Durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, celebrado el 15 de noviembre de 2023, Cuba enfrentó un nuevo escrutinio bajo este mecanismo, el cual reveló desafíos importantes por parte del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Cuba recibió un total de 361 recomendaciones de otros estados miembros. De estas, aceptó 292 (81%) y rechazó 28 (7.7%), bajo el argumento de que son “incompatibles con los principios constitucionales y el marco jurídico nacional”.
Además, el gobierno cubano señaló que estas recomendaciones están “políticamente sesgadas y basadas en afirmaciones falsas”, con el objetivo de “desacreditar” al país en el ámbito internacional. Otro conjunto de 41 recomendaciones (11.3%) fueron recibidas bajo la promesa de que se “tomaría nota” de ellas.
Los señalamientos a Cuba en materia de derechos humanos han sido consistentes en el transcurso de las revisiones del EPU, a partir del registro sistemático de violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento dentro del territorio nacional y prohibiciones de salida del país, falta de independencia judicial, censura y control sobre Internet. Esta evaluación reciente, correspondiente al cuarto ciclo del EPU, también presentó críticas y recomendaciones al régimen, enfocadas en la preocupante situación de los derechos humanos en el país.
Durante las pre-sesiones del EPU, la sociedad civil recomendó al gobierno cubano ajustar la legislación interna a los estándares internacionales, para garantizar el debido proceso y la independencia judicial. Además, instó al cese de la criminalización e intimidación de las personas que ejercen su derecho a la manifestación, revisar y modificar las regulaciones que limitan la libertad de asociación y despenalizar las organizaciones no registradas.
No obstante, el gobierno cubano ha demostrado reiteradamente la falta de voluntad política para asumir y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Como estado miembro de la ONU, Cuba tiene la obligación de cumplir con el derecho internacional y garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos. Esta responsabilidad implica no sólo reconocer las violaciones de derechos fundamentales que ocurren sistemáticamente en la Isla, sino también adoptar medidas concretas para abordarlas y rendir cuentas ante los mecanismos internacionales.
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