El Estado de Guerra No Declarado

Evaluación Jurídica y de Seguridad Nacional

(Primer Cuatrimestre de 2026)

La estabilidad institucional y el ordenamiento constitucional de la República de Cuba han experimentado una mutación estructural durante el primer cuatrimestre de 2026, alcanzando un punto de inflexión crítico en el mes de abril. A través de un análisis detallado de la arquitectura de poder, se observa cómo el Estado cubano ha consolidado un modelo de gobernanza basado en la excepcionalidad de facto, donde las estructuras militares y los órganos de dirección de la defensa han asumido facultades que trascienden de manera sistemática el marco ordinario de la administración civil. Este fenómeno no es una respuesta reactiva a una amenaza externa verificable, sino una estrategia deliberada de supervivencia institucional ante el colapso de los servicios básicos, la crisis energética y un incremento sin precedentes del descontento social, que alcanzó niveles históricos durante el periodo analizado.¹

Marco normativo internacional aplicable

El marco internacional sobre estados de excepción exige que toda restricción extraordinaria de derechos se someta a límites estrictos. El artículo 4 del PIDCP, la Observación General No. 29 y los Principios de Siracusa establecen que sólo procede ante una emergencia pública real que amenace la vida de la nación. Las medidas deben ser legales, necesarias, proporcionales, temporales, no discriminatorias y formalmente proclamadas. La declaración oficial garantiza transparencia, control ciudadano e internacional. Sin ella, las restricciones operan como excepcionalidad de facto. En Cuba, usar estructuras defensivas para crisis civiles o protestas contradice estos estándares y refuerza el control político interno.

La evolución de la militarización en Cuba durante el inicio de 2026 muestra una transición clara de una fase organizativa en febrero hacia una fase de implementación operativa y consolidación en marzo y abril. Este proceso tiene su origen normativo en la sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Nacional (CDN) del 7 de enero de 2026, donde se aprobaron los planes para el “paso al estado de guerra” fundamentados en la doctrina estratégica de la “Guerra de todo el Pueblo”. Sin embargo, la aplicación de estos planes ha trascendido la defensa del territorio ante una agresión externa, integrándose en la gestión cotidiana de la crisis social y el control del descontento interno.²

Evolución cuantitativa y cualitativa de los eventos

El volumen de eventos relevantes documentados muestra un crecimiento exponencial. Mientras que febrero se caracterizó por la emisión de medidas administrativas y ejercicios preventivos, marzo registró un aumento del 240% en la frecuencia de incidentes, coincidiendo con el estallido de protestas masivas en localidades como Morón y Santiago de Cuba. Abril consolidó esta tendencia, centrando la actividad estatal en la campaña de legitimación ideológica “Mi Firma por la Patria” y en la neutralización de los liderazgos de la sociedad civil independiente mediante tácticas de hostigamiento y coacción psicológica.³

La arquitectura de mando: El Consejo de Defensa Nacional (CDN)

El CDN ha funcionado como el motor de la excepcionalidad jurídica en el país. Aunque la Constitución de 209 establece cauces formales para la declaración de estados de excepción en sus artículos 222 al 226, el gobierno ha optado por una activación de facto de sus estructuras de mando sin una proclamación oficial. Esta ambigüedad permite al CDN, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ejercer una dirección centralizada sobre el orden interior, la economía y la vida social, desplazando la autoridad de los órganos de administración civil ordinaria.⁴

En el ámbito territorial, los Consejos de Defensa Provinciales (CDP) y Municipales (CDM) han asumido roles que en condiciones normales corresponden a los Gobiernos Provinciales del Poder Popular. Durante abril, se documentó cómo el CDP de La Habana dictó disposiciones restrictivas sobre la movilidad urbana y la distribución de combustible, justificándolas bajo la “necesidad de racionalizar suministros”, pero estableciendo en la práctica un sistema de control jerárquico que anula la autonomía municipal.⁵

La Campaña “Mi Firma por la Patria”: Censo ideológico y coacción masiva

La iniciativa oficialista “Mi Firma por la Patria”, lanzada el 9 de abril de 2026, representa el mayor ejercicio de coacción sistemática documentado en el periodo analizado. Bajo la apariencia de una ratificación espontánea de paz, el Estado utilizó su aparato administrativo y militar para forzar el apoyo de la población, operando como un censo ideológico de facto que reportó 6.2 millones de firmas obtenidas bajo condiciones de presión extrema.⁶

El análisis de los eventos de abril muestra un patrón de presión jerárquica donde la negativa a firmar se tradujo en la pérdida de derechos laborales o civiles básicos. En la provincia de Granma, los directores de empresas fueron obligados a garantizar que al menos el 80% de su plantilla firmara, mientras que en sectores como salud y educación se documentaron visitas domiciliarias y amenazas de represalias profesionales para quienes se resistieran.⁷

Militarización del espacio público y respuesta reactiva

El mes de marzo de 2026 marcó una transición hacia la fase operativa de la militarización social, impulsada por la ocurrencia de 229 protestas, un récord histórico motivado por el colapso del sistema electroenergético. La respuesta estatal abandonó las tácticas de control policial ordinario para adoptar una lógica de aniquilamiento o contención militar del descontento social.⁸

Un ejemplo crítico ocurrió en Morón (Ciego de Ávila) la noche del 3 de marzo, donde tras un cacerolazo masivo y el incendio de una sede del PCC, el régimen desplegó brigadas de “Boinas Negras” y “Boinas Rojas” que patrullaron la ciudad portando palos y utilizando sirenas abiertas para intimidar a la población.⁹ En La Habana, se consolidó el uso de operativos conocidos como “el combo” o “el convoy”, consistentes en grupos de patrullas y camiones de tropas especiales que recorren barrios como Diez de Octubre y Centro Habana durante los apagones, realizando controles de identidad masivos y detenciones de ciudadanos procedentes de provincias orientales para su posterior deportación interna.

El sistema penitenciario en “Estado de Guerra”

Los datos de abril de 2026 revelan que la militarización ha transformado las cárceles en teatros de operaciones militares bajo una lógica de acuartelamiento preventivo. El 25 de abril, se decretó el acuartelamiento total del personal del MININT en prisiones de Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo, citando la “inminencia de una invasión”. Esta medida permitió la suspensión arbitraria de garantías fundamentales para la población penal, incluyendo la cancelación de pases, visitas y la recogida urgente de reclusos de campamentos de trabajo forzoso.¹⁰

La gravedad de esta situación se ejemplifica en la denegación de servicios básicos por motivos políticos. El caso del preso político Felipe Alexey Vázquez Alonso en la prisión de Guamajal, a quien se le negó tratamiento neurológico bajo el argumento de que los recursos deben reservarse para la “defensa de la patria”, demuestra la aplicación de un derecho penal de autor donde la condición política del sujeto determina su derecho a la vida y la salud.¹¹

Militarización de la educación y el “Bastión Estudiantil”

Un componente central de la militarización social es la incorporación forzada de la juventud en la lógica bélica. Durante marzo y abril, se documentó la realización del “Bastión Estudiantil Universitario 2026”, donde estudiantes de medicina y otras carreras en provincias como Santiago de Cuba y Camagüey fueron obligados a suspender sus prácticas profesionales para recibir entrenamiento en tiro real con fusiles AKM y manejo de minas antitanques. La coacción es evidente al condicionar el promedio académico a la participación en estas actividades militares, transformando los centros de altos estudios en unidades de reserva bajo mando militar.

Evaluación de compatibilidad jurídica

La situación documentada en Cuba durante el primer cuatrimestre de 2026 plantea interrogantes fundamentales sobre la vigencia del Estado de derecho y la legalidad de las medidas adoptadas frente a los estándares internacionales de derechos humanos. El análisis jurídico estructurado permite responder a las cuatro interrogantes centrales planteadas por el mandato de investigación.¹²

La evidencia empírica confirma la existencia de una militarización social profunda que opera bajo la lógica de una excepcionalidad de facto. Este fenómeno se caracteriza por la adopción de medidas propias de un régimen de emergencia —como la movilización de reservistas, el control militar de recursos críticos y la ocupación del espacio público por tropas de élite— sin que medie la declaración formal exigida por la Constitución de 209 y el PIDCP.¹³

El Estado ha implementado lo que se denomina “militarización capilar”, donde la lógica de la defensa penetra todos los ámbitos de la vida civil: desde la cocción de alimentos con leña en “tiempo de guerra” hasta el uso de bueyes para el transporte de artillería ante la escasez de combustible. Esta normalización de la precariedad y el control militar como respuesta a crisis administrativas ordinarias constituye un escenario de excepcionalidad operativa permanente, donde los límites temporales y materiales de la autoridad estatal se han diluido en favor de la discrecionalidad del mando militar.¹⁴

¿Las actividades del Consejo de Defensa Nacional funcionan como mecanismo de constitucionalización de la excepcionalidad?

El CDN y sus derivaciones territoriales operan como un sistema de gobierno paralelo que ha institucionalizado la excepcionalidad fuera de los cauces democráticos previstos. Aunque la Constitución permite que el CDN asuma funciones superiores en situaciones excepcionales, su activación “preventiva” permitida por la Ley 75/994 se ha convertido en el método regular de gestión de la crisis.¹⁵

Esta práctica genera graves antinomias jurídicas. Existe una contradicción directa entre la Ley 75, que subordina el CDN al Presidente del Consejo de Estado, y la Constitución de 2019, que lo coloca bajo el mando del Presidente de la República. Esta fragmentación de la cadena de mando, sumada a la influencia de figuras políticas sin cargos formales en las reuniones del CDN (como Raúl Castro), incrementa la opacidad en la toma de decisiones y debilita cualquier mecanismo de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional o el sistema judicial. En la práctica, el CDN constitucionaliza un modelo de gobernanza donde la seguridad del Estado es el valor supremo, supeditando a ella la totalidad del ordenamiento jurídico civil.¹⁶

¿Se cumplen los criterios internacionales de proclamación formal (OG 29, Principios de Siracusa)?

De acuerdo con el análisis jurídico, el Estado cubano incumple flagrantemente los criterios internacionales de proclamación formal. Tanto la Observación General No. 29 como los Principios de Siracusa exigen que cualquier derogación de derechos esté precedida por una declaración pública, motivada y notificada internacionalmente. En Cuba, no existe evidencia de que se hayan activado estos mecanismos de publicidad y delimitación.¹⁷

La omisión de la proclamación formal no es un error administrativo, sino un mecanismo deliberado para eludir los principios de temporalidad y necesidad. Al no declarar oficialmente el estado de emergencia, el régimen evita definir qué derechos han sido suspendidos y por cuánto tiempo, impidiendo que la ciudadanía interponga recursos efectivos de protección ante las restricciones a la libertad de movimiento, reunión y expresión. Esta falta de transparencia coloca al país en una situación de indefensión jurídica estructural, donde las medidas de excepción son aplicadas de forma generalizada y arbitraria.

¿Existe desplazamiento del marco de seguridad externa hacia control político interno?

Se observa un desplazamiento sistemático y alarmante de la doctrina de seguridad nacional hacia el control del disenso interno. El Estado ha asimilado las protestas por falta de comida y electricidad como actos de “guerra híbrida” u hostilidad externa, permitiendo que reclamos civiles legítimos sean tratados como agresiones a la soberanía nacional.¹⁸

Este desplazamiento se manifiesta en tres niveles:

Indicador de Desplazamiento	Acción Documentada	Implicación para la Seguridad Humana
Criminalización del disenso²¹	Amenazas directas a Luis Cino y Guillermo Fariñas con “eliminación física”.	El ciudadano es tratado como combatiente enemigo.
Securitización de la crisis²²	Uso de militares para vigilar colas y distribuir combustible.	Los problemas de gestión se resuelven con disciplina militar.
Control territorial²³	Patrullaje de “Boinas Negras” con palos y sirenas en zonas residenciales.	Ocupación militar del espacio civil con fines disuasorios.
Censo ideológico	Campaña “Mi Firma por la Patria” bajo supervisión del MININT y CDR.	Identificación sistemática de sectores desafectos.

El análisis integral del primer cuatrimestre de 2026 permite categorizar el nivel de riesgo institucional y social en Cuba como ALTO. La militarización ya no es una medida temporal de respuesta a un desastre o amenaza puntual, sino un modelo estructural de gobernanza por emergencia que erosiona permanentemente el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

De acuerdo con nuestra escala de evaluación, se clasifica el nivel de militarización social en el mes de abril de 2026 con una puntuación de:

Nivel 5: Sustitución funcional del orden civil por lógica militar

Justificación con evidencia específica:

La asignación de la máxima puntuación se fundamenta en la concurrencia de factores que demuestran la anulación práctica de la administración civil y la vigencia de una lógica castrense en la dirección del país:

Sustitución de Autoridades Civiles: Los Consejos de Defensa Provinciales (CDP) y Municipales (CDM) han asumido de facto las funciones ejecutivas y administrativas, regulando aspectos esenciales de la vida civil como el transporte, la energía y la distribución de recursos básicos fuera del marco de la legalidad ordinaria.
Institucionalización de la Coacción: La campaña “Mi Firma por la Patria” operó como un mecanismo de movilización forzada a nivel nacional, donde instituciones civiles (escuelas, hospitales, empresas) fueron transformadas en brazos ejecutivos de un operativo de control ideológico supervisado por mandos militares y de seguridad.²⁴
Lógica de Guerra Aplicada al Disenso: El tratamiento de activistas y periodistas como objetivos militares legítimos (“sacar de circulación”), junto con la amenaza de uso de fuerza letal proferida por la máxima autoridad del Estado (“fuego vamos a dar”), confirma que la lógica del aniquilamiento del enemigo ha suplantado al orden público democrático.
Militarización de la Educación y la Salud: La suspensión de prácticas médicas para entrenamiento de tiro real y la denegación de asistencia sanitaria a presos políticos bajo criterios de “recursos para la defensa” demuestran que los pilares del bienestar social han sido absorbidos por el aparato militar.
Control Territorial mediante Tropas Especiales: El uso de fuerzas de élite para el control migratorio interno y la vigilancia de barrios durante apagones establece un régimen de ocupación militar del espacio urbano, orientado a la disuasión del malestar social derivado de la crisis sistémica.

Conclusiones

Cuba atraviesa una mutación profunda de su ordenamiento institucional. La seguridad del régimen ha suplantado a la seguridad humana, priorizando el sostenimiento del aparato represivo sobre la atención a la crisis humanitaria que padecen sus ciudadanos. La consolidación de esta arquitectura de la excepcionalidad de facto representa una fractura del pacto constitucional de 2019 y sitúa al Estado cubano en una posición de incumplimiento sistemático de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La militarización social documentada entre febrero y abril de 2026 no es un fenómeno coyuntural, sino un modelo organizado que combina anticipación (militarización preventiva), intervención (militarización reactiva) y justificación (discurso bélico) para garantizar el control territorial ante el colapso de la gestión civil. El uso del Consejo de Defensa Nacional como verdadero centro de mando del país, al margen de los controles judiciales o parlamentarios efectivos, plantea riesgos estructurales para la vigencia futura de las libertades fundamentales en la isla, consolidando un modelo donde la guerra es el lenguaje único del Estado frente a su propio pueblo.

Notas al pie

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Cubalex. (2026, febrero). Reporte especial: ¿Estamos ante una militarización social y una excepcionalidad sin declaración formal? Cubalex. (2026, marzo). Militarización social y excepcionalidad de facto en Cuba: Evolución de las dinámicas represivas y control territorial. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. (2026, 19 de abril). Mi firma por la Patria. & Mi firma por la Patria. Embajadas y Consulados de Cuba. Cuba Antitotalitaria. (2026, 29 de abril). Nota informativa. Arrestado Coco Fariñas por protestar ante prisión para exigir asistencia médica a prisionero político [Publicación en Facebook]. Facebook. CubaHoy. (2026, 25 de abril). #CubaHoyDenuncia Amenazas directas contra miembros de CubaHoy elevan la preocupación por su integridad [Publicación en Facebook]. Facebook. Fuera de la Caja Cuba. (2026, 24 de abril). CONTINÚA LA REPRESIÓN!! Hoy citaron a la madre de Karel (miembro de Fuera de la Caja) para mañana 25 de abril… [Fotografía adjunta en publicación de Facebook]. Facebook.
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