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Analysis of the Draft Labor Code: More State Control and Fewer Wage Guarantees

In the coming weeks, Cubalex's legal team will publish a series of analyses on the Draft of the new Labor Code Disseminated by the Cuban State since 2025, a regulatory proposal intended to replace the current Law 116/2013.

Although the new text incorporates references to contemporary work realities—such as teleworking, digitalization, and the expansion of SMEs—it also maintains and even reformulates state control mechanisms that continue to limit the effective exercise of fundamental rights recognized in international standards, including the conventions of the International Labour Organization (ILO), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

This series will examine, in a comparative manner, the continuities and ruptures between the Law 116/2013 and the 2025 Draft Bill, paying particular attention to the new articles and legal concepts incorporated, the provisions eliminated or modified, and the changes in the scope of workers' and employers' rights and obligations. Likewise, the transformations in labor dispute resolution mechanisms and the variations in the legal language used will be analyzed, insofar as they may translate into expansions or restrictions of guarantees. The texts will also address the political, economic, and institutional control motivations that help explain these reforms.

Remuneración sin garantías

El análisis del bloque dedicado a la remuneración (arts. 244-275) muestra que el Anteproyecto del Código de Trabajo de 2025 introduce cambios importantes en la manera en que se regula el pago a los trabajadores en Cuba. El nuevo texto sustituye el concepto de “salario” por el de “remuneración”, incorporando además bonificaciones, incentivos y otros pagos complementarios.

Sin embargo, detrás de estos cambios de lenguaje y estructura se mantienen mecanismos de fuerte control estatal sobre los ingresos de los trabajadores. El salario mínimo continúa siendo fijado por el Consejo de Ministros en acuerdo con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), una organización sindical subordinada al Partido Comunista de Cuba (PCC), lo que impide una negociación libre e independiente entre empleadores y trabajadores.

Una comparación entre los artículos 109 al 125 de la vigente Ley 116/2013 con los artículos 244 al 275 del Anteproyecto evaluó el impacto de las nuevas disposiciones sobre el derecho a una remuneración digna.

Uno de los principales hallazgos es que el Anteproyecto mantiene un sistema altamente centralizado en la definición de salarios y pagos. Aunque la nueva norma menciona factores como el costo de la vida y la capacidad demostrada del trabajador, no establece mecanismos técnicos ni objetivos que garanticen ajustes reales frente a la inflación. En la práctica, esto significa que el poder adquisitivo de los salarios sigue dependiendo de decisiones políticas y no de parámetros económicos transparentes. El resultado es que los ingresos de los trabajadores pueden perder valor de manera constante sin que exista una obligación legal clara de compensar ese deterioro.

El análisis también advierte que el anteproyecto elimina garantías concretas presentes en la Ley 116/2013. Entre ellas, desaparece el porcentaje fijo adicional del 25 % para el pago de las horas extras, lo que reduce la transparencia y deja mayor margen de discrecionalidad en el cálculo de estos pagos. Asimismo, se simplifican las compensaciones por trabajo en días feriados y se amplían las posibilidades de deducciones “voluntarias”, elementos que debilitan la seguridad salarial de los trabajadores.

Además, se vulnera el pago directo del salario y la limitación de descuentos, pues se permite retener hasta el 90 % del salario real en divisas de algunos trabajadores.

Otro aspecto especialmente preocupante es la permanencia de mecanismos de intermediación estatal en determinados sectores laborales, regulados además por decretos leyes complementarios que el Anteproyecto no elimina. Estas disposiciones permiten que el Estado controle la contratación y la distribución de salarios, especialmente en sectores estratégicos. Según el análisis, este modelo limita la libre elección del empleo y facilita que el Estado retenga gran parte de la remuneración generada por los trabajadores, lo que puede calificar como trabajo forzoso reconocidos, según los Convenios 29 y 105 de la OIT.

En conjunto, el Anteproyecto del Código de Trabajo de 2025 no corrige los problemas estructurales de la legislación vigente y, en algunos aspectos, amplía la discrecionalidad estatal sobre el salario y otras formas de remuneración. Aunque incorpora nuevas categorías y conceptos adaptados a transformaciones recientes del mercado laboral, mantiene un sistema donde los derechos salariales continúan subordinados a decisiones políticas y administrativas, con escasas garantías efectivas para proteger el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente y justa.

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