Situación de los derechos humanos en Cuba
A medida que se intensifican las declaraciones de la administración Trump contra el régimen cubano, este responde con un aumento de la militarización de la vida pública del país. Sin embargo, contrasta que en medio de este escenario, centrado en la represión e inhibición del disenso, continúen en aumento los hechos de violencia social e inseguridad ciudadana.
Donald Trump afirmó que muy pronto el ejército estadounidense creará “un nuevo amanecer para Cuba” y el secretario de Estado Marco Rubio expresó que Estados Unidos no permitirá que adversarios de ese país continúen operando libremente desde territorio cubano. Los republicanos bloquearon en el Senado una iniciativa demócrata que intentaba quitar al presidente la prerrogativa de lanzar ataques contra Cuba, mientras que drones del ejército norteamericano realizaron misiones de vigilancia en las costas de la Isla. El administrador de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare señaló al régimen cubano como cómplice de fraudes al sistema de salud estadounidense y el fiscal general de Florida confirmó que están comprometidos con la investigación reabierta sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1994, que involucra a Raúl Castro.
El 10 de abril se produjo un encuentro en Cuba entre funcionarios del Departamento de Estado y del régimen cubano, incluido Raúl Guillermo Rodríguez, nieto de Raúl Castro, quien intentó establecer contacto con Donald Trump a través de una carta enviada al margen de los canales diplomáticos oficiales. En la reunión del 10 de abril las autoridades norteamericanas dieron un plazo de 14 días al régimen para liberar presos políticos de alto perfil, a lo que Cuba respondió públicamente que no aceptaría ultimatums. En su discurso del 16 de abril, Miguel Díaz-Canel insistió en que Cuba se prepara para enfrentar una agresión militar y si llega el momento “fuego vamos a dar”. Esta preparación incluye la movilización forzosa para la recogida de firmas en apoyo al régimen, movimientos de equipos de combate, maniobras, ejercicios militares con participación de la población civil y patrullaje intensivo de las ciudades.
Pese a esta militarización social y al estado de excepción de facto, abril fue el mes en que el equipo de Cubalex registró mayor cantidad de eventos relacionados con sucesos violentos y de inseguridad ciudadana. Un total de 135 eventos que incluyeron asaltos con violencia letal, agresiones, hurtos, violencia intrafamiliar, riñas tumultuarias, estafas, venta y consumo de drogas, profanación de tumbas, acoso sexual a menores, entre otros. Entre lo más preocupante destacan los 28 asesinatos -incluidos 7 feminicidios- que constituyen también la cifra más alta registrada por Cubalex desde que comenzó el monitoreo de estos eventos. En la mayoría de los hechos de violencia, los ciudadanos denuncian el actuar tardío, negligente o inexistente de las autoridades; lo que figura como una de las principales causas de la proliferación de episodios de linchamiento popular contra personas que delinquen.
Aunque la entrada de un barco ruso de combustible a finales del mes anterior disminuyó ligeramente la duración de los apagones en La Habana, continuaron las fallas en el sistema y los extensos cortes eléctricos en el resto del país. El salario medio mensual creció nominalmente en 2025, sin embargo su poder adquisitivo continúa en caída debido al aumento de los precios de los alimentos, las divisas, combustibles y la inflación en general en un entorno donde además, se hace cada vez más difícil obtener efectivo y la bancarización forzada por el Estado ha resultado un fracaso. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que la economía cubana se contraerá un 6.5% en 2026, siendo este el peor desempeño de toda la región
Toda esta situación tiene un impacto directo en la calidad de vida de los cubanos y derechos económicos y sociales elementales. El acceso al agua continúa siendo un problema grave en muchas regiones del país, el estado crítico de los servicios comunales afecta directamente la salud de la ciudadanía en entornos caracterizados además por la crisis permanente del sistema de salud. Crece la desprotección a poblaciones vulnerables, existe un agravamiento de la salud mental y los servicios funerarios se encuentran saturados y en caos. Estas condiciones, junto al descontento político con el orden existente, motivaron unas 65 protestas en el mes.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos señaló a Cuba como uno de los principales focos de reclutamiento para el ejército ruso en América Latina y el Departamento de Estado afirmó que el régimen de La Habana permite o facilita la participación de estos combatientes mercenarios. Moscú anunció que está evaluando el envío de otro buque de petróleo a la Isla y Cuba y Bielorrusia celebraron una nueva reunión de la comisión bilateral para la Cooperación Técnico-Militar.
La Comisión Europea anunció el envío de 2 millones de euros más en ayuda humanitaria a Cuba, a la par que el régimen cubano solicitó a México ocultar al público toda la información relacionada con la ayuda enviada por ese país. Una investigación oficial en Bolivia reveló la existencia de irregularidades en los vuelos de la aerolínea Boliviana de Aviación a La Habana durante la gestión del Movimiento al Socialismo. A pesar de las violaciones al derecho de asociación que existen en Cuba, el régimen fue electo para integrar el Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de la ONU, un órgano clave que decide qué organizaciones de la sociedad civil pueden participar dentro del sistema de Naciones Unidas. En este foro internacional, la delegación estatal cubana desconoció y mintió sobre las denuncias presentadas por activistas de la Isla ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
En abril, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 370 eventos represivos, 24 más que en el mes anterior. Ocurrieron en 52 municipios de todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias donde más eventos represivos se registraron fueron La Habana (121), Camagüey (38) y Las Tunas (29) y entre los municipios Camagüey (37), Las Tunas (25) y Santa Clara (21).
Mapa interactivo: Pase el cursor sobre las provincias para ver detalles.
Fueron afectadas por el total de eventos represivos al menos 227 personas (57 mujeres y 170 hombres). La mayor cantidad de violaciones se registraron contra la líder de la Dama de Blanco Berta Soler Fernández, los presos políticos Ángel Jesús Véliz Marcano y Jonathan Muir Burgos (menor de edad), el deportista detenido por protestar en su vivienda Javier Ernesto Martín Gutiérrez y la activista Yamilka Lafita Cancio. Los grupos vulnerables más recurrentes entre las víctimas fueron los defensores de derechos humanos, las personas privadas de libertad y los afrodescendientes.1
Los 370 eventos represivos incluyeron 779 incidentes de hostigamiento, agrupados en 52 categorías de represión2. Los incidentes más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (160), amenaza o coacción (82), traslados a centros de detención o en establecimientos penitenciarios (53), uso de la violencia o acoso (49), negación de atención médica o negligencia (49), citaciones oficiales arbitrarias (37), detenciones arbitrarias (31) y operativos policiales (26).
Las fotos y testimonios del preso político Alexander Díaz Rodríguez al salir de prisión son evidencia de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran recluidos los reclusos. No es casual que mes tras mes sean las cárceles los espacios donde más eventos violatorios se registran, destacando la pésima alimentación, pérdida de peso y desnutrición, negación de atención médica y beneficios, desapariciones forzadas, brotes de enfermedades contagiosas, torturas, golpizas, traslados y requisas arbitrarios, amenazas, hostigamiento por parte de otros reclusos bajo las órdenes de las autoridades, incomunicación y reclusión de castigo. Por estos motivos, al menos 13 reclusos realizaron huelgas de hambre en el mes como forma de exigir sus derechos
A inicios de mes, el régimen cubano anunció un indulto a 2010 prisioneros, que excluyó a presos políticos. Sobre estos últimos, el régimen cubano continúa negando su existencia, mientras hay personas que son condenadas por el delito de desacato por un comentario en Facebook y los menores de edad detenidos por la protesta de Morón se encuentran encerrados en prisiones de adultos. En el caso particular de Jonathan Muir Burgos, hasta la prensa oficialista utilizó, sin autorización de sus padres, su imagen dentro del penal, revictimizándolo, negando su situación de salud y acentuando la condición de vulnerabilidad en que se encuentra.
En la prisión de Guanajay, un prisionero político del 11J cuya identidad ha sido reservada, fue agredido sexualmente, tras ser sometido químicamente, por Roberto Valdés Alonso, conocido como El Gago de San José, un preso común que actúa bajo las órdenes del oficial de la Seguridad del Estado Javier Reboso. El agresor es el mismo que en 2024 intentó abusar sexualmente del también preso del 11J Julián Mazola.
Cuba volvió a ser clasificada en el índice de Reporteros sin Fronteras como el peor país del continente y uno de los más cerrados del mundo en cuanto a libertad de prensa. En tanto, los cubanos siguen sufriendo cárcel y represión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El matrimonio de Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez fue detenido e instruido penalmente por manifestarse contra el régimen en la calle, luego de que un inspector les impusiera una multa por vender viandas. El deportista de alto rendimiento Javier Ernesto Martín Gutiérrez fue secuestrado en la vía pública, golpeado y trasladado al centro de la Seguridad del Estado Villa Marista por expresarse contra el régimen desde su casa, durante más de una semana. Paralelamente, medios oficialistas y la Seguridad del Estado desplegaron una campaña en redes sociales para presentarlo como una persona con problemas psiquiátricos.
Por sus publicaciones críticas en redes sociales fueron víctimas de detenciones arbitrarias y amenazas el joven Luis Miguel Arias y el doctor Yonardo Fonseca Mesa. El comunicador evangélico David Espinosa y Eliannis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdecia, resultaron multados con el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes y el ex preso político y activista Alejandro Garlobo también recibió una multa por esta misma causa. El colombiano Daniel Maldonado fue detenido e interrogado por la Seguridad del Estado por grabar videos denunciando la situación de Cuba, y al nortemericano Nick Shirley le confiscaron sus equipos de grabación y fue víctima de vigilancia por intentar documentar la realidad del país.
Durante el mes, al menos 16 activistas, periodistas independientes, opositores y familiares de presos políticos denunciaron hackeos o intentos de hackeo de sus redes sociales y aplicaciones de mensajería. Destacó el cierre forzado de las cuentas de WhatsApp de varias de estas personas, una táctica que puede apuntar al monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA en complicidad con la Seguridad del Estado, ya que a través de esta empresa se reciben los SMS con los códigos que envían las aplicaciones de mensajería para validar las cuentas de los usuarios.
El régimen cubano realizó una campaña de recogida de firmas “por la Patria”, sobre la cual fueron reportadas presiones en centros de trabajo, escuelas, residencias, hospitales y negocios particulares para obligar a las personas a rubricar un supuesto apoyo al castrismo y rechazo a una eventual operación militar de Estados Unidos. En paralelo, los miembros de la policía política continuaron su labor de acoso contra opositores, periodistas independientes, activistas y sus familiares, a quienes amenazan directamente, incluso de muerte, en caso de un ataque militar a Cuba.
En la víspera del primero de mayo fueron detenidos en presencia de sus hijos menores de edad los ex presos políticos Yanet Pérez Quevedo y Ángel Cuza Alfonso. Este último fue llevado a la estación policial del municipio de Playa, pendiente de proceso penal. Pérez Quevedo fue encarcelada en la Prisión de Mujeres de Occidente y sus niñas trasladadas a un hogar para menores sin amparo filial. También previo al Día Internacional de los Trabajadores fueron sometidos a vigilancia los miembros de la familia opositora Miranda Leyva, un grupo de sindicalistas independientes y el ex preso político Alejandro Garlobo.
La plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) anunció el cierre de su Observatorio de Feminicidios (2019-2025), una decisión que sus integrantes describieron como planificada, pero también marcada por el contexto de “represión, censura y crisis humanitaria”, factores que limitan la respuesta ciudadana de la que dependía su trabajo de verificación.