MAYO 2026
MAYO 2026
Informe Mensual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba | Mayo 2026
Situación de los derechos humanos en Cuba
En mayo aumentaron las expresiones públicas de descontento, principalmente asociadas a la crisis energética y al deterioro económico, el cual se vio agravado por la paralización de algunos sectores y el incremento del control estatal, en un contexto de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.
Los hechos de violencia e inseguridad ciudadana volvieron a ser el tipo de evento contextual1 más frecuente en mayo. Aunque se registró un ligero descenso respecto a abril, Cubalex documentó 26 asesinatos, dos menos que el mes anterior, incluidos 7 feminicidios. Estos datos reflejan el deterioro de la seguridad personal y la limitada capacidad o voluntad estatal para proteger a la población frente a formas graves de violencia. Mientras aumentan los riesgos para la ciudadanía, el Estado continúa destinando importantes recursos policiales y de vigilancia destinados a contener protestas, controlar barrios movilizados y perseguir expresiones de disenso. En ese contexto de desprotección, precariedad y falta de respuestas institucionales, el descontento volvió a concentrarse en grandes centros urbanos del occidente y el oriente del país.
La Habana se reafirmó como el principal foco de manifestaciones populares, seguida por Santiago de Cuba, mientras Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín registraron protestas intermitentes. La caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el 13 de mayo detonó el mayor pico de movilización, con reclamos al restablecimiento del servicio eléctrico, que incluyeron expresiones de rechazo al gobierno y a la falta de soluciones frente a la crisis estructural del país. Las protestas adoptaron formas cada vez más visibles y disruptivas, con concentraciones frente a instituciones gubernamentales, cierres de avenidas, quema de basura y cacerolazos registrados incluso durante el día.
La crisis energética agravó las condiciones de vida y redujo la capacidad de la población para comunicarse, informarse y denunciar abusos. El propio ministro de Energía y Minas reconoció que la debilidad del SEN impide integrar plenamente la energía solar a la red, mientras ciudadanos reportaron disponer de una o dos horas diarias de electricidad. En este contexto, los apagones afectaron el acceso regular a internet y telefonía, y en algunos territorios pudieron facilitar o encubrir restricciones de comunicación durante protestas o incidentes represivos.
El impacto de los apagones también se extendió a la salud mental. Un estudio de especialistas de Cuba y Estados Unidos advirtió que los cortes prolongados de electricidad están asociados a un deterioro severo del bienestar psicológico: ninguno de los participantes evaluados se ubicó dentro de parámetros normales de salud mental y más de la mitad presentó niveles “extremadamente graves” de depresión. Entre enero y mayo de 2026, Cubalex documentó de forma preliminar 8 suicidios en el país.
El deterioro del transporte y el encarecimiento de bienes básicos profundizaron la precariedad cotidiana y limitaron aún más la movilidad interna de la población. La reducción de rutas interprovinciales por falta de combustible afectó especialmente a familiares de personas privadas de libertad trasladadas fuera de sus provincias, quienes enfrentan mayores obstáculos para realizar visitas, llevar alimentos, medicamentos o conocer su estado de salud. A esto se sumaron la reducción del servicio marítimo con la Isla de la Juventud y de rutas hacia Manzanillo y Baracoa, el aumento del precio del combustible en canales dolarizados, la venta de gas licuado en dólares y el alza del dólar informal hasta 580 CUP. Estos factores agravan la crisis económica de los hogares, aumentan el malestar social y generan nuevas expresiones de protesta, frente a las cuales el Estado ha respondido con vigilancia, operativos policiales y otros mecanismos de contención represiva.
En el mes, las autoridades cubanas utilizaron el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba para reforzar una narrativa de amenaza externa y justificar mayores controles internos. Mientras la población enfrentaba apagones, escasez de combustible, restricciones de movilidad y creciente precariedad, el Estado respondió con movilización política, retórica belicista y mayor presencia de estructuras de control.
Las presiones de Washington incluyeron sanciones contra responsables de la represión en Cuba, la incorporación de GAESA a la lista de la OFAC, que tuvieron como consecuencia inmediata la suspensión de operaciones de Sherritt y la cancelación de vuelos de Cubana de Aviación y World2Fly. En paralelo, el Departamento de Estado reiteró el ofrecimiento de asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, condicionado a que las autoridades permitieran su entrada.También se registraron hechos de alto impacto político, como la reunión del director de la CIA con altos oficiales del MININT, el mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano, la acusación formal contra Raúl Castro, el posicionamiento del portaaviones Nimitz en el Caribe y el aumento de vuelos de reconocimiento. Estos hechos no deben presentarse sólo como geopolítica, sino como el marco usado por el gobierno cubano para desplazar responsabilidades, reforzar la militarización y contener el descontento social.
Ante el aumento de las tensiones externas, las autoridades cubanas incrementaron una narrativa de amenaza militar que se trasladó al ámbito interno. El aparato propagandístico estatal activó una retórica agresiva, con amenazas de un “baño de sangre” ante cualquier acción militar directa. Respaldando esa estrategia, el acto central del 1ro de Mayo fue trasladado a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la sede diplomática norteamericana, y se convocaron tribunas antiimperialistas en todo el país entre el 23 de mayo y el 3 de junio.
Ese relato también alcanzó espacios civiles, familiares y escolares. La Defensa Civil comenzó a distribuir una Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar, con orientaciones para preparar mochilas de emergencia con alimentos, agua potable, medicamentos, linternas, radio, artículos de higiene y juguetes para niños. Las recomendaciones contrastan con la realidad de hogares que enfrentan escasez de comida, medicamentos, agua segura, electricidad y productos básicos. En ese contexto, la guía no solo funciona como una medida de preparación, sino como un mensaje que traslada a las familias la carga de sobrevivir a una amenaza militar en condiciones de precariedad extrema.
El impacto psicológico es especialmente grave en la niñez. Familiares denunciaron que en escuelas primarias se obligó a niños a confeccionar pulseras con sus datos personales y se les informó sobre supuestos planes de evacuación ante un eventual bombardeo, exponiendo a menores de edad a mensajes de miedo, inseguridad y pérdida de control sobre su entorno, en un país donde estudios recientes ya advierten sobre niveles críticos de ansiedad, depresión y estrés. En este contexto, también se reportaron amenazas de muerte contra activistas y presos políticos.
En paralelo, fueron publicadas en la Gaceta Oficial la Ley 171 de Migración, la Ley 172 de Ciudadanía y la Ley 173 de Extranjería, que amplían el margen de control estatal sobre la movilidad de los cubanos dentro y fuera del país. También se reportó la adquisición de drones con capacidades militares y la continuidad de acuerdos de cooperación técnico-militar con Rusia, mientras desde la Unión Europea se planteó la necesidad de revisar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
En conjunto, estos hechos muestran que, frente al deterioro de las condiciones de vida, el aumento del descontento social y la presión internacional, el Estado priorizó una respuesta centrada en la defensa, la propaganda y el control. Este contexto permite entender los patrones de hostigamiento documentados durante mayo: operativos policiales en zonas de protesta, vigilancia contra activistas y periodistas, cortes selectivos de comunicación, amenazas a personas privadas de libertad y uso de la movilidad como mecanismo de presión.
Apagones Críticos
Cacerolazos
Crisis Salud Mental
Inflación Dolarizada
26 Asesinatos
Colapso Transporte
Militarización Social
Censura Digital
Incidentes de hostigamiento
El equipo de monitoreo de Cubalex registró 304 eventos represivos, 66 menos que en el mes anterior. Esto no debe interpretarse como una disminución de la represión, y sí considerar las afectaciones a servicios de internet y telefonía registradas en el mes.
Los eventos ocurrieron en 57 municipios de todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias con mayor número de eventos registrados fueron La Habana (106), Camagüey (26) y Santiago de Cuba (25), y entre los municipios, Camagüey (25), Santiago de Cuba (22) y Diez de Octubre (16).
Provincias con más eventos de represión
Mapa interactivo: Pase el cursor sobre las provincias para ver detalles.
Al menos 221 personas fueron afectadas por estos hechos: 59 mujeres y 162 hombres. La mayor cantidad de violaciones se registraron contra Yoan de la Cruz Cruz, Yamilka Lafita Cancio, Danisbel Labrada Morales, Ángel Cuza Alfonso, el adolescente Jonathan David Muir Burgos y Erich Alain Chang Padrón. Los grupos vulnerables más recurrentes entre las víctimas fueron las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y los afrodescendientes.2
Se identificaron 221 personas que fueron víctimas de al menos un evento represivo.
Los 304 eventos represivos incluyeron 597 incidentes de hostigamiento, agrupados en 47 categorías de represión2. Los incidentes más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (136), amenazas o coacción (52), operativos policiales (43), uso de la violencia o acoso (40), traslados a centros de detención o en establecimientos penitenciarios (40), negación de atención médica o negligencia (34), detenciones arbitrarias (31), cortes selectivos de comunicaciones (22) y citaciones oficiales arbitrarias (21).
- 136 Violaciones contra personas privadas de libertad
- 52 Amenazas o coacción
- 43 Operativos policiales
- 40 Uso de la violencia o acoso
- 40 Traslados a centros de detención o prisiones
- 34 Negación de atención médica o negligencia
- 31 Detenciones arbitrarias
- 22 Cortes selectivos de comunicaciones
Personas con mayor cantidad de hechos violatorios
Cruz Cruz
Cancio
Morales
Alfonso
Muir Burgos
Chang Padrón
Las interrupciones de internet asociadas a apagones y protestas sociales incidieron directamente en el monitoreo de violaciones de derechos humanos para este informe, al obstaculizar la identificación de víctimas de represión en algunas protestas. Cubalex señaló este patrón en el más reciente Informe Semestral (julio-diciembre de 2025), donde se advirtió sobre un fenómeno estructural de control comunicacional orientado al silenciamiento social.
El aumento de los operativos policiales y los cortes selectivos de servicios de internet y telefonía, asociados a focos de conflicto, evidencia la aplicación de otras estrategias de control como complemento de las detenciones arbitrarias.
De la protesta a la represión: frecuencia diaria de eventos en mayo de 2026
El 13 de mayo fue el día de mayor conflictividad del mes, alcanzando un pico de 30 protestas registradas en una sola jornada. En respuesta inmediata a este estallido, se registraron tres detenciones arbitrarias y dos cortes de comunicaciones. El 13 y 14 de mayo, por ejemplo, se reportó la detención de un grupo indeterminado de personas a raíz de las protestas en Diez de Octubre, de las cuales solo ha sido posible identificar a una: Maylin Fajardo, madre del preso político del 11J Lázaro Noel Urgelles. El corte de comunicaciones en esta localidad se extendió durante al menos dos días. También se registraron restricciones del servicio de internet móvil tras las protestas de esa noche en el barrio capitalino del Vedado y el 18 de mayo en Santiago de Cuba. En conjunto, de las 31 detenciones arbitrarias registradas durante el mes, 13 (41%) estuvieron vinculadas a la represión directa o diferida de las protestas.
En la segunda mitad del mes las protestas continuaron más distribuidas. Sin embargo, el aparato de control concentró la mayor cantidad de detenciones y cortes de internet de manera diferida entre los días 21 y 22 de mayo, como parte de una estrategia de contención de denuncias y nuevas manifestaciones, en particular tras las protestas locales en Alamar (La Habana) y Antilla (Holguín). En la zona 12 de Alamar, las fuerzas represivas arrestaron en su hogar a Sabrina Tumbarell, embarazada de tres meses, y a su padre, Elmis Tumbarell, al día siguiente de las manifestaciones, recurriendo a amenazas de peritajes psicológicos para indagar los motivos de su descontento. El poblado de Antilla amaneció completamente militarizado tras las protestas del 19 de mayo, y al menos fueron detenidos seis ciudadanos . Ante la huida de algunos manifestantes, la PNR recurrió al allanamiento violento de viviendas y al arresto de familiares que no se habían manifestado, como Rafael Batista, un paciente psiquiátrico crónico. Yamilka Mora fue detenida y trasladada a Instrucción únicamente por filmar y y difundir en redes sociales videos de lo ocurrido.
Al final de mes repuntaron nuevamente las protestas mostrando el descontento social en las calles. El día 31 la policía detuvo a Yaneisi Valladares, madre residente en el reparto Zamora —localidad donde se registraron cuatro protestas durante el mes—, separándola de su hijo menor de edad. Tras la indignación y presión de los vecinos, fue liberada bajo acta de advertencia, sin embargo, las autoridades la citaron para el día siguiente en la Sexta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), acusándola de abandonar a su hijo.
El análisis de los datos muestra que la mayoría de las protestas ocurrieron los miércoles, mientras que las detenciones arbitrarias se concentraron los jueves y viernes. Este patrón es preocupante porque limita el acceso a recursos legales como el habeas corpus, al coincidir con el receso de fin de semana de los tribunales y prolongar la indefensión de las víctimas ante posibles detenciones ilegales.
De los 43 operativos policiales registrados, 15 (el 35%) ocurrieron en el mismo municipio donde se habían producido protestas en los tres días previos, evidenciando un patrón de represión reactiva y geográficamente focalizada. Estos se concentraron en Santiago de Cuba, Diez de Octubre, Antilla y Habana del Este.
Otros 5 operativos correspondieron a despliegues y movimientos militares en La Habana, Bayamo y Mayabeque, vinculados al estado de militarización social relacionado con las tensiones Cuba-Estados Unidos. El resto consistió en vigilancia individual sistemática contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos —entre ellos Berta Soler, Ángel Moya, María Cristina Labrada, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Yamilka Lafita, Elier Muir Ávila, Henry Constantin y Yeris Curbelo—, activada principalmente en fechas de significado político como el 1ro y el 20 de mayo, aniversario de la República.
Los cortes selectivos de comunicación también se aplicaron a periodistas independientes en Sancti Spíritus, Artemisa y La Habana, como Juan Antonio Madrazo, Yunia Figueredo y Boris González, en fechas mencionadas como el 1 y el 20 de mayo. Asimismo, se utilizó como método de aislamiento contra activistas de derechos humanos y creadores de contenido, entre ellos los activistas cristianos David Espinosa, Laidy García y Anna Sofía Benítez.
Otro patrón de incomunicación estuvo vinculado a las denuncias sobre las condiciones carcelarias. Personas privadas de libertad recluidas en Kilo 8 (Pinar del Río), donde permanece encarcelado el artista y preso político Maykel Castillo “Osorbo”, así como en el Combinado del Este, Quivicán y la prisión de Guanajay, denunciaron la prohibición de llamadas internacionales un día después de la publicación en USA Today un artículo con declaraciones de Osorbo y Otero Alcántara. Familiares de presos políticos en el exterior, como Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Veliz Marcano, denunciaron problemas de comunicación ese mes.
Ilsa Ramos, esposa del preso político Yasmany González, denunció un corte de internet, luego de que su esposo publicara en redes sociales sobre su estado de salud durante un pase recibido tras progresar al régimen de mínima severidad. González refleja un importante deterioro físico, extrema delgadez y pérdida de varios dientes, como consecuencia de la negación sistemática de atención médica. Como represalia por su denuncia, le fue revocado este beneficio y trasladado a la compañía 2 de Combinado del Este.
Su caso se suma al de otros exprisioneros políticos excarcelados y que regresaron a prisión: Ángel Cuza y Yoan de la Cruz, a quienes estarían procesando por presuntos nuevos delitos. Ángel Cuza, detenido violentamente el 30 de abril, fue trasladado a las prisiones del Vivac, Valle Grande y permanece en el Combinado del Este, procesado por el delito de tenencia ilegal de armas y explosivos, en relación con una bala en desuso que conserva como amuleto.
El exprisionero político del 11J Yoan de la Cruz fue arrestado el 9 de mayo en su vivienda en San Antonio de los Baños, Artemisa, donde fue además víctima de un registro y decomiso de varias pertenencias. De la Cruz, condenado a cinco años de cárcel por filmar las manifestaciones populares de julio de 2021, se encontraba bajo libertad condicional desde 2022. Hasta la fecha permanece recluido en el Técnico de Guanajay y se le pretende fabricar una nueva causa por los supuestos delitos de sabotaje y tráfico de divisas.
Estos casos se integran a otras 11 denuncias en el mes relacionadas con la revocación o negación de beneficios a personas privadas de libertad en la isla. Cubalex ha señalado que los cambios a un régimen de menor severidad, la revocación arbitraria de las licencias extrapenales y la imposición del exilio forzado no constituyen medidas aisladas, sino parte de un continuo coercitivo mediante el cual el Estado cubano manipula el acceso a los beneficios penitenciarios para instrumentalizar la libertad de los disidentes.
En este contexto, la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora fue forzada a exiliarse en los Estados Unidos el 15 de mayo. La Seguridad del Estado condicionó su salida de prisión a que su madre, Annia Zamora, también Dama de Blanco, abandonara Cuba. Abascal cumplía una condena de 6 años de privación de libertad en la cárcel La Bellotex (Matanzas), tras participar en las protestas del 11J. Durante sus años de encarcelamiento, además de sufrir negligencias y negaciones de atención médica, las autoridades le negaron reiteradamente los beneficios de excarcelación o progresión hacia un régimen de mínima severidad debido a su postura contra el régimen.
El 13 de mayo la Fiscalía General de la República formalizó su decisión de procesar penalmente a Seriocha Fernández y Miguel Gómez, ciudadanos residentes en los Estados Unidos, acusados de presuntos delitos de terrorismo, sin que estos se encontraran en el país. Este hecho consolida una práctica sistemática que Cubalex ha denunciado: el uso del derecho penal como instrumento de represión extraterritorial, con el objetivo de intimidar y silenciar el activismo de la diáspora.
El cuentapropista Erich Alain Chang Padrón fue detenido arbitrariamente en tres ocasiones entre el 17 y el 21 de mayo por sus publicaciones críticas en redes sociales. En su última detención fue trasladado a Villa Marista, donde la Seguridad del Estado le restringió la visita familiar a diez minutos bajo estricta supervisión, y le negó la entrega de artículos de aseo personal. Lo mantienen bajo prisión provisional acusado del delito de desacato.
El día 17 también se dio a conocer la petición fiscal de entre 5 y 13 años contra tres ciudadanos por protestar en Palmarito de Cauto en noviembre de 2024. Además, se registraron varias condenas ejemplarizantes relacionadas con la sustracción de combustible en sitios estatales vinculados a la generación de electricidad.
Las prisiones siguen siendo uno de los principales entornos de violaciones de derechos humanos del país. Mes tras mes, las denuncias procedentes de distintos penales describen un patrón sistemático que incluye pésima alimentación, negación de atención médica, golpizas, reclusión arbitraria en celdas de castigo, incomunicación, amenazas, traslados punitivos, y brotes de enfermedades infecciosas.
Ante la desatención de las autoridades, al menos catorce reclusos recurrieron a la huelga de hambre como último recurso para exigir sus derechos. El preso político Daniel Alfaro Frías inició una en Guanajay mientras era sometido a tortura psicológica y amenazas constantes. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, cuya huelga se extendió durante semanas, fue trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional de Boyeros, donde estuvo amarrado a la cama con esposas hasta que la Seguridad del Estado presionó para que depusiera la protesta. La prisionera política Yaquelín García Jaen se declaró en huelga, que se prolongó hasta junio, al no recibir la petición fiscal.
Este panorama fue documentado en 38 prisiones, centros de detención preventiva o estaciones de policía en todo el país, destacando siete centros penitenciarios donde la concentración de incidentes refleja patrones sistemáticos de violación de derechos.
La Prisión Provincial Kilo 8 de Camagüey fue el centro más denunciado del mes, con nueve incidentes registrados de amenazas en caso de una potencial intervención extranjera, negación de atención médica y reclusiones en régimen de aislamiento. Los presos políticos Danisbel Labrada Morales, Dixan Gaínza, Ramón Enrique Montero Meriño y Virgilio Mantilla denunciaron negación sistemática de atención médica. Leandro Cerezo Sirut, condenado a cadena perpetua desde 2007, recibió agresiones y amenazas de oficiales de la prisión por reclamar asistencia médica. El preso político Ediolvis Marín Mora, condenado a 13 años por las protestas de Nuevitas, permanece en celda de aislamiento con anemia, desnutrición y fuertes dolores, y ha recibido amenazas cada vez que ha exigido atención médica. El preso político Alexander Verdecia Rodríguez denunció amenazas y acoso continuado por parte del guardia que lo golpeó en febrero.
En El Típico Nuevo de Las Tunas , siete incidentes evidencian un patrón de tratos crueles y degradantes. A finales de mes se notificó que el juicio contra ocho presos políticos del movimiento "Cuba Primero" con peticiones fiscales de entre 6 y 9 años por "propaganda contra el orden constitucional" — Javier Reyes Peña, Pedro Carlos Camacho Ochoa, Guillermo Carralero López, Carlos Alberto McDonald Ennis, Adisbel Mendoza Barroso, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Enrique González Infante y Maikel Hill Ramírez — se celebraría dentro de la prisión, tras la decisión ilegal de las autoridades de trasladar la sede del tribunal alegando "falta de combustible", y con familias notificadas apenas 48 horas antes. El juicio fue cancelado porque los abogados no pudieron trasladarse. Reyes Peña y Camacho Ochoa - infectado con chikungunya - habían sido confinados en celdas de castigo desde el 20 de mayo sin cometer indisciplina. McDonald Ennis, quien padece diabetes, hipertensión, cardiomiopatía isquémica y cáncer maxilofacial, permanece sin recibir medicamentos ni atención médica adecuados. Liusvan John Utra fue trasladado a la prisión de máximo rigor Potosí y mantenido en la celda de castigo conocida como "La Toleada" tras recibir una golpiza en El Típico. El preso político Lisandro Betancour fue trasladado nuevamente a esta prisión desde el “Típico Viejo” y denunció que los presos políticos estaban enfrentando vigilancia reforzada y amenazas de muerte.
El carácter indefinido de este tipo de castigo se confirma en el caso del preso político Alexander Fábregas Milanés, quien superó los tres meses en celda de castigo en la prisión El Pre, en Santa Clara. Fue devuelto al destacamento a mediados de mayo, al cumplir los 100 días.
La Prisión Provincial de Ciego de Ávila (Canaleta) registró seis incidentes que afectaron, en su mayoría, a los menores de edad Jonathan David Muir Burgos y Cristian de Jesús Crespo Álvarez, detenidos desde marzo. Muir Burgos fue agredido físicamente por un recluso común el 8 de mayo —en un ataque que su padre denuncia fue orquestado por las autoridades del penal para fabricarle una nueva causa—, además de sufrir vigilancia durante las visitas familiares; su estado de salud se deteriora sin atención médica especializada y no pudo tramitar una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en Estados Unidos por encontrarse encarcelado. Cristian de Jesús Crespo Álvarez presentaba orina oscura y malestar general en un contexto de brote de hepatitis en el penal, los guardias le robaron todos sus alimentos, sábanas, colcha y calzado durante un traslado de cinco días a la unidad de instrucción, y las autoridades del penal se negaron a asumir responsabilidad.
En la Prisión Provincial de Holguín , los cuatro incidentes documentados están marcados por las amenazas de muerte de las autoridades penitenciarias contra los presos políticos Yosvany Rosell García y Roilán Álvarez Rensoler en caso de una intervención estadounidense. El 26 de mayo, cuando la familia de Álvarez Rensoler intentó entregarle alimentos, los funcionarios se los decomisaron y lo esposaron durante la visita, lo que lo llevó a iniciar una nueva huelga de hambre el 29 de mayo, que depuso el 2 de junio.
El Técnico de Guanajay, en Artemisa, concentró cuatro incidentes relacionados con las detenciones prolongadas en fase investigativa del opositor Fidel Mojena Rivero, acusado de "propaganda contra el orden constitucional" y el preso político del 11J Yoan de la Cruz Cruz. Cubalex también denunció en mayo la situación de salud alarmante del periodista preso político Jorge Bello Domínguez en la prisión de máxima seguridad de Guanajay , después de renunciar a la atención médica debido a la manipulación de las dosis de insulina que, según su familia, realizan las autoridades penitenciarias. Bello Domínguez sufrió una caída producto de su descompensación. Además, desde hace seis meses no recibe medicamentos para controlar la presión arterial.
En la Prisión 1580 (El Pitirre) se registraron tres incidentes, todos relacionados con el preso político del 11J Kevin Damián Frómeta Castro, que fue operado el 5 de mayo en el Hospital Nacional de Investigaciones (HNI) por una infección en el brazo que arrastraba desde 2025 debido a la negación de atención médica. Después de la operación no le administraron antibióticos ni realizaron las curas prescritas, lo que provocó una nueva inflamación. Desde el 19 de mayo aguardaba un traslado al hospital La Covadonga para una nueva valoración sin que las autoridades penitenciarias gestionen el traslado ni reconozcan su responsabilidad, a pesar de las denuncias de su madre.
En el Combinado del Este los reportes se refieren al traslado de Javier Ernesto Martín “Spiderman”, a la vigilancia constante sobre el preso político del 11J Duannis Dabel León Taboada, y la situación de vulnerabilidad del activista Juan Carlos Chillón Paizan. El 12 de mayo también se documentó en esta prisión la muerte en custodia del preso político del 11J Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, con un cuadro severo de desnutrición y complicaciones renales no atendidas adecuadamente. Fue condenado en enero de 2023 a 5 años de trabajo correccional sin internamiento por su participación en las protestas de Toyo, pero el beneficio fue revocado por sostener su postura crítica al sistema.
Durante el mes se documentaron otras cinco muertes en custodia. El 14 de mayo falleció Yassel Martínez Hechavarría, de 28 años, en el Hospital Ambrosio Grillo, tras ser trasladado en estado crítico desde la prisión La Caoba, en Palma Soriano. El 20 de mayo murieron Guidoberto Leyva Guerra, de 61 años —paciente oncológico que llevaba aproximadamente un mes con una sonda sin bolsa y sin atención médica—, y José Ricardo Montero Ávila, de 59 años, quien sufrió un derrame cerebral en El Típico de Las Tunas y permaneció más de 12 horas en el puesto médico del penal antes de ser trasladado a un hospital. El 29 de mayo falleció el prisionero Mario Gómez, con una enfermedad cerebrovascular isquémica aguda, trasladado desde la prisión de Canaleta al hospital provincial de Ciego de Ávila, donde se le negó la permanencia en la sala de terapia intensiva.
Asimismo, Ermis Bombu Moreira entró en coma metabólico durante una huelga de hambre en el Combinado de Guantánamo y posteriormente falleció en el hospital provincial de esa ciudad. Aunque las autoridades le otorgaron una licencia extrapenal el 6 de mayo, cuando ya se encontraba en estado grave, el beneficio llegó cuando su condición era irreversible, ilustrando el patrón de excarcelaciones tardías documentado por Cubalex.
Otras dos muertes ocurrieron en contextos no penitenciarios. El joven Ángel Ernesto Apóstol tuvo un accidente en un tanque de guerra sin frenos durante una maniobra en el Servicio Militar Obligatorio. Tras varios días hospitalizado, murió el 23 de mayo.
En seis incidentes del mes se identificaron a los oficiales responsables de la violación documentada. Destacan, en la prisión Kilo 8 en Camagüey, el director de la prisión Mayor Leonardo Suárez Reyes , por amenazar de muerte al preso político Amaury Díaz, y el primer suboficial Daniel José Primelles Cala , jefe de orden interior, señalado directamente por negar la entrada de alimentos a Danisbel Labrada y por agresiones y amenazas contra Leandro Cerezo Sirut. Primelles también habría sido responsable de la muerte de un recluso en 2025, luego de propinarle una golpiza. El oficial de la prisión de Quivicán Yusniel Martínez, "Azulito" , fue identificado como responsable de una golpiza a finales de abril al preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, quien desde entonces ha sido trasladado cuatro veces entre distintos destacamentos del penal como represalia, con períodos de incomunicación y sin atención médica.
El hecho de que algunos de estos oficiales reaparezcan en más de un incidente y permanezcan en sus cargos tras haber sido señalados, incluso por la muerte de un recluso, demuestra que el Estado cubano —responsable de lo que hacen sus funcionarios contra las personas bajo su custodia— no investiga ni sanciona estas graves violaciones de derechos humanos. Esta impunidad permite la repetición de amenazas, golpizas, negación de atención médica y muertes mes tras mes.
Identificación de Represor
Daniel José Primelles Cala
Primer suboficial y jefe de orden interior en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Señalado directamente por agresiones, amenazas y la negación de la entrada de alimentos. Presuntamente responsable de la muerte de un recluso en 2025.