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Parte de la serie Muertes bajo custodia · 2024–2026

Feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal

Ilustración editorial de una persona con la mano levantada ante la cámara.

Feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal como forma de muerte potencialmente ilícita

El monitoreo de contexto realizado por Cubalex entre enero de 2023 y marzo de 2026, basado en el registro y análisis sistemático de hechos de violencia e inseguridad ciudadana con afectaciones a la vida e integridad personal, documentó al menos 194 feminicidios verificados en Cuba, contrastados con los registros independientes del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). El análisis evidencia que el feminicidio en Cuba no constituye una sucesión aislada de hechos privados, sino un fenómeno persistente y territorialmente extendido, con registros reiterados en provincias como La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Matanzas, Camagüey, Mayabeque y Pinar del Río. La revisión de los casos permite identificar, además, que la forma predominante de agresión letal está vinculada a parejas o exparejas, lo que confirma el peso de la violencia de género en el ámbito íntimo, aunque también se documentan feminicidios familiares, sociales, transfeminicidios y asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres mayores. Este panorama revela una violencia letal sostenida, con víctimas en condiciones de especial vulnerabilidad por edad, discapacidad, maternidad, aislamiento o discriminación, y muestra que el riesgo no se limita al espacio doméstico, sino que se proyecta también a la vía pública, centros de trabajo, centros de salud e incluso entornos donde debía existir protección institucional.1.

Dentro de ese universo de casos, el monitoreo permite distinguir un subconjunto especialmente relevante para el análisis de las muertes potencialmente ilícitas: aquellos feminicidios precedidos por denuncias, amenazas conocidas, pedidos de ayuda o intervención estatal insuficiente, así como aquellos cometidos por agresores que se encontraban bajo supervisión o control del Estado. Casos como los de Nancy Peña, Yunisleivi Fernández, Mileidis Díaz, Yenifer Vargas Gómez y Dagnis Hernández Milanés muestran un mismo patrón: las autoridades conocían o debían conocer el riesgo letal y, aun así, no adoptaron medidas eficaces de protección. A ello se suman hechos en los que el agresor estaba de pase penitenciario, en libertad condicional, recién salido de prisión o incluso en espacios bajo resguardo estatal, como ocurrió con la adolescente Leydi Bacallao, asesinada dentro de una estación policial cuando buscaba refugio. En conjunto, estos datos permiten sostener que una parte de los feminicidios documentados debe ser analizada no solo como violencia interpersonal, sino como muertes potencialmente ilícitas en las que la omisión estatal, la negligencia institucional o la falta de control efectivo contribuyeron de manera decisiva al resultado letal.2

El feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal constituye una categoría específica dentro de las muertes potencialmente ilícitas, en la que la responsabilidad del Estado se configura no necesariamente por la acción directa de sus agentes, sino por su omisión frente a riesgos previsibles y conocidos. Este enfoque se fundamenta en el contenido ampliado del derecho a la vida, que no se limita a prohibir la privación arbitraria de la vida, sino que impone a los Estados obligaciones positivas de prevención, protección e investigación.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la vida comprende no solo la prohibición de acciones que causen la muerte, sino también la obligación estatal de evitar “situaciones de peligro razonablemente previsibles” que puedan derivar en la pérdida de la vida . Esta interpretación es clave para analizar los feminicidios en contextos de violencia previa, donde las autoridades tenían conocimiento —o debían tenerlo— del riesgo que enfrentaba la víctima. En estos casos, la omisión estatal frente a señales de alerta, denuncias o patrones de violencia constituye una forma de incumplimiento del deber de diligencia debida.3

El deber reforzado de protección se activa particularmente cuando las personas se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad o bajo el control directo o indirecto del Estado. Si bien este estándar ha sido ampliamente desarrollado en contextos de privación de libertad, sus principios son extensibles a situaciones de violencia de género. El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales ha señalado que muchas muertes en contextos de control estatal son “en gran medida evitables” y derivan del incumplimiento del deber de proteger la vida . Esta lógica es trasladable al feminicidio cuando el Estado, pese a contar con información suficiente sobre el riesgo, no adopta medidas preventivas adecuadas.4

Asimismo, los estándares internacionales sobre prevención de ejecuciones arbitrarias establecen que los Estados deben garantizar “protección efectiva” a las personas en riesgo, incluyendo aquellas que reciben amenazas de muerte . En el caso de las mujeres víctimas de violencia, esta obligación implica adoptar medidas concretas como órdenes de protección, mecanismos de respuesta inmediata, investigación de denuncias y eliminación de barreras institucionales. La falta de estas acciones no es neutral: refleja patrones de negligencia, tolerancia institucional o discriminación estructural.

En este sentido, el feminicidio en estos contextos no puede ser analizado como un hecho aislado o como un delito común. Se trata de una manifestación de violencia estructural en la que confluyen factores de género, impunidad y fallas institucionales. La inacción estatal frente a riesgos conocidos evidencia no solo deficiencias operativas, sino también la persistencia de estereotipos y prácticas discriminatorias que desvalorizan la vida de las mujeres y normalizan la violencia en su contra.

El Protocolo de Minnesota refuerza esta interpretación al establecer que toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas o potencialmente ilícitas debe ser investigada bajo el principio de debida diligencia, considerando no solo las causas inmediatas, sino también los “patrones o prácticas” que pudieron haber contribuido a la muerte.5 Aplicado al feminicidio, esto implica analizar el contexto previo de violencia, la respuesta institucional y la existencia de fallas sistemáticas en la protección.

Los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respaldan de manera consistente el argumento central de este informe: determinados feminicidios ocurridos en Cuba deben ser analizados como muertes potencialmente ilícitas cuando el Estado incumple su deber reforzado de prevención, protección e investigación frente a riesgos conocidos o previsibles. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los estándares derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención de Belém do Pará, han establecido que la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida no se limita a abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a una persona, sino que comprende deberes positivos de prevención y protección frente a amenazas provenientes de particulares.6

En esta línea, la Corte IDH ha sostenido que los Estados tienen una “obligación reforzada” en contextos de violencia y discriminación estructural contra las mujeres, lo que implica actuar con debida diligencia estricta frente a denuncias, amenazas, desapariciones y antecedentes de violencia de género. El caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México constituye un precedente central, al establecer que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional no solo por acciones directas de sus agentes, sino también por omisiones frente a riesgos reales e inmediatos que eran conocidos o previsibles. La Corte precisó además que, en contextos de violencia contra las mujeres, la obligación de investigar adquiere alcances adicionales y exige respuestas inmediatas, exhaustivas, serias e imparciales.7

Los estándares interamericanos también reconocen que la impunidad y la falta de respuesta institucional favorecen la repetición de la violencia. La Corte IDH ha advertido que la tolerancia estatal frente a la violencia contra las mujeres transmite el mensaje de que estos actos son socialmente aceptables, reforzando patrones estructurales de discriminación y desprotección. En el mismo sentido, la CIDH ha señalado que las fallas en la investigación y sanción de la violencia de género obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan contextos de inseguridad para las mujeres.8

Estos estándares son particularmente relevantes para los casos documentados en este informe, en los que existían denuncias previas, amenazas conocidas, antecedentes de violencia o contextos de control estatal sobre el agresor o el espacio donde ocurrieron los hechos. La doctrina interamericana sostiene que, cuando las autoridades tenían conocimiento —o debían tenerlo— de un riesgo letal y no adoptaron medidas eficaces de protección, la muerte no puede ser entendida únicamente como un acto privado de violencia interpersonal. En tales circunstancias, la omisión estatal puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de su deber de debida diligencia.

Asimismo, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, respaldado por organismos interamericanos y Naciones Unidas, establece que los feminicidios deben investigarse considerando los patrones estructurales de discriminación y violencia de género, así como las posibles omisiones institucionales previas.9 En consecuencia, los estándares del Sistema Interamericano refuerzan la conclusión de este informe: los feminicidios ocurridos en contextos de riesgo conocido, desprotección institucional o control estatal deben ser examinados como posibles muertes potencialmente ilícitas atribuibles al Estado por omisión, negligencia o falta de debida diligencia reforzada. Este enfoque permite visibilizar que la responsabilidad estatal no se limita a los actos directos de sus agentes, sino que también se configura cuando el Estado incumple su obligación de prevenir la violencia letal frente a riesgos previsibles, especialmente en contextos marcados por discriminación estructural y desigualdad de género.

Escenarios de riesgo conocido y control efectivo

El análisis de los feminicidios documentados permite identificar un conjunto de casos que deben ser calificados como muertes potencialmente ilícitas en contextos de deber reforzado de protección estatal. Esta categoría se configura cuando el Estado no cumple con su obligación de prevenir la privación arbitraria de la vida en situaciones en las que tenía una capacidad especial de actuación, ya sea por conocimiento previo del riesgo o por ejercer control efectivo sobre el espacio o sobre las personas involucradas.

En este sentido, es posible distinguir dos escenarios principales que activan este deber reforzado, los cuales, aunque diferenciables analíticamente, responden a una misma lógica jurídica: la existencia de condiciones que hacen previsible el resultado letal y que colocan al Estado en una posición de garante.

El primer escenario se refiere a los casos en los que existe un riesgo previamente conocido por las autoridades. Este conocimiento puede derivarse de denuncias formales, llamadas de emergencia, alertas públicas o antecedentes de violencia. En estos supuestos, el Estado no solo tiene la obligación de recibir la denuncia, sino de adoptar medidas inmediatas y eficaces para proteger a la víctima. Sin embargo, los casos analizados evidencian un patrón reiterado de inacción o respuesta insuficiente. Mujeres que acudieron a la policía o a la fiscalía en busca de protección fueron posteriormente asesinadas por sus agresores, sin que se hubieran implementado medidas preventivas adecuadas. Este patrón revela una falla en la debida diligencia, en tanto las autoridades conocían —o debían conocer— el riesgo real e inmediato contra la vida de las víctimas y no actuaron de manera proporcional a dicho riesgo.

El segundo escenario comprende aquellos casos en los que el feminicidio ocurre en contextos donde el Estado ejerce control efectivo sobre el espacio o sobre el agresor. Esto incluye situaciones en las que los hechos tienen lugar en instalaciones estatales, como estaciones de policía, o cuando el agresor se encuentra bajo algún tipo de supervisión estatal, como en regímenes penitenciarios abiertos o cerrados. En estos contextos, la obligación estatal se intensifica, ya que el Estado no solo tiene la capacidad jurídica, sino también material, de prevenir el daño. La ocurrencia de feminicidios en estos espacios pone de manifiesto fallas graves en los mecanismos de control, supervisión y protección, que permiten la materialización de actos letales que eran evitables.

Un elemento particularmente relevante es que ambos escenarios pueden concurrir en determinados casos, lo que incrementa el nivel de exigencia sobre el Estado. Cuando una víctima ha denunciado previamente la situación de riesgo y, además, el hecho ocurre en un contexto bajo control estatal o involucra a un agresor sujeto a supervisión institucional, el deber de protección alcanza su máxima intensidad. En estos supuestos, la omisión estatal no puede ser interpretada como una simple deficiencia operativa, sino como una falla estructural en el sistema de protección, que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

Conclusiones

Entre enero de 2023 y marzo de 2026, Cubalex documentó al menos 194 feminicidios en Cuba, un fenómeno persistente y territorialmente extendido —presente en al menos ocho provincias— que no se limita al ámbito doméstico y que afecta de manera desproporcionada a mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad por edad, discapacidad, maternidad o aislamiento. Dentro de ese universo, un subconjunto de casos —precedidos por denuncias, amenazas conocidas o cometidos por agresores bajo algún grado de supervisión estatal— exige una calificación jurídica distinta. En consecuencia, el feminicidio en estos contextos debe ser entendido no solo como un acto de violencia interpersonal, sino como el resultado de la interacción entre dicha violencia y la ineficacia o inacción de las instituciones estatales. Este enfoque permite evidenciar que la responsabilidad del Estado no se limita a los actos directamente ejecutados por sus agentes, sino que también se configura cuando, pese a contar con información suficiente o con control efectivo sobre la situación, no adopta las medidas necesarias para prevenir la muerte. De este modo, estos casos constituyen manifestaciones claras de muertes potencialmente ilícitas atribuibles al Estado por incumplimiento de su deber reforzado de protección, en un contexto marcado por patrones de negligencia institucional y discriminación estructural contra las mujeres.

Notas y referencias

1.

Las cifras utilizadas provienen del monitoreo y registro de Cubalex, contrastado y verificado con los informes anuales del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). (2024). Feminicidios en Cuba: Informe anual 2023. Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). (2025). Informe anual de OGAT sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas cubanas. Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). (2025). Infografía: Cuba 2025: 48 feminicidios verificados y 37 desapariciones registradas.

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2.

Mayeta Labrada, Y. (2024, agosto 13). APUÑALAN A MENOR DE EDAD EN SANTIAGO DE CUBA [Publicación de Facebook]. Facebook. Yo Sí Te Creo en Cuba. (2024, octubre 16). Lamentamos 1 nuevo feminicidio en Cuba: Dagnis Alida Hernández Milanés [Publicación de Facebook]. Facebook. Pacheco, I. (2025, agosto 9). “Que se trancaran y, si volvía, que llamaran”, esto dijo la policía poco antes de un feminicidio en Holguín. Martí Noticias. CubaNet. (2024, octubre 16). Nuevo feminicidio en Santiago de Cuba: Muere mujer tras ataque de su expareja. Núñez, Y. (2024, noviembre 18). Cuando la policía no protege: feminicidios y negligencia en Cuba. Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

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3.

Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos. (2019). Observación general núm. 36 (2018), relativa al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el derecho a la vida (CCPR/C/GC/36). Naciones Unidas.

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5.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2017). Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016). Naciones Unidas.

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6.

Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). (s.f.). Jurisprudencia y doctrina sobre debida diligencia reforzada en la investigación de crímenes de género. Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procuración General de la Nación, República Argentina.

↩
8.

Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). (s.f.). Jurisprudencia y doctrina sobre debida diligencia reforzada en la investigación de crímenes de género. Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procuración General de la Nación, República Argentina.

↩
9.

ONU Mujeres. (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

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