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Draft Labor Code: non-state sector without guarantees

Cuentapropistas en Cuba. Foto: Granma
Cuentapropistas en Cuba. Foto: Granma

In the coming weeks, Cubalex's legal team will publish a series of analyses on the Draft of the new Labor Code Disseminated by the Cuban State since 2025, a regulatory proposal intended to replace the current Law 116/2013.

Although the new text incorporates references to contemporary work realities—such as teleworking, digitalization, and the expansion of SMEs—it also maintains and even reformulates state control mechanisms that continue to limit the effective exercise of fundamental rights recognized in international standards, including the conventions of the International Labour Organization (ILO), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

This series will examine, in a comparative manner, the continuities and ruptures between the Law 116/2013 and the 2025 Draft Bill, paying particular attention to the new articles and legal concepts incorporated, the provisions eliminated or modified, and the changes in the scope of workers' and employers' rights and obligations. Likewise, the transformations in labor dispute resolution mechanisms and the variations in the legal language used will be analyzed, insofar as they may translate into expansions or restrictions of guarantees. The texts will also address the political, economic, and institutional control motivations that help explain these reforms.

Trabajo privado en Cuba: más control estatal y menos garantías laborales

El análisis del bloque dedicado al trabajo en el sector no estatal (arts. 427–472) concluye que el Anteproyecto del Código de Trabajo de 2025 mantiene y amplía varios de los problemas estructurales que ya existían en la Ley 116/2013. Aunque el nuevo texto reconoce con mayor claridad algunas formas de empleo no estatal, no crea garantías suficientes para proteger a quienes trabajan en este sector frente a la precariedad, la discriminación, los despidos arbitrarios o la explotación laboral. El Anteproyecto consolida mecanismos de intermediación estatal y amplía espacios de discrecionalidad tanto para empleadores como para el propio Estado.

A partir de estándares internacionales, las personas trabajadoras del sector no estatal continúan bajo un marco de protección inferior al del empleo estatal, especialmente cuando trabajan para empleadores privados o personas naturales.

Uno de los principales problemas identificados es que las relaciones laborales con empleadores particulares siguen teniendo menos garantías. La Ley 116/2013 permitía jornadas y condiciones más flexibles para este tipo de empleo, no exigía contratos escritos y utilizaba principalmente contratos temporales. Aunque el Anteproyecto introduce algunas mejoras —como extender formalmente derechos relacionados con salario, vacaciones, seguridad y salud laboral—, no crea mecanismos efectivos para garantizar que estas protecciones realmente se cumplan. Además, establece que, si el empleador suspende o cancela la actividad, la compensación para el trabajador será de apenas un mes de salario, una protección considerada insuficiente frente a estándares internacionales.

Existe además un vacío importante respecto al trabajo en plataformas digitales y otras formas de empleo mediadas por tecnología. El Anteproyecto no regula cómo deben protegerse las personas que trabajan mediante aplicaciones, plataformas digitales o sistemas algorítmicos, pese al crecimiento de estas actividades en zonas urbanas de Cuba. Esta ausencia de regulación facilita que muchas personas sean registradas formalmente como “trabajadores por cuenta propia” aunque dependan económicamente de una plataforma o intermediario, lo que las deja sin derechos laborales básicos ni protección social. Esto favorece la expansión de los llamados “falsos autónomos” y aumenta la precariedad laboral.

Otro punto crítico es la falta de claridad en la regulación del trabajo contratado por cooperativas y proyectos de desarrollo local. Aunque el Anteproyecto reconoce que estas formas asociativas pueden contratar trabajadores, no establece reglas claras para diferenciar cuándo existe realmente una relación laboral y cuándo se trata de una colaboración económica independiente. Esta ambigüedad permite que algunas entidades oculten relaciones laborales bajo contratos mercantiles, evitando responsabilidades relacionadas con despidos, seguridad social y derechos laborales.

Sobre el sistema de intermediación estatal en las inversiones extranjeras, el Anteproyecto mantiene el modelo según el cual las empresas extranjeras no pueden contratar directamente a trabajadores cubanos, sino únicamente a través de entidades estatales empleadoras. Bajo este sistema, el inversionista paga en divisas al Estado, mientras el trabajador recibe su salario en moneda nacional. Según el análisis, este mecanismo permite al Estado controlar completamente la contratación, las condiciones laborales y una parte importante de los ingresos generados por los trabajadores, en contradicción con estándares internacionales sobre salario justo, libre elección del empleo y protección del salario.

Uno de los aspectos considerados más graves es la regulación del trabajo en el exterior. El Anteproyecto refuerza el control estatal sobre quienes son contratados para trabajar fuera de Cuba mediante entidades autorizadas por el Estado. En este modelo, el Gobierno monopoliza la selección del personal, la negociación de contratos y la administración de salarios, sin que los trabajadores puedan negociar directamente con la entidad extranjera ni acceder a mecanismos judiciales independientes para reclamar frente a abusos, retenciones salariales o sanciones. Este sistema puede facilitar prácticas de coerción económica, restricciones a la libertad de movimiento y formas de explotación laboral incompatibles con convenios internacionales sobre trabajo forzoso y trata de personas.

En conjunto, el Anteproyecto no acompaña la expansión del sector no estatal con un reconocimiento equivalente de derechos laborales y garantías efectivas. Aunque el trabajo privado, cooperativo y vinculado a inversiones extranjeras ocupa un espacio cada vez más importante en la economía cubana, el nuevo Código mantiene diferencias de protección entre sectores, deja sin regulación nuevas formas de empleo y conserva esquemas de fuerte control estatal sobre la contratación y los salarios.

El resultado es un modelo que reproduce y amplía problemas ya presentes en la Ley 116/2013: precariedad laboral, desigualdad de trato, discrecionalidad patronal y dependencia institucional de los trabajadores frente al Estado. Estas deficiencias, concluye el estudio, son incompatibles con estándares internacionales relacionados con el derecho al trabajo libremente elegido, la protección frente al despido injustificado, la igualdad de trato y la prohibición del trabajo forzoso.

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