizado por Cubalex durante este período abarca un total de 164 víctimas registradas en los distintos contextos de custodia y control estatal analizados, cifra que casi triplica las 56 muertes documentadas en el primer informe y que confirma tanto la persistencia como la magnitud creciente del fenómeno.

En este nuevo informe, Cubalex amplía la mirada y desagrega analíticamente los contextos de custodia, distinguiendo entre aquellos vinculados de manera directa al ejercicio de la persecución penal y otros en los que, fuera de este contexto, el Estado ejercía un control efectivo o mantenía una obligación reforzada de protección sobre las personas fallecidas. Esta distinción permite examinar con mayor precisión cómo operan, en distintos ámbitos institucionales, los mismos déficits estructurales de prevención, control y rendición de cuentas ya identificados en el informe anterior.

En el ámbito de la custodia penal, el análisis se concentra tanto en las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios —de personas que se encontraban cumpliendo sanción o sujetas a medidas cautelares—, como en los fallecimientos producidos en estaciones de la policía y dependencias de la Seguridad del Estado y durante el curso de detenciones. Estos escenarios revelan patrones persistentes de negligencia, uso indebido de la fuerza, deficiencias en la atención médica y ausencia de investigaciones independientes, en contextos donde la privación de libertad activa de manera inequívoca la responsabilidad del Estado como garante de la vida y la integridad personal.

La ampliación del registro permite, además, identificar expresiones agravadas de estos patrones que este informe analiza de manera diferenciada: las muertes por desnutrición e inanición y por enfermedades transmisibles no atendidas, que revelan crisis alimentarias y sanitarias agudas en establecimientos específicos; las muertes causadas por otros reclusos en contextos de escasez y desprotección, que comprometen el deber estatal de protección frente a terceros; y las muertes ocurridas tras la concesión de excarcelaciones o licencias extrapenales in extremis, otorgadas cuando el desenlace fatal resultaba ya irreversible, práctica que opera como un mecanismo de externalización de la muerte que la sustrae de las estadísticas penitenciarias sin interrumpir el nexo causal con las condiciones de reclusión ni la responsabilidad del Estado como garante.

De forma complementaria, el informe incorpora un análisis específico de muertes ocurridas en contextos de custodia no penal, que históricamente han quedado sometidos a un menor escrutinio público. En esta categoría se incluyen, por un lado, los fallecimientos de personas sometidas a internamiento forzoso de carácter administrativo o asistencial, en particular en hospitales psiquiátricos, con especial atención a personas en situación de calle catalogadas por las autoridades como “deambulantes”.2 Por otro, se examinan las muertes de reclutas durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio, en un entorno de control institucional y restricción efectiva de la libertad personal que justifica su análisis como situaciones de custodia estatal. Finalmente, se abordan los casos de uso letal de la fuerza por agentes estatales fuera del ámbito penal estricto, incluyendo muertes ocurridas durante operativos de persecución en contextos migratorios, así como muertes —principalmente feminicidios— precedidas de denuncias formales en las que la inacción estatal resultó determinante para el desenlace fatal.

En este informe de actualización, Cubalex fortalece además el marco jurídico de análisis mediante la incorporación expresa de la Observación General Nº 35 del Comité de Derechos Humanos, que ofrece una interpretación autorizada de los conceptos de libertad y seguridad personal. Este instrumento adopta una concepción material y funcional de la privación de libertad, definida como una restricción de movimientos más estricta y en un espacio más limitado que la mera interferencia con la libertad de circulación, impuesta sin el libre consentimiento de la persona y bajo el control de autoridades estatales o de entidades autorizadas por el Estado. En este sentido, precisa que la privación de libertad no se agota en la detención policial o la prisión tras una condena, sino que comprende un amplio espectro de situaciones, entre ellas la reclusión preventiva, la detención administrativa, el arresto domiciliario, la hospitalización involuntaria, el internamiento de niños en instituciones, el confinamiento en zonas restringidas de aeropuertos y el traslado contra la propia voluntad, así como determinadas restricciones adicionales impuestas a personas ya recluidas, como el aislamiento o el uso de dispositivos de restricción de la movilidad.3 Esta interpretación refuerza el enfoque adoptado por Cubalex desde su informe de 2024 y legitima la inclusión de contextos no penales dentro del análisis de muertes en custodia.

En esta misma línea, la profundización en los estándares internacionales que se desarrolla en el presente informe permitirá constatar que toda privación de libertad —ya sea de carácter penal o no penal— exige la existencia de salvaguardias efectivas y operativas, entre ellas el registro adecuado de las detenciones, el acceso real a mecanismos de revisión judicial independientes, la supervisión externa de los lugares de custodia y la apertura inmediata de investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas ante cualquier alegación de violación de derechos. La ausencia sistemática de estas garantías, constatada ya en el informe de 2024, así como la reiterada falta de investigaciones diligentes frente a muertes ocurridas bajo custodia o control estatal, propicia la comisión de graves violaciones de derechos humanos, principalmente, contra el derecho a la vida y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este contexto se ve agravado por la intervención de miembros de instituciones armadas y cuerpos de seguridad del Estado en los hechos analizados, así como por la ausencia de regulaciones claras, públicas y ajustadas a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas, tanto en el marco de la persecución penal como en otros escenarios de actuación estatal. En este sentido, el presente informe profundiza y amplía el análisis del marco normativo interno, con el objetivo de examinar cómo estos déficits regulatorios obstaculizan la rendición de cuentas y contribuyen a la impunidad frente a las muertes ocurridas bajo custodia estatal.

La ausencia de investigaciones independientes, la falta de sanción a los responsables y la inexistencia de medidas efectivas de no repetición consolidan un patrón en el que la muerte bajo control estatal se normaliza, se invisibiliza y queda sustraída al escrutinio público. Frente a todo lo anterior, el presente ejercicio de actualización resulta pertinente y necesario en la medida en que da continuidad analítica al trabajo iniciado en 2024, permitiendo no solo ampliar el registro de casos, sino también profundizar en la identificación de patrones, dinámicas institucionales y marcos normativos que inciden en la producción de las muertes bajo custodia estatal. Este esfuerzo de seguimiento y actualización busca fortalecer la comprensión del fenómeno y consolidar una base empírica y jurídica aún más robusta para su análisis. Por medio del presente informe, reafirmamos, en definitiva, que documentar, analizar y contextualizar estas muertes constituye una forma de disputar el silencio institucional y de reafirmar que toda muerte ocurrida bajo custodia del Estado compromete, de manera directa, su responsabilidad internacional.

II. Marco conceptual y tipología de las muertes potencialmente ilícitas

Las muertes potencialmente ilícitas constituyen una categoría jurídica amplia desarrollada en el derecho internacional de los derechos humanos para identificar aquellos fallecimientos en los que existe una sospecha razonable de violación del derecho a la vida. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), esta categoría abarca no solo las muertes causadas directamente por agentes del Estado, sino también aquellas en las que el Estado pudo haber contribuido mediante acción, aquiescencia u omisión, incluyendo situaciones en las que incumplió su deber de prevenir riesgos previsibles contra la vida. El Protocolo establece que el deber de investigar se activa siempre que el Estado tenga conocimiento, o debiera haberlo tenido, de una muerte potencialmente ilícita, incluso en ausencia de una denuncia formal, lo que refuerza el carácter preventivo y garantista de esta obligación internacional.4

Dentro de este marco general, las muertes bajo custodia constituyen una subcategoría específica caracterizada por el control directo y efectivo del Estado sobre la persona fallecida. El Protocolo de Minnesota reconoce que cuando una persona muere mientras se encuentra privada de libertad o bajo la custodia de autoridades estatales —ya sea en prisiones, estaciones policiales u otras instituciones donde el Estado ejerce un control estricto sobre su vida— se activa una presunción general de responsabilidad estatal. Esta presunción se fundamenta en el deber reforzado de garantía que recae sobre el Estado en contextos de privación de libertad, donde la persona depende completamente de las autoridades para su seguridad, integridad y acceso a servicios esenciales como la atención médica.5

A los efectos de este informe, la custodia no se define por la denominación del recinto ni por el estatus jurídico formal de la persona, sino por el ejercicio de control efectivo del Estado sobre su vida, su integridad y su libertad. Esta concepción material y funcional encuentra respaldo en la Observación General n.º 35 del Comité de Derechos Humanos, que comprende expresamente la hospitalización involuntaria y el traslado contra la propia voluntad; en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la relación de sujeción especial y la posición de garante del Estado respecto de toda persona bajo su control, autoridad o custodia (Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006; Vélez Loor vs. Panamá, 2010; Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala, 2016); y en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), cuya regla 27 establece que el traslado a un centro sanitario externo no interrumpe el estatus de custodia ni la responsabilidad de las autoridades. En la práctica, la subsistencia de la custodia se verifica mediante tres indicadores operativos: la vigilancia estatal continua o delegada; la restricción objetiva de la salida, incluida la imposibilidad de que la persona o su familia decidan el alta o el traslado; y la supeditación del egreso o del destino a la autorización de una autoridad policial, judicial o administrativa. La concurrencia de cualquiera de estos elementos acredita custodia material, con independencia de la calificación jurídica que el propio Estado asigne a la situación.6

En este sentido, resulta jurídicamente consistente afirmar que toda muerte en custodia debe ser considerada, a primera impresión, como una muerte potencialmente ilícita. Esto no implica que todas las muertes en custodia sean automáticamente ilícitas, sino que, dadas las condiciones de control absoluto del Estado, existe una sospecha inicial que obliga a una investigación rigurosa, independiente y efectiva. La carga de la prueba, en estos casos, se desplaza hacia el Estado, que debe demostrar que cumplió con sus obligaciones de protección y que la muerte no fue consecuencia de una acción u omisión atribuible a sus agentes.

Por otro lado, no todas las muertes potencialmente ilícitas ocurren en contextos de custodia. Esta categoría también incluye situaciones en las que el Estado no tenía un control físico directo sobre la víctima, pero sí un deber claro de protección que fue incumplido. Un ejemplo paradigmático es el feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal, en el que las autoridades tenían conocimiento previo de amenazas o situaciones de riesgo y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir el desenlace fatal. En estos casos, la responsabilidad estatal se configura por omisión, en la medida en que no se actuó con la debida diligencia para proteger la vida, lo cual también se encuentra comprendido dentro del alcance del Protocolo de Minnesota al referirse a la obligación estatal de proteger frente a riesgos previsibles.

En cuanto a la relación con las ejecuciones extrajudiciales, estas deben entenderse como una forma agravada de muerte potencialmente ilícita, caracterizada por la privación de la vida como resultado de la acción directa de agentes del Estado —o de particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia— mediante el uso de fuerza letal o potencialmente letal en violación de los estándares legales y de derechos humanos. A diferencia de otras muertes potencialmente ilícitas, que pueden derivarse de omisiones estatales, negligencia o falta de protección, las ejecuciones extrajudiciales se vinculan principalmente con conductas activas que generan un riesgo previsible de muerte, tales como disparos, golpizas, asfixia, embestidas o cualquier forma de violencia incompatible con el uso legítimo de la fuerza.

Si bien algunas ejecuciones extrajudiciales pueden ocurrir en contextos de custodia, muchas tienen lugar fuera de estos, por ejemplo, durante operativos policiales, acciones de persecución penal o control migratorio. No obstante, en contextos de privación de libertad, la distinción entre muerte en custodia y ejecución extrajudicial no siempre es excluyente, ya que una misma muerte puede reunir ambas condiciones cuando existen indicios de que agentes estatales causaron directamente la muerte mediante el uso de la fuerza. En estos casos, la calificación no depende de la prueba de una intención específica de matar —lo cual suele ser inaccesible en contextos de opacidad institucional— sino de la existencia de elementos objetivos que permitan inferir que la muerte fue consecuencia de una actuación estatal arbitraria, abusiva o incompatible con el deber de garantía de la vida.

En este sentido, conforme al Protocolo de Minnesota, el análisis debe centrarse en si la muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado o en violación de su obligación de proteger la vida, y no exclusivamente en la intención subjetiva del agente. Este enfoque permite una clasificación más adecuada en contextos donde el acceso a la información es limitado, las investigaciones carecen de independencia y existen patrones de encubrimiento. Así, la identificación de una posible ejecución extrajudicial puede basarse en indicios como la presencia de lesiones incompatibles con la versión oficial, la falta de documentación, la incomunicación previa de la víctima, o contradicciones en el relato estatal, sin que sea necesario acreditar plenamente la intencionalidad del agente en esta etapa.

En consecuencia, la relación entre estas categorías puede comprenderse de manera estructural: la muerte potencialmente ilícita funciona como una categoría paraguas que engloba todas aquellas muertes respecto de las cuales existen indicios de responsabilidad estatal, ya sea por acción, omisión o incumplimiento del deber de protección; la muerte en custodia se define por el contexto de control estatal sobre la persona y activa una presunción reforzada de responsabilidad; y la ejecución extrajudicial se configura por el tipo de conducta atribuible a agentes del Estado, particularmente cuando la muerte resulta del uso de fuerza letal o potencialmente letal, o de actuaciones arbitrarias incompatibles con los estándares que rigen el uso de la fuerza. En este marco, la calificación no depende exclusivamente de la prueba de una intención específica de matar, sino de la existencia de elementos objetivos que permitan inferir que la privación de la vida es consecuencia de una actuación estatal abusiva o contraria a sus obligaciones internacionales. Esta distinción permite organizar de manera coherente el análisis de los casos en contextos de alta opacidad, sin perder de vista que en todos ellos subyace una obligación común del Estado: respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida conforme a los estándares internacionales.

III. Contextos y escenarios de ocurrencia

El análisis de los casos documentados permite identificar que las muertes potencialmente ilícitas no constituyen hechos aislados, sino que se producen en contextos específicos donde el Estado ejerce distintos niveles de control, intervención o responsabilidad sobre la vida de las personas. A partir de este enfoque, el informe distingue entre contextos penitenciarios y no penitenciarios, y, dentro de estos últimos, entre situaciones de privación de libertad y aquellas en las que no existe un control físico directo sobre la víctima, pero sí un deber claro de protección.

El contexto penitenciario comprende aquellas muertes ocurridas en condiciones de privación formal de libertad, donde el Estado ejerce un control total sobre la persona. En estos espacios, la responsabilidad estatal se intensifica debido al deber reforzado de garantía, lo que implica que cualquier fallecimiento debe ser examinado bajo un estándar estricto. En este contexto, se identifican escenarios recurrentes asociados a patrones de negligencia médica, violencia bajo custodia, condiciones materiales incompatibles con la dignidad humana y muertes clasificadas oficialmente como suicidios sin que existan investigaciones independientes y efectivas.

Por su parte, el contexto no penitenciario incluye una diversidad de situaciones en las que el Estado puede ejercer control directo —como en detenciones policiales, el servicio militar o instituciones de salud cerradas— o en las que, aun sin privación de libertad, mantiene obligaciones específicas de protección. En los contextos privativos de libertad no formales, las muertes presentan características similares a las del ámbito penitenciario, especialmente en lo relativo a la vulnerabilidad de las víctimas y la opacidad institucional. En los contextos no privativos, se identifican escenarios como las ejecuciones extrajudiciales, los operativos de seguridad, las muertes en contextos migratorios y aquellas derivadas de la violencia ejercida por terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado.

Asimismo, el informe incorpora el feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal como un escenario específico dentro de las muertes potencialmente ilícitas. Estos casos se caracterizan por la existencia de un riesgo previo conocido por las autoridades, frente al cual no se adoptaron medidas adecuadas de prevención, evidenciando patrones de inacción, negligencia institucional y discriminación estructural. Este enfoque permite visibilizar que la responsabilidad estatal no se limita a los actos directos de sus agentes, sino que también se configura cuando el Estado incumple su deber de proteger la vida frente a riesgos previsibles.

La identificación de estos contextos y escenarios responde a un análisis de patrones y prácticas documentadas por Cubalex a partir del monitoreo sistemático de casos. Esta metodología permite organizar la información de manera coherente, identificar regularidades en las formas de ocurrencia de las muertes y evidenciar la existencia de prácticas estatales que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la privación arbitraria de la vida. De este modo, el enfoque por contextos y escenarios no solo facilita la comprensión del fenómeno, sino que también fortalece la argumentación sobre la responsabilidad estatal en sus distintas manifestaciones.

¿Cómo se clasifica una muerte?

El esquema clasifica primero por contexto (¿había custodia y de qué tipo?) y después por mecanismo (¿cómo se produjo la muerte?). Las categorías no son excluyentes: una muerte en custodia puede ser también una ejecución extrajudicial.

PASO 1

¿Hay indicios de que el Estado causó o contribuyó a la muerte por acción, omisión o aquiescencia?

No: Fuera del alcance de la clasificación.

PASO 2

A. Contexto penitenciario: ¿Privación de libertad por resolución judicial?

Privación de libertad (formal)

PASO 3

B. Contexto no penitenciario: ¿El Estado ejercía control efectivo sobre la persona sin que mediara resolución judicial?

Privación de libertad (no formal)

Sin privación de libertad

Acción directa

Omisión o incumplimiento del deber de protección

Mixto o por determinar

Leer el esquema como tabla
PasoPreguntaSíNo
1¿Hay indicios de que el Estado causó o contribuyó a la muerte por acción, omisión o aquiescencia?Ir al paso 2.Fuera del alcance de la clasificación.
2A. Contexto penitenciario: ¿Privación de libertad por resolución judicial?Privación de libertad (formal): elegir una categoría de la Rama A.Ir al paso 3.
3B. Contexto no penitenciario: ¿El Estado ejercía control efectivo sobre la persona sin que mediara resolución judicial?Privación de libertad (no formal): elegir una categoría de la Rama B1.Sin privación de libertad: elegir una categoría de la Rama B2.
RamaContextoCategoríaDescripciónTipo de responsabilidad
APrivación de libertad (formal)Omisión estructuralNegligencia o negación de atención médica y fallas en alimentación, agua y salubridad. Incluye desnutrición, inanición y enfermedades transmisibles.Omisión o incumplimiento del deber de protección
APrivación de libertad (formal)Acción directa letalEjecuciones extrajudiciales y muertes de especial sospecha: versión oficial de suicidio con indicios de violencia o encubrimiento.Acción directa
APrivación de libertad (formal)Alegación de suicidioMuertes atribuidas a autolesión sin indicios consistentes de violencia estatal directa. Se examina el deber de prevención del riesgo suicida.Omisión o incumplimiento del deber de protección
APrivación de libertad (formal)Violencia entre reclusosMuertes causadas por otros internos. Se examina el deber de protección y supervisión frente a terceros.Omisión o incumplimiento del deber de protección
APrivación de libertad (formal)Mecanismo no determinadoLa información disponible no permite establecer el mecanismo. No exime al Estado de investigar.Mixto o por determinar
B1Privación de libertad (no formal)Custodia policial y de Seguridad del EstadoMuertes en unidades de la PNR o bajo custodia de la Seguridad del Estado: violencia, ejecución extrajudicial o alegaciones de suicidio en celda.Acción directa
B1Privación de libertad (no formal)Instituciones sanitarias y psiquiátricasInternamiento psiquiátrico, asilos o institucionalización de facto, incluida la opacidad sobre el cuerpo y la trayectoria institucional de la persona.Mixto o por determinar
B1Privación de libertad (no formal)Servicio Militar ObligatorioReclutas bajo control institucional: riesgos previsibles con armas y material de guerra, suicidios y negligencia médica.Omisión o incumplimiento del deber de protección
B2Sin privación de libertadAgentes del Estado fuera de reclusiónFuerza letal de agentes estatales sin amenaza inminente que la justifique, durante detenciones, operativos o intervenciones policiales.Acción directa
B2Sin privación de libertadContexto migratorio y fronterizoMuertes causadas por guardafronteras o la Guardia Costera en intentos de salida o entrada al país, con riesgo asociado de desaparición forzada.Acción directa
B2Sin privación de libertadFeminicidio con deber reforzado de protecciónMuertes de mujeres en las que el Estado conocía el riesgo o controlaba al agresor o el espacio, y no actuó con la debida diligencia.Omisión o incumplimiento del deber de protección
B2Sin privación de libertadViolencia con aquiescencia estatalMuertes causadas por terceros con tolerancia o inacción de las autoridades.Omisión o incumplimiento del deber de protección

IV. Patrones territoriales, contextos de ocurrencia y perfiles de las víctimas según el monitoreo de Cubalex

El monitoreo realizado por Cubalex para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, que abarca un total de 164 víctimas registradas, permite identificar que las muertes en custodia y otras muertes potencialmente ilícitas en Cuba presentan una distribución territorial desigual, con patrones de concentración geográfica, regularidades contextuales y perfiles de victimización que refuerzan la hipótesis de responsabilidad estatal por acción, omisión o incumplimiento del deber de garantía del derecho a la vida.

Distribución por contexto y responsabilidad de las muertes potencialmente ilícitas documentadas por Cubalex (febrero de 2024 – junio de 2026)

164 víctimas: Rama A 115, Rama B1 42 y Rama B2 7.

A. Privación de libertad: 115 víctimasB1. Privación de libertad no formal: 42 víctimasB2. Sin privación de libertad: 7 víctimasEstablecimientos penitenciarios: 115 víctimasUnidades de la PNR y Seguridad del Estado: 7 víctimasHospitales y circuito sanitario-psiquiátrico: 6 víctimasServicio Militar Obligatorio: 29 víctimasAgentes del Estado fuera de reclusión: 3 víctimasContexto migratorio y fronterizo: 4 víctimasEstablecimientos penitenciarios · Omisión estructural: 80 víctimas · OmisiónEstablecimientos penitenciarios · Acción directa letal: 12 víctimas · Acción directaEstablecimientos penitenciarios · Alegación de suicidio: 13 víctimas · OmisiónEstablecimientos penitenciarios · Violencia entre reclusos: 2 víctimas · OmisiónEstablecimientos penitenciarios · Mecanismo no determinado: 8 víctimas · Mixto o por determinarUnidades de la PNR y Seguridad del Estado · Violencia o ejecución extrajudicial: 5 víctimas · Acción directaUnidades de la PNR y Seguridad del Estado · Ahorcamiento (alegación de suicidio): 2 víctimas · OmisiónHospitales y circuito sanitario-psiquiátrico · Internamiento psiquiátrico o institucionalización: 5 víctimas · Mixto o por determinarHospitales y circuito sanitario-psiquiátrico · Hospital general con opacidad post mortem: 1 víctima · Mixto o por determinarServicio Militar Obligatorio · Riesgos previsibles (armas y material de guerra): 11 víctimas · OmisiónServicio Militar Obligatorio · Suicidio reportado: 7 víctimas · OmisiónServicio Militar Obligatorio · Negligencia médica: 1 víctima · OmisiónServicio Militar Obligatorio · Mecanismo no determinado: 10 víctimas · Mixto o por determinarAgentes del Estado fuera de reclusión · Compatible con ejecución extrajudicial: 2 víctimas · Acción directaAgentes del Estado fuera de reclusión · Uso letal de la fuerza por esclarecer: 1 víctima · Acción directaContexto migratorio y fronterizo · Ejecución extrajudicial: 4 víctimas · Acción directa164víctimas
A. Privación de libertad
115 víctimas
B1. Privación de libertad no formal
42 víctimas
B2. Sin privación de libertad
7 víctimas

Recorre o toca los segmentos para consultar el contexto, el mecanismo y las víctimas.

164 víctimas: Rama A 115, Rama B1 42 y Rama B2 7.
  • Acción directa
  • Omisión o incumplimiento del deber de protección
  • Mixto o por determinar
Consultar los datos del gráfico
RamaContextoMecanismoVíctimasTipo de responsabilidad
A. Privación de libertadEstablecimientos penitenciariosOmisión estructural80Omisión
A. Privación de libertadEstablecimientos penitenciariosAcción directa letal12Acción directa
A. Privación de libertadEstablecimientos penitenciariosAlegación de suicidio13Omisión
A. Privación de libertadEstablecimientos penitenciariosViolencia entre reclusos2Omisión
A. Privación de libertadEstablecimientos penitenciariosMecanismo no determinado8Mixto o por determinar
B1. Privación de libertad no formalUnidades de la PNR y Seguridad del EstadoViolencia o ejecución extrajudicial5Acción directa
B1. Privación de libertad no formalUnidades de la PNR y Seguridad del EstadoAhorcamiento (alegación de suicidio)2Omisión
B1. Privación de libertad no formalHospitales y circuito sanitario-psiquiátricoInternamiento psiquiátrico o institucionalización5Mixto o por determinar
B1. Privación de libertad no formalHospitales y circuito sanitario-psiquiátricoHospital general con opacidad post mortem1Mixto o por determinar
B1. Privación de libertad no formalServicio Militar ObligatorioRiesgos previsibles (armas y material de guerra)11Omisión
B1. Privación de libertad no formalServicio Militar ObligatorioSuicidio reportado7Omisión
B1. Privación de libertad no formalServicio Militar ObligatorioNegligencia médica1Omisión
B1. Privación de libertad no formalServicio Militar ObligatorioMecanismo no determinado10Mixto o por determinar
B2. Sin privación de libertadAgentes del Estado fuera de reclusiónCompatible con ejecución extrajudicial2Acción directa
B2. Sin privación de libertadAgentes del Estado fuera de reclusiónUso letal de la fuerza por esclarecer1Acción directa
B2. Sin privación de libertadContexto migratorio y fronterizoEjecución extrajudicial4Acción directa

Cifras mínimas; no incluye feminicidios.

Nota: Todos los casos documentados son considerados muertes potencialmente ilícitas, en tanto existen indicios de responsabilidad estatal, ya sea por acción, omisión o incumplimiento del deber de protección del derecho a la vida. Dentro de esta categoría general, se distinguen las muertes ocurridas en contextos de privación de libertad y por otro, las ejecuciones extrajudiciales, entendidas como aquellas muertes resultantes de la acción de agentes estatales mediante el uso de fuerza letal. Esta diferenciación no implica categorías excluyentes, ya que en contextos de custodia también pueden producirse ejecuciones extrajudiciales.

Feminicidio (fuera del gráfico). Cubalex documentó al menos 194 feminicidios entre enero de 2023 y marzo de 2026. Se presenta como dato aparte porque usa otro periodo y otra metodología, y porque el subconjunto con responsabilidad estatal no está cuantificado.

El análisis de las tipologías registradas refuerza esta lectura. La categoría más frecuente es la de muerte bajo custodia, con 132 eventos y 141 víctimas, lo que la convierte en el núcleo central del fenómeno documentado.7 Del mismo modo, se registran en el período ejecuciones extrajudiciales, con 13 eventos y 16 víctimas, como una forma específica de muerte potencialmente ilícita vinculada a la acción directa de agentes estatales, que puede concurrir o no con situaciones de custodia; entre ellas se cuenta un evento con cuatro víctimas ejecutadas por guardafronteras en Corralillo (Villa Clara), en un contexto de persecución migratoria.

En el conjunto de los casos documentados —tanto bajo custodia como en otros supuestos de intervención estatal— los mecanismos de producción de la muerte no se distribuyen de manera homogénea, sino que varían según el contexto de ocurrencia. El eje predominante es la omisión estructural, es decir, la negación de atención médica o negligencia, que agrupa tanto la desatención médica directa como las muertes por desnutrición e inanición, enfermedades transmisibles y enfermedad crónica desatendida. Solo en el universo penitenciario este mecanismo fue identificado en al menos 67 de las 115 muertes (≈58 %), y reaparece con fuerza en el circuito hospitalario y sanitario-psiquiátrico y en otros contextos de control estatal, lo que lo confirma como el patrón de letalidad más extendido del conjunto.

Le siguen los casos en los que existe una alegación oficial de suicidio bajo custodia, lo que plantea la necesidad de un análisis especialmente riguroso debido a la ausencia de investigaciones independientes y a la frecuente opacidad institucional. Asimismo, se identificaron 20 eventos vinculados al servicio militar, que produjeron 29 víctimas, incluyendo el evento de 9 fallecidos registrado en Rafael Freyre. También se documentaron 7 eventos relacionados con violencia física o uso de la fuerza, y 3 asociados al uso de armas u operativos potencialmente ilícitos. Un grupo adicional de eventos no pudo clasificarse con mayor precisión a partir de la información recabada, aunque ello no disminuye su relevancia dentro del patrón general documentado.

Estos datos permiten distinguir dos grandes lógicas de ocurrencia. La primera corresponde a las muertes verificadas de personas privadas de libertad, que abarcan 115 eventos y 115 víctimas y apuntan a un patrón estructural de desprotección en contextos de custodia. La segunda lógica está compuesta por eventos que no se desarrollan en contextos de privación de libertad por resolución judicial, entre los cuales adquieren especial relevancia los casos vinculados al servicio militar obligatorio y a los operativos de persecución en contextos migratorios. En este segundo grupo se concentran las muertes múltiples y de mayor impacto, lo que indica que los riesgos letales asociados a la actuación u omisión estatal no se limitan al ámbito penitenciario en sentido estricto.

En términos territoriales, nuestros registros muestran una alta concentración de eventos y víctimas en determinadas provincias. La Habana registró 34 eventos y 34 víctimas; Santiago de Cuba, 32 eventos y 32 víctimas; y Mayabeque, 19 eventos y 19 víctimas. Estas tres provincias concentran el mayor volumen de casos documentados, seguidas de Guantánamo, con al menos 14 víctimas, cuya letalidad se asocia de manera predominante al ámbito penitenciario. No obstante, Holguín destaca por un patrón diferente: aunque solo registra 6 eventos, estos produjeron 14 víctimas, con un promedio de 2.33 víctimas por evento, lo que revela la existencia de episodios de alta letalidad. Villa Clara presenta un comportamiento análogo, marcado por el evento de Corralillo, en el que un solo hecho produjo 4 víctimas, y Artemisa muestra una dinámica similar, aunque de menor magnitud, con 1 evento y 2 víctimas. En el resto de las provincias, la relación entre eventos y víctimas se mantiene estable, generalmente con una víctima por evento.

Distribución territorial de las muertes potencialmente ilícitas documentadas por Cubalex (febrero de 2024 – junio de 2026)
Distribución de 164 víctimas por provincia. Cifras mínimas; no incluye feminicidios.Mayabeque: 19 víctimas (12 % del total de 164)Villa Clara: 14 víctimas (9 % del total de 164)Matanzas: 6 víctimas (4 % del total de 164)Artemisa: 2 víctimas (1 % del total de 164)La Habana: 34 víctimas (21 % del total de 164)Santiago de Cuba: 32 víctimas (20 % del total de 164)Las Tunas: 3 víctimas (2 % del total de 164)Holguín: 14 víctimas (9 % del total de 164)Granma: 8 víctimas (5 % del total de 164)Guantánamo: 15 víctimas (9 % del total de 164)Camagüey: 4 víctimas (2 % del total de 164)Ciego de Ávila: 3 víctimas (2 % del total de 164)Sancti Spíritus: 3 víctimas (2 % del total de 164)Pinar del Río: 1 víctima (<1 % del total de 164)Isla de la Juventud: 0 víctimas (0 % del total de 164)Cienfuegos: 6 víctimas (4 % del total de 164)La Habana 3401–56–1011–2021–4041+
Consultar los datos del gráfico
Distribución de 164 víctimas por provincia. Cifras mínimas; no incluye feminicidios.
ProvinciaVíctimas
La Habana34
Santiago de Cuba32
Mayabeque19
Guantánamo15
Holguín14
Villa Clara14
Granma8
Cienfuegos6
Matanzas6
Camagüey4
Ciego de Ávila3
Las Tunas3
Sancti Spíritus3
Artemisa2
Pinar del Río1
Isla de la Juventud0

Cifras mínimas; no incluye feminicidios.

Esta distribución permite advertir una correlación muy alta entre el número de eventos y el número de víctimas a nivel provincial, lo que indica que, en la mayoría de los casos, cada evento supone una sola muerte. Sin embargo, esta dinámica general convive con episodios menos frecuentes, pero de impacto significativamente mayor, en los que un solo evento ocasiona múltiples fallecimientos. En otras palabras, el patrón predominante es el de muertes unitarias y persistentes, especialmente en contextos de custodia, mientras que algunos territorios concentran eventos masivos que alteran la relación entre frecuencia y letalidad. Holguín constituye el principal ejemplo de esta segunda dinámica, seguido de Villa Clara.

A nivel municipal también se observan focos de concentración muy marcados. El municipio Santiago de Cuba acumuló 31 eventos y 31 víctimas, lo que lo convierte en el principal núcleo territorial individual documentado. Le sigue el municipio Guantánamo, que asciende al segundo lugar con 14 eventos y 14 víctimas, concentradas de forma predominante en los penales de la provincia; Guanabacoa, en La Habana, con 11 eventos y 11 víctimas; Quivicán, en Mayabeque, con 8 eventos y 8 víctimas; Bayamo, con 6 eventos y 6 víctimas; y Santa Clara, con 5 eventos y 5 víctimas. En Holguín, el municipio Rafael Freyre resalta de forma extraordinaria: un solo evento produjo 9 víctimas, lo que lo convierte en el outlier más relevante de toda la muestra, seguido del municipio Corralillo, en Villa Clara, con 4 víctimas en un solo hecho. También a nivel municipal la correlación entre eventos y víctimas es muy alta, pero nuevamente aparecen excepciones significativas asociadas a hechos concentrados y masivos.

Desde el punto de vista analítico, estos datos sugieren que la distribución territorial de las muertes no es aleatoria. Se observan, por un lado, municipios cabecera y capitales provinciales que funcionan como polos persistentes de ocurrencia, como Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo y Santa Clara. Por otro lado, en territorios como La Habana se aprecia una mayor dispersión municipal, aunque Guanabacoa aparece como un foco especialmente relevante. Finalmente, ciertos municipios revelan eventos de letalidad excepcional, como Rafael Freyre y Corralillo, donde la elevada concentración de víctimas en un solo hecho sugiere la presencia de contextos específicos de riesgo extremo. En conjunto, estos patrones indican que la geografía de las muertes está vinculada tanto a espacios estables de control estatal como a escenarios puntuales de alta exposición a la violencia institucional o a formas agravadas de desprotección estatal.

En cuanto al perfil de las víctimas y su vinculación con la sociedad civil independiente, los registros muestran que 20 víctimas fueron identificadas como miembros de organizaciones de la sociedad civil independiente. De ellas, cinco tienen una organización expresamente registrada en la base de datos: Manuel de Jesús Guillén Esplugas, asociado a UNPACU y Cuba Decide, además de estar identificado como preso político, y las cuatro víctimas del evento de Corralillo, asociadas al Partido Republicano Cubano. Asimismo, 9 víctimas aparecen etiquetadas como “preso político”, en alusión a la motivación política de su detención, donde aparecen casos vinculados a las protestas del 11 de julio. Esta información debe interpretarse con cautela, pues refleja únicamente la información capturada y no excluye posibles situaciones de subregistro.

El análisis interseccional de vulnerabilidad, género y edad permite identificar patrones especialmente relevantes. De las 164 víctimas registradas, 158 son hombres y 6 son mujeres, lo que evidencia una masculinización muy marcada del universo de víctimas documentadas. Este predominio masculino se relaciona con el peso cuantitativo de los contextos penitenciarios y del servicio militar, ambos altamente masculinizados en la práctica cubana. Sin embargo, la lectura de género no debe limitarse al conteo bruto, pues las mujeres registradas aparecen en condiciones de especial vulnerabilidad interseccional: entre ellas se cuentan mujeres privadas de libertad fallecidas en circunstancias de máxima sospecha en prisiones femeninas, una paciente de psiquiatría presuntamente asesinada durante su internamiento y una mujer con discapacidad fallecida tras su desatención en el circuito asistencial-hospitalario.

En relación con la edad, fue posible identificar información para 69 víctimas. Sobre esta base, el promedio general de edad es de aproximadamente 36 años y el rango oscila entre 18 y 73 años. Entre los hombres con edad conocida, el promedio es de 35.2 años; entre las mujeres, de 52 años, aunque este último dato debe leerse con cautela debido al tamaño extremadamente pequeño de la muestra. En términos generales, el perfil etario sugiere una afectación importante de personas jóvenes y adultas jóvenes, aunque también se documentan casos de personas de mayor edad y con condiciones agravadas de vulnerabilidad.

Los grupos vulnerables registrados en la base muestran una fuerte concentración en determinadas categorías. La más numerosa es la de personas privadas de libertad, con 115 víctimas, entre estas tres mujeres. Le sigue la categoría afrodescendiente, con 55 víctimas, de las cuales 51 son hombres y 4 mujeres. También se identificaron 12 víctimas con enfermedad crónica, 7 pacientes de psiquiatría y 7 personas adultas mayores. Dado que una misma víctima puede pertenecer a más de una categoría, estas cifras no son excluyentes, sino acumulativas. Aun así, permiten observar que la vulnerabilidad más extendida es la privación de libertad, seguida de la pertenencia racial afrodescendiente.

El cruce entre vulnerabilidad, género y edad refuerza la existencia de patrones interseccionales. Entre las víctimas afrodescendientes se mantiene una afectación predominante de hombres adultos jóvenes, mientras que cuatro de las seis mujeres registradas en toda la muestra pertenecen precisamente a esta categoría racializada, con edades medias significativamente mayores. En la categoría de personas privadas de libertad, los hombres con edad conocida tienen un promedio de 41.5 años, superior al promedio general, lo que sugiere una incidencia relevante de muertes en custodia entre adultos de mayor edad relativa dentro del conjunto observado, consistente con el peso de la enfermedad crónica, la desnutrición y la desatención médica como mecanismos de muerte en este ámbito. En los casos de servicio militar, por el contrario, se observa un subpatrón de víctimas más jóvenes: entre 18 y 20 años tanto en el evento masivo con edades disponibles como en los casos individuales documentados, lo que refleja una exposición específica de personas muy jóvenes en contextos de reclutamiento obligatorio. Este contraste muestra cómo distintos ámbitos de responsabilidad estatal —penitenciario y militar— producen perfiles de victimización diferenciados tanto en edad como en forma (eventos individuales persistentes frente a episodios colectivos concentrados).

En conjunto, el análisis territorial, contextual e interseccional muestra que las muertes documentadas por Cubalex no responden a contingencias aisladas ni a una distribución azarosa. Por el contrario, presentan regularidades que apuntan a la existencia de entornos de riesgo estructural bajo responsabilidad estatal. La concentración en determinadas provincias y municipios, la centralidad de la muerte bajo custodia y de la negligencia médica, la persistencia de alegaciones de suicidio en contextos de opacidad, la presencia de eventos masivos vinculados al servicio militar y a operativos de persecución migratoria, y la sobrerrepresentación de hombres jóvenes, personas privadas de libertad y personas afrodescendientes, permiten sostener que estas muertes deben ser examinadas como parte de un fenómeno sistemático de privación arbitraria de la vida o de incumplimiento grave del deber estatal de protección. Este enfoque no solo robustece la caracterización jurídica de las muertes potencialmente ilícitas, sino que también aporta una base empírica para comprender cómo operan, en la práctica, los distintos mecanismos de responsabilidad estatal en Cuba.

2.

Consejo de Ministros (2025). Acuerdo 10056/2025 Procedimiento para la atención de personas con conducta deambulante. Gaceta Oficial de la República de Cuba Ordinaria No. 41 de 28 de abril de 2025.

↩
3.

Comité de Derechos Humanos. (2014). Observación general Nº 35: Artículo 9 (Libertad y seguridad personales) (CCPR/C/GC/35). Naciones Unidas, párr. 5.

↩
4.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2017). Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016). Naciones Unidas.

↩
5.

Se entiende por “presunción” una conclusión que el derecho permite asumir como cierta sin necesidad de prueba directa inicial. En este caso, significa que cuando una persona muere bajo custodia del Estado, se parte de la idea de que el Estado es responsable de esa muerte, salvo que demuestre lo contrario mediante una investigación adecuada, independiente y transparente.

↩
6.

Comité de Derechos Humanos. (2014). Observación general núm. 35: Artículo 9 (Libertad y seguridad personales) (CCPR/C/GC/35), párr. 5. Naciones Unidas; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006 (Serie C No. 149); Caso Vélez Loor vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Serie C No. 218); Caso Chinchilla Sandoval y otros vs. Guatemala, sentencia de 29 de febrero de 2016 (Serie C No. 312); Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) (A/RES/70/175), regla 27.

↩
7.

En el sistema de monitoreo de Cubalex, el “evento” constituye la unidad básica de registro, entendida como un hecho factual delimitado en el tiempo y el espacio, descrito de forma neutral y sin calificación jurídica previa. Su definición responde a la unidad del hecho y no al número de personas afectadas, por lo que un mismo evento puede involucrar una o varias víctimas, por ejemplo cuando se trata de un mismo hecho generador, como una explosión, un operativo o un incidente colectivo. Esta lógica permite integrar en un solo registro situaciones complejas —incluyendo múltiples incidentes— y, al mismo tiempo, desagregar posteriormente la información para el análisis estadístico y de patrones.

↩

V. Recomendaciones generales

En atención a los hallazgos del informe, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Garantizar investigaciones independientes, prontas y efectivas sobre toda muerte bajo custodia o control estatal

El Estado debe asegurar que toda muerte ocurrida en contextos de custodia o control efectivo sobre la persona, sea objeto de una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota. Estas investigaciones deben incluir la preservación de la evidencia, la reconstrucción completa de los hechos, la participación efectiva de los familiares y el acceso a peritajes independientes.

2. Crear mecanismos independientes de supervisión de todos los espacios de custodia

Resulta imprescindible establecer mecanismos de monitoreo externo, autónomos y con acceso irrestricto a:

  • establecimientos penitenciarios,
  • unidades policiales y dependencias de la Seguridad del Estado,
  • instituciones sanitarias con régimen de internamiento,
  • unidades militares.

Estos mecanismos deben contar con facultades para inspeccionar, documentar condiciones, recibir denuncias y emitir recomendaciones vinculantes.

3. Garantizar transparencia y acceso a la información en casos de muertes potencialmente ilícitas

El Estado debe asegurar que:

  • las familias reciban información completa, veraz y oportuna,
  • se eliminen prácticas de ocultamiento o restricción informativa,
  • se permita el acceso a expedientes, informes forenses y resultados investigativos.

Asimismo, deben erradicarse las prácticas de atribución prematura de causas de muerte sin verificación independiente.

4. Adoptar medidas efectivas de prevención en contextos de custodia

El Estado debe implementar protocolos claros y públicos orientados a prevenir la muerte bajo custodia, incluyendo:

  • acceso oportuno a atención médica,
  • identificación y seguimiento de personas en situación de riesgo,
  • medidas de prevención del suicidio,
  • condiciones materiales compatibles con la dignidad humana.

Estas medidas deben ser especialmente reforzadas en relación con personas en situación de especial vulnerabilidad.

5. Revisar el uso de la fuerza conforme a estándares internacionales

Es necesario:

  • adoptar una regulación clara, pública y acorde con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego,
  • garantizar que la fuerza letal se utilice únicamente como último recurso y bajo criterios de estricta necesidad y proporcionalidad,
  • investigar de forma independiente todo uso letal de la fuerza por agentes estatales.

6. Reformar el marco normativo y las prácticas del Servicio Militar Obligatorio

El Estado debe:

  • eliminar prácticas que expongan a reclutas a riesgos previsibles sin medidas adecuadas de protección,
  • garantizar condiciones de seguridad, atención médica y apoyo psicosocial,
  • abstenerse de criminalizar conductas asociadas a sufrimiento psíquico, como la autolesión,
  • asegurar mecanismos efectivos de denuncia y supervisión externa dentro de las unidades militares.
  • garantizar el reconocimiento efectivo del derecho a la objeción de conciencia, conforme a estándares internacionales
  • eliminar el carácter obligatorio del servicio militar, en la medida en que su configuración actual genera condiciones de coerción, vulnerabilidad y riesgo incompatibles con la plena garantía del derecho a la vida y la integridad personal.

7. Fortalecer la protección en contextos sanitarios de internamiento

Se deben adoptar medidas específicas para:

  • garantizar el consentimiento informado y limitar el internamiento involuntario a casos estrictamente necesarios,
  • asegurar la supervisión externa de instituciones psiquiátricas,
  • garantizar la comunicación con familiares,
  • prevenir situaciones de violencia, negligencia y abandono en contextos de alta dependencia institucional.

8. Adoptar políticas efectivas de prevención del feminicidio

El Estado debe:

  • establecer mecanismos de respuesta inmediata ante denuncias de violencia de género,
  • implementar medidas de protección eficaces y oportunas,
  • garantizar el seguimiento y control de los agresores en contextos de riesgo,
  • asegurar la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de estos hechos.

9. Incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención

Las medidas estatales deben reconocer y atender las condiciones de vulnerabilidad que incrementan el riesgo de muerte, incluyendo:

  • pertenencia racial,
  • edad,
  • condiciones de salud,
  • situación de privación de libertad o dependencia institucional.

Esto implica diseñar respuestas diferenciadas y específicas para los grupos más expuestos.

10. Combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas

El Estado debe:

  • investigar y sancionar a los responsables de violaciones al derecho a la vida,
  • asegurar la independencia de fiscales, forenses y órganos investigativos,
  • proteger a denunciantes y familiares frente a represalias,
  • garantizar medidas de reparación integral para las víctimas.

11. Crear un sistema público de registro de muertes bajo custodia y muertes potencialmente ilícitas

Se recomienda establecer un registro oficial, accesible y actualizado que incluya:

  • datos desagregados por contexto, territorio y perfil de las víctimas,
  • información sobre las circunstancias de la muerte,
  • estado de las investigaciones y medidas adoptadas.

Este sistema debe permitir el escrutinio público y contribuir a la prevención de futuras violaciones.

En su conjunto, estas recomendaciones buscan revertir los déficits estructurales identificados, fortalecer las garantías del derecho a la vida y asegurar que toda muerte bajo custodia o potencialmente ilícita sea debidamente esclarecida, investigada con rigor y acompañada de justicia y reparación.

Informe del periodo anterior (2022–2024)

Muerte en custodia en Cuba: un análisis de patrones represivos identificados por Cubalex (enero de 2022 – enero de 2024)

Primer informe de Cubalex sobre muertes bajo custodia estatal. Documentó 56 muertes y encontró patrones de negación de atención médica, violencia institucional, desinformación sobre las causas de muerte e impunidad. La serie 2024–2026 actualiza y amplía ese análisis.

Este informe usa un sistema de clasificación distinto al de la serie 2024–2026. Agrupa todos los contextos de custodia en un solo universo, incluye los feminicidios en el total y clasifica las muertes por causa, no por contexto y mecanismo. Por eso, sus cifras no deben sumarse ni compararse directamente con las de la serie actual.

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