Servicio Militar Obligatorio: marco normativo y control estatal (2024–2026)
1. Delimitación del universo
Entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, Cubalex registró 20 eventos y 29 víctimas de muertes ocurridas durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Se trata de un universo que permite identificar patrones consistentes de riesgo, desprotección y opacidad institucional. Este subgrupo presenta una especificidad analítica clara. Las muertes ocurrieron en un contexto en el que el Estado no solo organiza el servicio, sino que ejerce un control intenso sobre la vida cotidiana del recluta: su permanencia en la unidad, sus desplazamientos, su disciplina, el acceso a la atención médica y la información que llega a la familia. Por ello, la causa inmediata de muerte no agota el análisis. También deben examinarse las condiciones previas de supervisión, prevención, cuidado y respuesta posterior.1
Hubo muertes en 15 de los 29 meses del periodo, con un promedio de una víctima al mes. El pico de enero de 2025 corresponde a un solo evento con 9 víctimas
Consultar los datos del gráfico
| Mes | Eventos | Víctimas | Nota |
|---|---|---|---|
| feb. 2024 | 0 | 0 | |
| mar. 2024 | 1 | 1 | |
| abr. 2024 | 2 | 2 | |
| may. 2024 | 0 | 0 | |
| jun. 2024 | 1 | 1 | |
| jul. 2024 | 0 | 0 | |
| ago. 2024 | 1 | 1 | |
| sep. 2024 | 0 | 0 | |
| oct. 2024 | 1 | 1 | |
| nov. 2024 | 0 | 0 | |
| dic. 2024 | 0 | 0 | |
| ene. 2025 | 1 | 9 | Incluye 9 víctimas de un solo evento (explosión de material de guerra) |
| feb. 2025 | 0 | 0 | |
| mar. 2025 | 0 | 0 | |
| abr. 2025 | 0 | 0 | |
| may. 2025 | 2 | 3 | |
| jun. 2025 | 0 | 0 | |
| jul. 2025 | 3 | 3 | |
| ago. 2025 | 2 | 2 | |
| sep. 2025 | 0 | 0 | |
| oct. 2025 | 1 | 1 | |
| nov. 2025 | 0 | 0 | |
| dic. 2025 | 1 | 1 | |
| ene. 2026 | 1 | 1 | |
| feb. 2026 | 1 | 1 | |
| mar. 2026 | 1 | 1 | |
| abr. 2026 | 0 | 0 | |
| may. 2026 | 1 | 1 | |
| jun. 2026 | 0 | 0 |
Cifras mínimas documentadas por Cubalex.
Este universo verificado por Cubalex es acotado y no pretende agotar el fenómeno. La investigación periodística “Morir en uniforme: los hijos que Cuba convirtió en soldados” (elTOQUE, 2026), que documenta 93 casos ocurridos entre 2016 y 2026 a partir de testimonios familiares y fuentes independientes, ofrece una magnitud complementaria del problema: solo entre 2017 y 2021 se registraron 15 muertes, cifra que asciende a 70 entre 2022 y 2025 —es decir, el 82,4 % de los casos de ese período se concentra en los últimos cuatro años—, con un salto de 5 a 19 casos entre 2021 y 2022 (+280 %). Esta tendencia, aunque procede de una metodología y un universo distintos a los de este informe, resulta consistente con el patrón de riesgo creciente que Cubalex documenta para el período 2024–2026 y refuerza la necesidad no sólo de un registro oficial y público de estas muertes, sino también de la mirada y escrutinio de la sociedad civil y la comunidad internacional.2
2. El Servicio Militar Obligatorio como contexto de control estatal reforzado
El Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba es analizado en este informe como un contexto no penitenciario de privación de libertad, en la medida en que los jóvenes reclutas, una vez incorporados a unidades militares, quedan sometidos a un régimen de control estatal que restringe de manera significativa su libertad personal y autonomía. Aunque formalmente no se trata de una sanción penal ni de una detención judicial, las condiciones en que se desarrolla el servicio configuran una relación de sujeción especial en la que el Estado ejerce control efectivo sobre la vida, integridad y movilidad de los reclutas, quienes no pueden abandonar voluntariamente el servicio y dependen completamente de las autoridades militares para su subsistencia, seguridad y atención médica.
Este análisis se sustenta en los estándares establecidos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Observación General No. 35 sobre el derecho a la libertad y seguridad personal.3 En particular, el Comité reconoce que determinadas restricciones propias del servicio militar no constituyen privación de libertad si se mantienen dentro de las exigencias normales de la vida castrense; sin embargo, cuando dichas restricciones exceden ese marco —ya sea por condiciones abusivas, falta de atención médica, riesgos indebidos o ausencia de recursos efectivos— pueden configurarse como una forma de privación de libertad en los términos del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.4
A partir de la documentación de casos y testimonios recopilados por Cubalex, se observa que el SMO en Cuba presenta elementos que exceden las exigencias normales del servicio militar, incluyendo la exposición de reclutas a labores peligrosas sin preparación adecuada, la falta de medidas de seguridad, la desatención médica y la existencia de un entorno de abuso físico y psicológico. Estos factores, lejos de responder a necesidades legítimas de adiestramiento militar, evidencian condiciones que incrementan el riesgo de muerte y que comprometen la responsabilidad del Estado en su deber de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su control. Casos documentados, como la exposición de jóvenes a incendios sin equipamiento adecuado o su participación en actividades laborales de alto riesgo, ilustran un patrón de prácticas estatales que colocan a los reclutas en situaciones de vulnerabilidad extrema.5
En este contexto, Cubalex considera que las muertes ocurridas durante el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio deben ser tratadas como muertes en custodia estatal, en tanto los reclutas se encuentran bajo control directo del Estado y en una situación de dependencia total respecto a las autoridades. En consecuencia, dichas muertes deben analizarse bajo los estándares aplicables a contextos de custodia, lo que implica la existencia de una presunción reforzada de responsabilidad estatal y la obligación de realizar investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes para determinar las causas y posibles responsables. Este enfoque permite visibilizar que, aun fuera del sistema penitenciario, el Estado puede generar condiciones de privación de libertad que activan obligaciones reforzadas de protección del derecho a la vida.
En este marco, resulta particularmente relevante que el carácter obligatorio del servicio para los varones haya sido desdibujado por el propio Estado en escenarios internacionales. Durante el examen de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño en mayo de 2022, una funcionaria estatal presentó el servicio militar como una incorporación voluntaria. Sin embargo, el marco normativo interno establece lo contrario: la Ley No. 75 de la Defensa Nacional consagra el servicio militar como deber y obligación para los ciudadanos cubanos del sexo masculino; y el Decreto-Ley No. 224 del Servicio Militar regula esa obligación y dispone el reclutamiento de varones desde el año en que cumplen 17 años hasta el año en que arriban a los 28. La referencia a la voluntariedad sólo tiene cabida en supuestos específicos, como el previsto en el Decreto-Ley No. 224 para el servicio militar voluntario femenino. En este subgrupo, esa contradicción normativa importa porque confirma que las muertes analizadas ocurrieron en un régimen de sujeción impuesto por ley, no en una actividad libremente asumida.6
El Dictamen No. 459/2019 introduce un enfoque punitivo frente a la autolesión en el contexto del servicio militar, al considerar que estas conductas pueden constituir un delito cuando tienen como finalidad evadir obligaciones.7 Sin embargo, este enfoque resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, que reconocen la autolesión y el suicidio como posibles manifestaciones de sufrimiento psíquico, especialmente en contextos de control estatal. La determinación de la intencionalidad en estos casos no puede presumirse, sino que requiere una evaluación especializada en salud mental que permita identificar si la conducta responde a un trastorno, a condiciones de presión o a situaciones de abuso.
La evidencia documentada por Cubalex muestra un incremento de casos de autolesiones y suicidios entre reclutas, asociados a entornos de violencia, negligencia y falta de atención psicológica adecuada. En este contexto, la respuesta estatal no debería centrarse en la sanción penal, sino en la prevención, la atención médica y la adopción de medidas de protección. La criminalización de estas conductas no solo invisibiliza las causas estructurales que las generan, sino que también agrava la vulnerabilidad de los reclutas, al desincentivar la búsqueda de ayuda y reforzar un entorno de coerción incompatible con las obligaciones del Estado en materia de protección del derecho a la vida y la integridad personal.
Esta criminalización del incumplimiento del Servicio Militar no es un rasgo reciente del ordenamiento cubano. Desde 1991, el Decreto No. 164 del Consejo de Ministros tipificó las “Contravenciones concernientes al Servicio Militar General” —vigente hasta su derogación en 2024—, y desde 1987 el artículo 171 del Código Penal (Ley No. 62) sancionaba la “violación de los deberes inherentes al servicio militar general” con privación de libertad, régimen que se mantuvo vigente hasta la reforma del Código Penal de 2022. Esta criminalización se extendió incluso a la objeción de conciencia por motivos religiosos. El marco normativo descrito a continuación —el Código Penal Militar de 2023 y el Código Penal de 2022— debe leerse, entonces, como la fase más reciente de un régimen punitivo con más de tres décadas de continuidad.8
El Código Penal Militar cubano, aprobado mediante la Ley No. 163 de 2023, establece un conjunto de disposiciones que regulan de manera expresa las conductas consideradas delictivas en el ámbito del cumplimiento del servicio militar, configurando un marco normativo altamente punitivo orientado a garantizar la disciplina, la subordinación y la continuidad del servicio.9 En este sentido, el propio Código define el delito militar como toda acción u omisión que afecte directamente el orden de cumplimiento del servicio militar, lo que evidencia que el bien jurídico central protegido no es la persona, sino la funcionalidad del sistema militar. Dentro de este marco, se tipifican como delitos diversas conductas vinculadas al incumplimiento o evasión del servicio militar. Entre ellas, la deserción se configura cuando una persona abandona la unidad o deja de presentarse con la intención de evadir definitivamente sus obligaciones, siendo sancionada con penas de privación de libertad de dos a cinco años. Asimismo, la ausencia sin permiso penaliza la simple inasistencia o abandono temporal del servicio sin autorización, incluso cuando no exista una intención definitiva de evadirlo, lo que demuestra un bajo umbral de tolerancia frente a cualquier forma de incumplimiento.10
Particularmente relevante para el análisis de derechos humanos es la tipificación de la evasión de las obligaciones del servicio militar, que incluye conductas como la autolesión, la simulación de enfermedad o la falsificación de documentos médicos con el fin de evitar el servicio. Este delito, sancionado con privación de libertad, revela un enfoque que criminaliza conductas que, en muchos casos, pueden estar asociadas a situaciones de sufrimiento físico o psicológico, sin contemplar la necesidad de una evaluación médica o psicológica independiente. De igual forma, se prevén disposiciones similares para combatientes, ampliando el alcance de esta criminalización dentro del sistema de seguridad del Estado.
A estos delitos se suman otras figuras que refuerzan la obediencia estricta y la subordinación jerárquica, como la insubordinación, la desobediencia y la prohibición de reclamaciones colectivas, que sancionan tanto la negativa a cumplir órdenes como la expresión conjunta de demandas dentro del ámbito militar . Estas disposiciones consolidan un entorno normativo en el que el margen de autonomía individual es extremadamente limitado y cualquier forma de cuestionamiento o resistencia puede ser objeto de sanción penal.11
Este régimen penal evidencia que el servicio militar en Cuba no solo está estructurado como una obligación legal, sino también como un sistema coercitivo respaldado por sanciones penales que abarcan un amplio espectro de conductas. La criminalización de la evasión, incluyendo prácticas como la autolesión, así como la penalización de la desobediencia y la protesta, configuran un entorno en el que el incumplimiento del servicio se aborda prioritariamente desde una lógica punitiva, en detrimento de enfoques orientados a la protección de la integridad física y mental de los reclutas. Este marco resulta especialmente relevante para el análisis de las muertes potencialmente ilícitas en el contexto del servicio militar, en tanto contribuye a explicar las condiciones estructurales de coerción, vulnerabilidad y riesgo en las que estas ocurren.
El Código Penal cubano (Ley No. 151/2022) mantiene la criminalización del incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el servicio militar, aunque no lo tipifica como un delito autónomo bajo esa denominación.12 En su lugar, el artículo 214 regula la “violación de los deberes inherentes al servicio militar” e incorpora conductas que, en la práctica, sancionan la evasión o el incumplimiento del servicio. Esta disposición penaliza tanto a terceros que faciliten o no garanticen el cumplimiento de estas obligaciones, como a las propias personas obligadas al servicio que incumplan los trámites de incorporación o realicen actos dirigidos a eludirlo. Asimismo, establece una forma agravada cuando se emplean medios engañosos para evitar el cumplimiento de dichas obligaciones. Por su parte, el artículo 215 sanciona a los reservistas que no acudan al llamado de incorporación en contextos excepcionales vinculados a la defensa y la seguridad nacional.
Este marco normativo evidencia que el ordenamiento jurídico cubano mantiene un sistema de criminalización del incumplimiento del servicio militar desde la fase previa a la incorporación, es decir, antes de que la persona sea formalmente integrada a una unidad militar. A diferencia del Código Penal Militar, que regula las conductas de quienes ya se encuentran en servicio activo, el Código Penal ordinario extiende la respuesta punitiva al ámbito civil, sancionando conductas vinculadas al proceso de reclutamiento y movilización. En conjunto, ambas normativas configuran un modelo dual de control, en el que el incumplimiento del servicio militar puede dar lugar a responsabilidad penal tanto en la jurisdicción ordinaria como en la militar.
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta regulación plantea preocupaciones relevantes. En particular, no se contempla de manera expresa el derecho a la objeción de conciencia, y se sancionan conductas que pueden estar vinculadas a motivos personales, de salud o de integridad física y psicológica. La amplitud de las conductas tipificadas, que incluyen desde el incumplimiento de trámites administrativos hasta actos dirigidos a evitar la incorporación, refuerza un enfoque punitivo que prioriza la defensa del sistema de servicio militar por encima de la protección de los derechos individuales.
Bajo la normativa vigente del Código Penal cubano (Ley No. 151/2022), los padres u otros familiares podrían ser objeto de responsabilidad penal si su conducta se interpreta como una forma de obstaculización o facilitación de la evasión del servicio militar. El artículo 214, al tipificar la “violación de los deberes inherentes al servicio militar”, no solo sanciona a quienes incumplen directamente las obligaciones de incorporación, sino también a aquellas personas que impidan, obstaculicen o ayuden a evadir dicho cumplimiento. En este sentido, aunque los familiares no son sujetos obligados directos del servicio militar, podrían ser procesados penalmente si las autoridades consideran que su oposición trasciende el ámbito de la opinión o la negativa personal y se traduce en actos concretos de interferencia, como impedir la incorporación, ocultar al recluta o facilitar mecanismos para evitar el cumplimiento de la obligación. Esta regulación amplía el alcance de la responsabilidad penal más allá del individuo obligado, generando un efecto disuasorio que impacta también en el entorno familiar.
3. Conclusiones
El marco normativo descrito en este informe muestra que el Servicio Militar Obligatorio en Cuba opera como un régimen de sujeción impuesto por ley, sostenido durante más de tres décadas mediante sucesivas figuras penales —desde el Decreto No. 164 de 1991 hasta el Código Penal Militar de 2023 y el Código Penal de 2022— que criminalizan tanto el incumplimiento del servicio como las conductas asociadas al sufrimiento psíquico, como la autolesión. Este régimen coercitivo, combinado con el control estatal efectivo sobre la vida, integridad y movilidad de los reclutas, configura las condiciones estructurales bajo las cuales deben examinarse las muertes ocurridas durante el cumplimiento del Servicio Militar.
Los patrones de letalidad, el perfil de las víctimas y las implicaciones analíticas de este control estatal se desarrollan en el informe «Muertes de reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio: patrones de letalidad y perfil de las víctimas (2024–2026)».
Notas y referencias
Fuentes consultadas para los casos de muerte documentados por Cubalex: Nio reportando un crimen. (2026, 20 de enero). Último minuto | Joven del Servicio Militar aparece muerto en carretera de Holguín [Publicación de Facebook]. Facebook. Mayeta Labrada, Y. (2025, 21 de diciembre). Silencio oficial, honores apresurados y una vida truncada: nuevas revelaciones sobre la muerte del joven de la frontera [Publicación de Facebook]. Facebook. Nio reportando un crimen. (2025, 18 de octubre). Noticia de último minuto | Joven que pasaba el servicio militar pierde la vida en extrañas circunstancias [Publicación de Facebook]. Facebook. Cubanet. (2025, 23 de agosto). Muere recluta del Servicio Militar Obligatorio: dos víctimas en menos de una semana. Cubanet. Huerga, Y. (2025, 22 de agosto). “Él no quería entrar en el Servicio”, recluta de 18 años se quita la vida en unidad militar en Cuba. Martí Noticias. Cubanet. (2025, 20 de agosto). Muere joven cubano durante el Servicio Militar Obligatorio. Cubanet. A., R. (2025, 24 de julio). Ocurre otra muerte en el Servicio Militar en Cuba aunque presuntamente accidental. Cuballama Noticias. González, A. (2025, 21 de agosto). Este adolescente perdió la vida en el accidente de la 8 vías donde fallecieron 3 jóvenes que estaban pasando el Servicio Militar Obligatorio… [Publicación de Facebook]. Facebook. Reporte Cuba Ya. (2025, 19 de julio). Tragedia en el Servicio Militar: joven de La Salud, Quivicán, fallece tras ser ignorado por oficiales en El Lombillo [Publicación de Facebook]. Facebook. 14ymedio. (2025, 27 de mayo). Dos reclutas muertos tras el impacto de una guagua contra una garita en Mariel. 14ymedio. Díaz-Canel Bermúdez, M. (2025, 15 de enero). Duele hondo confirmar el fallecimiento de oficiales, suboficiales y soldados que enfrentaron heroicamente el accidente en una obra que almacenaba material de guerra de la región militar de Holguín… [Publicación en X]. X. Redacción ClickCuba. (2024, 2 de noviembre). Joven Nesky Gabriel Escalona Ortiz, desaparecido desde el sábado, aparece sin vida. ClickCuba. Huerga, Y. (2024, 9 de agosto). Muerte de recluta en Baracoa reaviva el debate sobre la obligatoriedad del Servicio Militar. Martí Noticias. Servicio Especial. (2024, 12 de junio). Nota de Prensa. CMHW. González, A. (2024, 24 de mayo). Otra víctima más del servicio militar en Cuba. Este niño Alberto Mejías de Camagüey supuestamente se quitó la vida… [Publicación de Facebook]. Facebook. Broek, I. L. (2024, 24 de abril). Accidente en el Servicio Militar Obligatorio cobra la vida de otro joven cubano [Publicación de Facebook]. Facebook. Redacción de CiberCuba. (2024, 18 de marzo). Muere otro joven cubano en el servicio militar. CiberCuba.
↩Cfr. elTOQUE. (2026, 28 de septiembre). Morir en uniforme: los hijos que Cuba convirtió en soldados.
↩Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2014) Observación general Nº 35 Artículo 9 (Libertad y seguridad personales), párr. 5
↩Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI)). (1966, 16 de diciembre). Asamblea General de las Naciones Unidas.
↩Consúltense ejemplos de casos de muerte durante el SMO por exposición de jóvenes a incendios sin equipamiento adecuado y por su participación en actividades laborales de alto riesgo: Agencia EFE / swissinfo.ch. (2022, 5 de octubre). Jóvenes con escasa experiencia como bomberos murieron en incendio de Matanzas. Diario de Cuba. (2022, 12 de agosto). Sacrificaron a nuestros hijos: familia de uno de los desaparecidos en Matanzas cuestiona el empleo de reclutas del Servicio Militar. Martí Noticias. (2023, 16 de abril). Muere recluta de Servicio Militar en accidente de central de Aguada de Pasajeros. Martí Noticias. (2026, 20 de julio). El costo del Servicio Militar en Cuba: la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos, revela OCAC.
↩Consultar: Cuba. (1994, 21 de diciembre). Ley No. 75 de la Defensa Nacional (arts. 67 y 71). Anexo al segundo informe periódico de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas. Cuba. (2001, 15 de octubre). Decreto-Ley No. 224 del Servicio Militar (arts. 1, 5 y 44). Gaceta Oficial Ordinaria No. 75 de 2001. Diario de Cuba. (2022, 12 de mayo). El régimen se defiende mintiendo en la ONU: afirma que el Servicio Militar es voluntario en Cuba. Diario de Cuba. elTOQUE Jurídico. (2022, 13 de mayo). El servicio militar obligatorio y las manipulaciones de la diplomacia cubana. elTOQUE. Viera Cañive, E. (2022, 14 de mayo). El servicio militar en Cuba, ¿obligatorio o voluntario?. elTOQUE.
↩Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. (2019). Dictamen No. 459/2019. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 28 Extraordinaria, 11 de diciembre de 2019.
↩Consejo de Ministros. (1991, 13 de junio). Decreto No. 164 “Contravenciones concernientes al Servicio Militar General”. Gaceta Oficial de la República, Especial No. 1 de 1991; fecha y vigencia confirmadas en la Disposición Final Segunda del Decreto 103/2024, Gaceta Oficial No. 96 Ordinaria, 9 de octubre de 2024, p. 1606. Asamblea Nacional del Poder Popular. (1987, 29 de diciembre). Ley No. 62 “Código Penal”, art. 171.1-171.3. Gaceta Oficial Especial No. 3, 30 de diciembre de 1989 (versión actualizada a 2020). La extensión de este régimen a la objeción de conciencia religiosa está regulada en la Circular No. 129 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, referida en el Dictamen Nº 40/2012 del Centro de Información Legal Cubalex (archivo interno). Este dictamen, fechado el 6 de julio de 2012, responde a la consulta de un padre de familia sobre la posibilidad de que su hijo, en edad de reclutamiento, se negara a cumplir el Servicio Militar por motivos religiosos y pacifistas; concluye que no existe tal exención y cita expresamente la Circular 129 para fundamentar que la negativa por motivos religiosos constituye el delito previsto en el artículo 171.2 del Código Penal otrora vigente, recomendando aplicar preferentemente la sanción de Trabajo Correccional con Internamiento.
↩Asamblea Nacional del Poder Popular. (2023). Ley No. 163/2023: Código Penal Militar. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 113 Ordinaria, 20 de noviembre de 2023.
↩Asamblea Nacional del Poder Popular. (2023). Ley No. 163/2023: Código Penal Militar. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 113 Ordinaria, 20 de noviembre de 2023.
↩Asamblea Nacional del Poder Popular. (2023). Ley No. 163/2023: Código Penal Militar. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 113 Ordinaria, 20 de noviembre de 2023. Véanse, en particular: artículo 44 (Deserción) y artículos 45–46 (Ausencia sin permiso), Libro II, Título II, Capítulo III, Secciones Primera y Segunda; artículo 47 (Evasión de las obligaciones del servicio militar — autolesión, simulación de enfermedad, falsificación de documento médico), Título II, Capítulo III, Sección Tercera; artículos 48–49 (disposiciones equivalentes para combatientes), Título II, Capítulo IV; y artículos 32 (Insubordinación), 33 (Desobediencia) y 34 (Reclamación colectiva), Libro II, Título I, Capítulo I, Secciones Quinta, Sexta y Séptima.
↩Cuba. (2022). Código Penal (Ley No. 151/2022). Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No. 93, 1 de septiembre de 2022.
↩



