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Parte de la serie Muertes bajo custodia · 2024–2026

Muertes en custodia y otras muertes potencialmente ilícitas en Cuba: contextos no penitenciarios (2024–2026)

Imagen de portada con una escena en la vía pública y una columna de humo al fondo.

Executive Summary

El presente informe constituye una actualización del análisis realizado por Cubalex en 2024 sobre las muertes ocurridas bajo custodia y control estatal en Cuba, correspondiente a cuatro contextos distintos del ámbito penitenciario —unidades de detención de la PNR y la Seguridad del Estado, hospitales y el circuito sanitario-psiquiátrico, el Servicio Militar Obligatorio, y agentes del Estado fuera de contextos formales de reclusión, incluido el escenario migratorio y fronterizo— junto con un análisis específico sobre feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal. El período analizado comprende del 1 de febrero de 2024 al 30 de junio de 2026, y el monitoreo de Cubalex registra un total de 49 víctimas en los cuatro primeros contextos, cifra que se suma al análisis particular del feminicidio, desarrollado con metodología propia.

El marco conceptual del informe se sustenta en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) y en la Observación General Nº 35 del Comité de Derechos Humanos, que ofrece una interpretación material y funcional de la privación de libertad —no agotada en la detención policial o la prisión, sino extendida a la hospitalización involuntaria, el internamiento de niños en instituciones y otras formas de restricción de movimiento sin consentimiento libre. A partir de este marco, el informe distingue analíticamente entre la muerte potencialmente ilícita como categoría paraguas, la muerte en custodia —que activa una presunción reforzada de responsabilidad estatal— y la ejecución extrajudicial, configurada por conductas activas de agentes estatales incompatibles con el uso legítimo de la fuerza, sin que estas categorías sean mutuamente excluyentes.

En las unidades de detención de la PNR y de la Seguridad del Estado, Cubalex documentó 7 muertes, de las cuales 5 (71,4 %) fueron registradas con referencias a violencia o acoso y a ejecución extrajudicial, incluyendo los casos de Víctor Ángel Rodríguez Martí y Félix Lázaro Reinoso. Dos de los siete casos (28,6 %) corresponden a ahorcamientos ocurridos en la misma unidad policial de Manicaragua (Villa Clara), que junto con el caso de Yasmani Aranguren Caraballo en La Habana —cuya muerte fue atribuida oficialmente a una autolesión por adicción— evidencia tanto la concentración territorial del riesgo como la ampliación del catálogo de narrativas institucionales de cierre. Tres de las siete víctimas fueron identificadas como afrodescendientes.

En el circuito hospitalario y sanitario-psiquiátrico, el informe documentó 6 casos, 5 de ellos vinculados al internamiento psiquiátrico o de institucionalización de facto (Hospital Psiquiátrico de Guantánamo, Mazorra, Hospital Julio Trigo y el nuevo caso del Hospital Psiquiátrico Docente de Cienfuegos), y un sexto caso —el de Oscar Vargas Labrada— que ilustra una variante distinta de opacidad post mortem, con sepultura sin consentimiento ni aviso a la familia. El subgrupo documenta además un caso de violencia entre pacientes internados (Arelys Pérez, en Cienfuegos) y un caso de negligencia grave en el tránsito entre una institución de cuidado prolongado y un hospital general, con desenlace por hipotermia. El universo se compone de 3 hombres y 3 mujeres, con 2 víctimas afrodescendientes.

En el Servicio Militar Obligatorio, Cubalex registró 20 eventos y 29 víctimas, todas ellas hombres, con una concentración etaria estrecha entre los 18 y 21 años. El eje dominante de letalidad es la exposición a riesgos previsibles asociados a armas, municiones y material de guerra, presente en 11 de las 29 víctimas (37,9 %), ilustrado por el caso de Ángel Ernesto Apóstol y reforzado por la concentración territorial en Holguín (10 de 29, 34,5 %) y La Habana (8 de 29, 27,6 %), con el evento masivo de Rafael Freyre —la explosión de Melones— que por sí solo produjo 9 víctimas (31,0 %). Los suicidios representan 7 de las 29 víctimas (24,1 %), y el caso de Dailier Rodríguez Tamayo constituye la evidencia más directa documentada de incumplimiento del deber de prevención, al haberse desatendido una contraindicación médica expresa que impedía que portara armas o fuera sometido a estrés. Dieciséis de las 29 víctimas (55,2 %) fueron registradas como afrodescendientes.

Fuera de contextos formales de reclusión, el informe documenta 3 muertes causadas por agentes policiales —los casos de Juan Eralys Cayamo, Ernesto Figueredo Alarcón y Luis Yasser Mesa Brito—, con las tres víctimas identificadas como hombres afrodescendientes y al menos dos de los tres casos compatibles con la hipótesis de ejecución extrajudicial. A ello se suma el primer caso documentado en el período de una ejecución extrajudicial en contexto migratorio y fronterizo: el hecho de Corralillo (Villa Clara), en el que cuatro personas vinculadas al Partido Republicano Cubano fueron ejecutadas por guardafronteras, y que fue objeto de un pronunciamiento oficial explícito del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirmando con evidencia directa los patrones de securitización y criminalización que el informe documentaba hasta ahora solo mediante antecedentes históricos como Bahía Honda y Cayo Falcones.

49 víctimas documentadas en contextos no penitenciarios

Febrero de 2024–junio de 2026. PNR y Seguridad del Estado: 7; hospitales y circuito sanitario-psiquiátrico: 6; Servicio Militar Obligatorio: 29; agentes policiales fuera de reclusión, sin escenario migratorio: 3; contexto migratorio y fronterizo: 4.

Recuentos del universo documentado: no son tasas de riesgo. El feminicidio se analiza aparte, con otro periodo y metodología, y no se suma a estas 49 víctimas.

Fuente: cifras del resumen ejecutivo de este informe, párrafos sobre cada contexto.

Consult the data in the chart
49 víctimas documentadas en contextos no penitenciarios
Indicador / categoríaRecuento
PNR y Seguridad del Estado7
Hospitales y circuito sanitario-psiquiátrico6
Conscription29
Agentes policiales fuera de reclusión, sin escenario migratorio3
Contexto migratorio y fronterizo4

En materia de feminicidio, el monitoreo de contexto realizado por Cubalex entre enero de 2023 y marzo de 2026 documentó al menos 194 feminicidios verificados en Cuba, contrastados con los registros del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). Dentro de ese universo, el informe identifica un subconjunto de casos —como los de Nancy Peña, Yunisleivi Fernández, Mileidis Díaz, Yenifer Vargas Gómez, Dagnis Hernández Milanés y la adolescente Leydi Bacallao, asesinada dentro de una estación policial— en los que la responsabilidad estatal se configura por omisión frente a riesgos conocidos o por el ejercicio de control efectivo sobre el agresor o el espacio, conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluido el precedente de la Corte IDH en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México.

La opacidad institucional —expresada en narrativas oficiales de cierre que atribuyen prematuramente las muertes a “suicidio”, “infarto”, “accidente” o autolesión— y la vulnerabilidad interseccional de las víctimas, con una afectación desproporcionada de hombres jóvenes y personas afrodescendientes, constituyen elementos transversales a los cinco contextos analizados que agravan la producción de estas muertes y limitan su esclarecimiento. En el Servicio Militar Obligatorio, este patrón se inscribe además en un régimen de criminalización con más de tres décadas de continuidad normativa, que alcanza, en sus márgenes, el reclutamiento de adolescentes menores de 18 años y una mayor letalidad entre los reclutas asignados a funciones de custodia penitenciaria.

En atención a estos hallazgos, el informe formula las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado cubano:

1. Garantizar investigaciones independientes, prontas y efectivas sobre toda muerte bajo custodia o control estatal. El Estado debe asegurar que toda muerte ocurrida en contextos de custodia o control efectivo sobre la persona sea objeto de una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota, con preservación de evidencia, reconstrucción completa de los hechos, participación efectiva de los familiares y acceso a peritajes independientes.

2. Crear mecanismos independientes de supervisión de los espacios de custodia y control estatal, con acceso irrestricto a unidades policiales y dependencias de la Seguridad del Estado, instituciones sanitarias con régimen de internamiento, y unidades militares, con facultades para inspeccionar, documentar condiciones, recibir denuncias y emitir recomendaciones vinculantes.

3. Garantizar transparencia y acceso a la información en casos de muertes potencialmente ilícitas, incluyendo que las familias reciban información completa, veraz y oportuna, se eliminen prácticas de ocultamiento informativo y se permita el acceso a expedientes, informes forenses y resultados investigativos. Esto incluye publicar la normativa interna del Ministerio del Interior que hoy regula de forma no pública los traslados, el uso de la fuerza, los medios coercitivos y la atención médica en custodia.

4. Adoptar medidas efectivas de prevención en contextos de custodia, incluyendo acceso oportuno a atención médica, identificación y seguimiento de personas en situación de riesgo, medidas de prevención del suicidio y condiciones materiales compatibles con la dignidad humana.

5. Revisar el uso de la fuerza conforme a estándares internacionales, garantizando que la fuerza letal se utilice solo como último recurso y bajo criterios de estricta necesidad y proporcionalidad, e investigando de forma independiente todo uso letal de la fuerza, incluidos los operativos de control migratorio y fronterizo.

6. Reformar el marco normativo y las prácticas del Servicio Militar Obligatorio, eliminando prácticas que expongan a reclutas a riesgos previsibles, garantizando atención médica y apoyo psicosocial, absteniéndose de criminalizar la autolesión, asegurando mecanismos de denuncia y supervisión externa, reconociendo el derecho a la objeción de conciencia y eliminando el carácter obligatorio del servicio militar.

7. Prohibir expresamente el reclutamiento de menores de 18 años en el Servicio Militar, incluso bajo la figura del alistamiento “voluntario”, conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

8. Fortalecer la protección en contextos sanitarios de internamiento, garantizando el consentimiento informado, la supervisión externa de instituciones psiquiátricas, la comunicación con familiares y la prevención de violencia, negligencia y abandono institucional.

9. Derogar el Acuerdo 10056/2025 sobre “conducta deambulante”, que habilita la captación, traslado e internamiento de personas en situación de calle sin garantías suficientes de consentimiento informado ni control judicial efectivo.

10. Adoptar políticas efectivas de prevención del feminicidio, estableciendo mecanismos de respuesta inmediata ante denuncias, medidas de protección eficaces y oportunas, seguimiento y control de agresores en contextos de riesgo, y debida diligencia en la prevención, investigación y sanción.

11. Crear una red de refugios seguros, confidenciales y libres de violencia, estigmatización o discriminación por cualquier motivo, para mujeres víctimas de violencia doméstica que necesiten alejarse de su agresor.

12. Incorporar un enfoque interseccional en las políticas de prevención, que reconozca y atienda condiciones de vulnerabilidad como pertenencia racial, edad, condiciones de salud y situación de detención, reclutamiento militar o dependencia institucional.

13. Combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas, investigando y sancionando a los responsables, asegurando la independencia de fiscales, forenses y órganos investigativos, protegiendo a denunciantes y familiares frente a represalias, y garantizando medidas de reparación integral.

14. Crear un sistema público de registro de muertes bajo custodia y muertes potencialmente ilícitas, con datos desagregados por contexto, territorio y perfil de las víctimas, información sobre las circunstancias de la muerte y estado de las investigaciones.

En su conjunto, estas recomendaciones buscan revertir los déficits estructurales identificados, fortalecer las garantías del derecho a la vida y asegurar que toda muerte bajo custodia o potencialmente ilícita sea debidamente esclarecida, investigada con rigor y acompañada de justicia y reparación.

Introduction

El presente informe constituye una actualización y profundización del análisis realizado por Cubalex en 2024 sobre las muertes ocurridas bajo custodia del Estado cubano. Aquel primer informe permitió identificar, sistematizar y visibilizar un conjunto de 56 muertes que, aunque diversas en sus circunstancias inmediatas, compartían un elemento común: todas se produjeron en contextos en los que el Estado ejercía control efectivo sobre la vida, la integridad o la libertad de las personas fallecidas, ya fuera de manera directa o por omisión.

El informe de 2024 se propuso, desde el inicio, analizar patrones, identificar factores de riesgo y encuadrar los hechos dentro de los estándares internacionales aplicables a la privación de libertad, el uso de la fuerza y la obligación estatal de prevenir, investigar y sancionar muertes potencialmente ilícitas. Para ello, se partió de una conceptualización amplia de la muerte en custodia, basada en el principio de que toda persona cuya libertad se encuentra restringida —o cuya vida e integridad dependen del control efectivo ejercido por agentes estatales o por estructuras bajo su autoridad— se halla bajo custodia del Estado, con independencia de la forma jurídica específica que adopte dicha situación.

Desde este enfoque, inspirado en los criterios desarrollados por el Protocolo de Minnesota, Cubalex adoptó una clasificación amplia de la custodia estatal que incluye a personas fallecidas durante interacciones directas o indirectas con fuerzas de seguridad, a reclutas del servicio militar obligatorio sometidos a regímenes severos de control institucional y restricción efectiva de su libertad, a personas fallecidas en contextos de internamiento sanitario o psiquiátrico, a víctimas de intervenciones letales de agentes estatales fuera de contextos formales de reclusión, y a mujeres asesinadas en contextos de inacción estatal en los que las autoridades tenían una obligación reforzada de protección. Esta aproximación reconoció que la custodia no se agota en la detención penal clásica, sino que abarca un conjunto más amplio de situaciones en las que el Estado ejerce control, supervisión o dominio suficiente sobre una persona como para asumir responsabilidad por lo que le ocurra, incluida su muerte.

La actualización que ahora se presenta parte de esos hallazgos identificados y los proyecta en el tiempo, con el objetivo de profundizar en la comprensión de las muertes ocurridas en contextos de custodia y control estatal distintos al ámbito penitenciario, en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026. El monitoreo realizado por Cubalex durante este período registra un total de 49 víctimas en estos contextos —unidades de detención de la PNR y la Seguridad del Estado, hospitales y el circuito sanitario-psiquiátrico, el Servicio Militar Obligatorio, y agentes del Estado fuera de contextos formales de reclusión—, cifra que se suma al análisis específico sobre feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal desarrollado en la última sección de este informe.

En este informe, Cubalex desagrega analíticamente los contextos de custodia y control estatal no vinculados directamente al ámbito penitenciario, distinguiendo entre situaciones de privación de libertad no penal —como la detención policial, el servicio militar o el internamiento sanitario— y aquellas en las que, sin existir un control físico directo sobre la víctima, el Estado mantenía una obligación reforzada de protección, como ocurre en el feminicidio. Esta distinción permite examinar con mayor precisión cómo operan, en distintos ámbitos institucionales, los mismos déficits estructurales de prevención, control y rendición de cuentas identificados en el análisis del sistema penitenciario.

En el ámbito de la custodia policial, el análisis se concentra en los fallecimientos producidos en estaciones de la policía y dependencias de la Seguridad del Estado y durante el curso de detenciones. Estos escenarios revelan patrones persistentes de negligencia, uso indebido de la fuerza, deficiencias en la atención médica y ausencia de investigaciones independientes, en contextos donde la privación de libertad activa de manera inequívoca la responsabilidad del Estado como garante de la vida y la integridad personal.

De forma complementaria, el informe incorpora un análisis específico de muertes ocurridas en contextos de custodia no penal, que históricamente han quedado sometidos a un menor escrutinio público. En esta categoría se incluyen, por un lado, los fallecimientos de personas sometidas a internamiento forzoso de carácter administrativo o asistencial, en particular en hospitales psiquiátricos, con especial atención a personas en situación de calle catalogadas por las autoridades como "deambulantes". Por otro, se examinan las muertes de reclutas durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio, en un entorno de control institucional y restricción efectiva de la libertad personal que justifica su análisis como situaciones de custodia estatal. Finalmente, se abordan los casos de uso letal de la fuerza por agentes estatales fuera del ámbito penal estricto, incluyendo muertes ocurridas durante operativos de persecución en contextos migratorios, así como muertes —principalmente feminicidios— precedidas de denuncias formales en las que la inacción estatal resultó determinante para el desenlace fatal.

En este informe de actualización, Cubalex fortalece además el marco jurídico de análisis mediante la incorporación expresa de la Observación General Nº 35 del Comité de Derechos Humanos, que ofrece una interpretación autorizada de los conceptos de libertad y seguridad personal. Este instrumento adopta una concepción material y funcional de la privación de libertad, definida como una restricción de movimientos más estricta y en un espacio más limitado que la mera interferencia con la libertad de circulación, impuesta sin el libre consentimiento de la persona y bajo el control de autoridades estatales o de entidades autorizadas por el Estado. En este sentido, precisa que la privación de libertad no se agota en la detención policial o la prisión tras una condena, sino que comprende un amplio espectro de situaciones, entre ellas la reclusión preventiva, la detención administrativa, el arresto domiciliario, la hospitalización involuntaria, el internamiento de niños en instituciones, el confinamiento en zonas restringidas de aeropuertos y el traslado contra la propia voluntad, así como determinadas restricciones adicionales impuestas a personas ya recluidas, como el aislamiento o el uso de dispositivos de restricción de la movilidad. Esta interpretación refuerza el enfoque adoptado por Cubalex desde su informe de 2024 y legitima la inclusión de contextos no penales dentro del análisis de muertes en custodia.

En esta misma línea, la profundización en los estándares internacionales que se desarrolla en el presente informe permitirá constatar que toda privación de libertad —ya sea de carácter penal o no penal— exige la existencia de salvaguardias efectivas y operativas, entre ellas el registro adecuado de las detenciones, el acceso real a mecanismos de revisión judicial independientes, la supervisión externa de los lugares de custodia y la apertura inmediata de investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas ante cualquier alegación de violación de derechos. La ausencia sistemática de estas garantías, constatada ya en el informe de 2024, así como la reiterada falta de investigaciones diligentes frente a muertes ocurridas bajo custodia o control estatal, propicia la comisión de graves violaciones de derechos humanos, principalmente, contra el derecho a la vida y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este contexto se ve agravado por la intervención de miembros de instituciones armadas y cuerpos de seguridad del Estado en los hechos analizados, así como por la ausencia de regulaciones claras, públicas y ajustadas a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas en estos escenarios de actuación estatal. En este sentido, el presente informe profundiza y amplía el análisis del marco normativo interno, con el objetivo de examinar cómo estos déficits regulatorios obstaculizan la rendición de cuentas y contribuyen a la impunidad frente a las muertes ocurridas bajo custodia o control estatal.

La ausencia de investigaciones independientes, la falta de sanción a los responsables y la inexistencia de medidas efectivas de no repetición consolidan un patrón en el que la muerte bajo control estatal se normaliza, se invisibiliza y queda sustraída al escrutinio público. Frente a todo lo anterior, el presente ejercicio de actualización resulta pertinente y necesario en la medida en que da continuidad analítica al trabajo iniciado en 2024, permitiendo no solo ampliar el registro de casos, sino también profundizar en la identificación de patrones, dinámicas institucionales y marcos normativos que inciden en la producción de las muertes bajo custodia estatal. Por medio del presente informe, reafirmamos, en definitiva, que documentar, analizar y contextualizar estas muertes constituye una forma de disputar el silencio institucional y de reafirmar que toda muerte ocurrida bajo custodia del Estado compromete, de manera directa, su responsabilidad internacional.

Marco conceptual y tipología de las muertes potencialmente ilícitas

Las muertes potencialmente ilícitas constituyen una categoría jurídica amplia desarrollada en el derecho internacional de los derechos humanos para identificar aquellos fallecimientos en los que existe una sospecha razonable de violación del derecho a la vida. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), esta categoría abarca no solo las muertes causadas directamente por agentes del Estado, sino también aquellas en las que el Estado pudo haber contribuido mediante acción, aquiescencia u omisión, incluyendo situaciones en las que incumplió su deber de prevenir riesgos previsibles contra la vida. El Protocolo establece que el deber de investigar se activa siempre que el Estado tenga conocimiento, o debiera haberlo tenido, de una muerte potencialmente ilícita, incluso en ausencia de una denuncia formal, lo que refuerza el carácter preventivo y garantista de esta obligación internacional.

Dentro de este marco general, las muertes bajo custodia constituyen una subcategoría específica caracterizada por el control directo y efectivo del Estado sobre la persona fallecida. El Protocolo de Minnesota reconoce que cuando una persona muere mientras se encuentra privada de libertad o bajo la custodia de autoridades estatales —ya sea en prisiones, estaciones policiales u otras instituciones donde el Estado ejerce un control estricto sobre su vida— se activa una presunción general de responsabilidad estatal. Esta presunción se fundamenta en el deber reforzado de garantía que recae sobre el Estado en contextos de privación de libertad, donde la persona depende completamente de las autoridades para su seguridad, integridad y acceso a servicios esenciales como la atención médica.

In this sense, it is legally consistent to assert that every death in custody should be considered, at first glance, as a potentially unlawful death. This does not imply that all deaths in custody are automatically unlawful, but rather that, given the conditions of absolute state control, there is an initial suspicion that compels a rigorous, independent, and effective investigation. The burden of proof, in these cases, shifts to the state, which must demonstrate that it fulfilled its obligations of protection and that the death was not the result of an action or omission attributable to its agents.

Por otro lado, no todas las muertes potencialmente ilícitas ocurren en contextos de custodia. Esta categoría también incluye situaciones en las que el Estado no tenía un control físico directo sobre la víctima, pero sí un deber claro de protección que fue incumplido. Un ejemplo paradigmático es el feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal, en el que las autoridades tenían conocimiento previo de amenazas o situaciones de riesgo y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir el desenlace fatal. En estos casos, la responsabilidad estatal se configura por omisión, en la medida en que no se actuó con la debida diligencia para proteger la vida, lo cual también se encuentra comprendido dentro del alcance del Protocolo de Minnesota al referirse a la obligación estatal de proteger frente a riesgos previsibles.

Regarding the relationship with extrajudicial executions, these should be understood as an aggravated form of potentially unlawful killing, characterized by the deprivation of life as a result of the direct action of state agents—or private individuals acting with their authorization, support, or acquiescence—through the use of lethal or potentially lethal force in violation of legal and human rights standards. Unlike other potentially unlawful killings, which may result from state omissions, negligence, or lack of protection, extrajudicial executions are primarily linked to active conduct that generates a foreseeable risk of death, such as shootings, beatings, asphyxiation, ramming, or any form of violence incompatible with the legitimate use of force.

While some extrajudicial killings may occur in custodial settings, many take place outside of them, for example, during police operations, criminal prosecutions, or immigration enforcement. However, in contexts of deprivation of liberty, the distinction between death in custody and extrajudicial killing is not always mutually exclusive, since a single death can meet both criteria when there is evidence that state agents directly caused the death through the use of force. In these cases, the classification does not depend on proof of a specific intent to kill—which is often inaccessible in contexts of institutional opacity—but rather on the existence of objective elements that allow one to infer that the death was the consequence of an arbitrary, abusive, or incompatible state action that violates the duty to guarantee life.

In this regard, according to the Minnesota Protocol, the analysis should focus on whether the death could have been caused by acts or omissions of the State or in violation of its obligation to protect life, and not solely on the subjective intent of the perpetrator. This approach allows for a more appropriate classification in contexts where access to information is limited, investigations lack independence, and patterns of cover-up exist. Thus, the identification of a possible extrajudicial execution can be based on indicators such as the presence of injuries inconsistent with the official version, the lack of documentation, the victim's prior incommunicado status, or contradictions in the State's account, without it being necessary to fully establish the perpetrator's intent at this stage.

En consecuencia, la relación entre estas categorías puede comprenderse de manera estructural: la muerte potencialmente ilícita funciona como una categoría paraguas que engloba todas aquellas muertes respecto de las cuales existen indicios de responsabilidad estatal, ya sea por acción, omisión o incumplimiento del deber de protección; la muerte en custodia se define por el contexto de control estatal sobre la persona y activa una presunción reforzada de responsabilidad; y la ejecución extrajudicial se configura por el tipo de conducta atribuible a agentes del Estado, particularmente cuando la muerte resulta del uso de fuerza letal o potencialmente letal, o de actuaciones arbitrarias incompatibles con los estándares que rigen el uso de la fuerza. En este marco, la calificación no depende exclusivamente de la prueba de una intención específica de matar, sino de la existencia de elementos objetivos que permitan inferir que la privación de la vida es consecuencia de una actuación estatal abusiva o contraria a sus obligaciones internacionales. Esta distinción permite organizar de manera coherente el análisis de los casos en contextos de alta opacidad, sin perder de vista que en todos ellos subyace una obligación común del Estado: respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida conforme a los estándares internacionales.

Patrones territoriales, contextos de ocurrencia y perfiles de las víctimas según el monitoreo de Cubalex

El monitoreo realizado por Cubalex para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026 registra un total de 49 víctimas en los cuatro contextos de custodia y control estatal no penitenciarios documentados en este informe —unidades de detención de la PNR y la Seguridad del Estado (7 víctimas), hospitales y el circuito sanitario-psiquiátrico (6 víctimas), Servicio Militar Obligatorio (29 víctimas) y agentes del Estado fuera de contextos formales de reclusión, incluido el escenario migratorio y fronterizo (7 víctimas)—, además del análisis específico sobre feminicidio en contextos de deber reforzado de protección estatal, que se desarrolla con metodología propia en la última sección de este informe. Estos datos confirman una segunda lógica de ocurrencia, distinta de la centrada en personas privadas de libertad por resolución judicial, en la que se concentran las muertes múltiples y de mayor impacto del período. Cada uno de estos contextos presenta, además, su propio perfil territorial, de mecanismos de muerte y de vulnerabilidad interseccional, que se desarrolla con el detalle correspondiente en cada apartado de este informe.

Informes por contexto de ocurrencia

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