Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contextos migratorios y de control fronterizo (2024–2026)
1. Delimitation of the universe
Este informe complementa el análisis sobre letalidad policial fuera de contextos formales de reclusión, desarrollado en el informe «Muertes causadas por agentes del Estado fuera de contextos formales de reclusión», enfocándose específicamente en el escenario migratorio y de control fronterizo, donde intervienen actores —guardafronteras, Guardia Costera— y una trayectoria histórica propia que se remonta a más de sesenta años.
2. Antecedentes históricos y patrones documentados
En el período analizado, documentamos por primera vez en nuestro subregistro un caso de ejecución extrajudicial ocurrido en un contexto migratorio y de control fronterizo: el 25 de febrero de 2026, en Corralillo (Villa Clara), cuatro personas —Michel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Pavel Alling Peña y Héctor Duani Cruz Correa— fueron ejecutadas en un enfrentamiento con guardafronteras. Las cuatro víctimas estaban vinculadas al Partido Republicano Cubano (PRC).1 Este hallazgo confirma, con un caso concreto dentro del propio período de monitoreo, la relevancia analítica que este informe ya atribuía al escenario migratorio y fronterizo aun en ausencia de registros directos, y obliga a examinar el hecho a la luz de los antecedentes históricos y de los patrones ya identificados en escenarios como Bahía Honda y Cayo Falcones.
El contexto de las ejecuciones extrajudiciales en escenarios migratorios en Cuba no puede entenderse como una suma de hechos aislados, sino como el resultado de una estructura estatal que combina control territorial, criminalización de la movilidad humana y opacidad institucional. La migración, lejos de ser tratada como un derecho o una necesidad socioeconómica, ha sido históricamente conceptualizada por el Estado como una forma de deslealtad política, lo que permite activar respuestas securitarias desproporcionadas. En este marco, los operativos de intercepción —particularmente en zonas costeras o fronterizas— se desarrollan bajo lógicas militares, donde las personas migrantes son tratadas como amenazas y no como civiles en situación de vulnerabilidad. Este enfoque facilita el uso de la fuerza letal en contextos donde no existe una amenaza real que lo justifique, configurando escenarios típicos de ejecución extrajudicial.
El informe elaborado por Archivo Cuba documenta una serie de hechos que pueden ser calificados como masacres en el contexto de intentos de salida del país por vía marítima, evidenciando el uso reiterado de la fuerza letal contra civiles. Uno de los primeros casos es la masacre de Barlovento, ocurrida en 1962, en la que cinco personas fueron asesinadas cuando una lancha de la Marina cubana abrió fuego con ametralladoras contra una embarcación civil que intentaba salir del país, en un contexto donde el plan había sido previamente infiltrado por un informante. Dos años después, en 1964, se registraron varios episodios similares, entre ellos la masacre de la familia Prendes, en la que cuatro personas, incluidos niños, murieron cuando guardias fronterizos dispararon contra la embarcación en la que intentaban huir, y la masacre de Banes, donde seis personas —entre ellas menores de uno, cuatro y cinco años— fueron asesinadas en un ataque armado durante un intento de salida por mar.2
En 1971 se produjo la masacre de la familia Lazo, en la que al menos cuatro personas murieron cuando una embarcación de la Guardia Costera embistió y hundió la balsa en la que intentaban escapar, a pesar de las súplicas de los ocupantes. Este caso evidencia no solo el uso de la fuerza letal, sino también la ausencia de medidas de rescate, incluso cuando había menores a bordo. La violencia alcanzó niveles particularmente graves en la masacre del río Canímar, en 1980, donde aproximadamente 56 personas murieron como resultado de un operativo que incluyó disparos desde lanchas, ataques desde el aire y la embestida final para hundir la embarcación, lo que demuestra el uso combinado de medios militares contra civiles.3
En 1994 tuvo lugar la masacre del remolcador “13 de marzo”, uno de los casos más emblemáticos, en el que 37 personas, incluidos ocho niños, murieron tras un ataque que combinó chorros de agua a presión, embestidas deliberadas y acciones dirigidas a impedir el rescate de los sobrevivientes. La violencia no cesó con el hundimiento de la embarcación, sino que continuó en el agua, lo que evidencia un patrón de actuación orientado a provocar la muerte de los ocupantes . Este patrón se mantiene en años posteriores, como en la masacre de La Talía en 2011, donde una persona fue encontrada muerta con impactos de bala y al menos otras diecisiete permanecen desaparecidas, presumiblemente fallecidas, tras la intervención de guardias fronterizos .4
Más recientemente, en 2022, se documenta la masacre de Bahía Honda, en la que siete personas, incluida una niña, murieron cuando la Guardia Costera cubana embistió deliberadamente una embarcación civil. Los testimonios de sobrevivientes señalan que, además del hundimiento, hubo retrasos en el rescate y amenazas posteriores para silenciar a las víctimas, lo que refleja la continuidad de prácticas represivas en el tiempo.5
Los registros de monitoreo de Cubalex sobre Bahía Honda permiten advertir, además, otros patrones que profundizan esa lectura y que no se agotan en el momento de la agresión letal. En primer lugar, se observa una gestión fragmentada y opaca de la información sobre las víctimas, con reportes sucesivos que fueron elevando la cifra de personas fallecidas a medida que aparecían nuevos cuerpos o se confirmaban nuevas muertes, en lugar de existir una rendición de cuentas inmediata, completa y verificable por parte de las autoridades. Esa secuencia no solo refuerza la falta de transparencia estatal, sino que también revela deficiencias graves en la búsqueda, identificación y notificación de las víctimas.
En segundo lugar, los eventos documentados muestran que la violencia estatal no terminó con el hundimiento de la embarcación, sino que se prolongó en forma de hostigamiento, intimidación y coacción contra los familiares de las víctimas. Las amenazas de prisión a quienes continuaban denunciando en redes sociales y el traslado de Diana Meizoso a Villa Marista para ser interrogada y presuntamente forzada a ofrecer declaraciones videograbadas evidencian un patrón de represión posterior orientado a controlar el relato público, castigar la denuncia y desarticular las demandas de verdad y justicia. Esto añade un componente central al análisis: no se trata solo del uso letal de la fuerza, sino también de la persecución de sobrevivientes y familiares, de la revictimización de quienes reclaman esclarecimiento y del empleo de los aparatos de seguridad del Estado para imponer silencio e impunidad.6
Otro patrón relevante, visible tanto en Bahía Honda como en el caso de Corralillo (Villa Clara): la construcción temprana de narrativas oficiales de securitización y criminalización para legitimar el uso letal de la fuerza. En ambos casos, las autoridades encuadraron los hechos desde el inicio en términos de infracción, agresión o amenaza a la seguridad del Estado, presentando a las víctimas como sujetos peligrosos o como parte de una acción hostil, antes de que existiera un esclarecimiento independiente, completo y verificable de lo ocurrido. En Corralillo, esta narrativa se manifestó a través de una declaración pública del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien encuadró el hecho en términos oficiales antes de que mediara cualquier investigación independiente.7 Esta misma postura fue reiterada meses después por el Estado cubano ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas. Allí calificó los hechos como «agresión armada» e «infiltración terrorista» y sostuvo, de manera categórica, que no guardaban relación con desapariciones forzadas. Sin embargo, no aportó documentación verificable sobre el paradero, el estado de salud, el acceso a la defensa ni las comunicaciones familiares de los sobrevivientes. Tampoco explicó las circunstancias de la muerte bajo custodia de Roberto Álvarez Ávila, ocurrida el 4 de marzo de 2026, días después de que las propias autoridades reconocieran que seguía con vida y bajo atención médica estatal. Tampoco acreditó el consentimiento familiar para la cremación de su cuerpo, lo que eliminó de forma irreversible la posibilidad de una necropsia independiente. Esta misma estructura argumentativa —descalificar a quien denuncia, negar los hechos en general y desviar la atención hacia la imputación penal de las víctimas— se ha repetido en otros casos examinados por el Comité. Y, aunque este argumento estatal no exime al Estado de su obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas, la utilizan como una justificación anticipada que desvía la atención de si la respuesta armada fue proporcional, necesaria y legal, y la traslada hacia la supuesta peligrosidad de quienes intentaban salir del país o entrar a él; lo cual sirve también para manipular la opinión pública internacional.8
Todos estos hechos no son eventos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático de actuación estatal. En este sentido, los casos descritos se insertan en un contexto más amplio en el que Archivo Cuba ha documentado al menos 169 ejecuciones extrajudiciales y 24 desapariciones forzadas relacionadas con intentos de salida del país, lo que refuerza la existencia de una práctica reiterada de privación arbitraria de la vida en contextos migratorios
Un ejemplo paradigmático lo constituye el uso directo de la fuerza contra personas que intentan salir del país. En el caso documentado en Guantánamo en 1994, dos civiles fueron abatidos por disparos de guardafronteras mientras intentaban alcanzar la base naval estadounidense para solicitar asilo, sin que existiera una situación de combate o peligro inminente que justificara el uso de armas de fuego.9 Este tipo de actuación revela una política de disuasión basada en la violencia letal, donde la muerte no es un resultado accidental sino un efecto previsible —y en ocasiones tolerado— de la actuación estatal. A ello se suma un patrón posterior de encubrimiento: negativa a entregar los cuerpos, entierros en fosas no identificadas y estigmatización pública de las víctimas como “traidores”, lo que cumple una doble función de castigo simbólico y control social.10
En contextos más recientes, los operativos de intercepción continúan generando muertes y lesiones graves bajo narrativas oficiales que buscan legitimar la actuación estatal. En el incidente de la lancha en Cayo Falcones en 2026, la intervención estatal produjo varios fallecidos y heridos, en un escenario donde la información disponible proviene casi exclusivamente de fuentes oficiales y carece de verificación independiente. Paralelamente, el discurso estatal tiende a enmarcar estos hechos como acciones defensivas frente a amenazas externas o “terroristas”, lo que desplaza el análisis desde el uso de la fuerza hacia la seguridad nacional. Este encuadre no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también contribuye a normalizar la violencia estatal como una respuesta legítima frente a la migración.11
Leído a la luz de Bahía Honda, este hecho no solo prolonga la secuencia de letalidad estatal en contextos migratorios y fronterizos, sino que confirma la reiteración de patrones ya identificables: uso letal de la fuerza frente a personas en movimiento, construcción temprana de narrativas oficiales de securitización y criminalización, control opaco y fragmentado de la información sobre las víctimas, y condiciones adversas para el esclarecimiento independiente de los hechos. La recurrencia de estos elementos en escenarios distintos sugiere que no se trata de respuestas excepcionales ante hechos aislados, sino de una lógica institucional relativamente estable de gestión violenta, justificación anticipada y bloqueo de la rendición de cuentas.12
Vistos en conjunto, estos casos muestran que, en el contexto migratorio y fronterizo, la violencia letal estatal no opera como un hecho autónomo ni se agota en el momento de la agresión. Se inserta en una secuencia más amplia que incluye la producción inmediata de marcos oficiales orientados a exculpar preventivamente a los agentes estatales, condicionar la percepción pública de lo ocurrido, fragmentar o restringir la información disponible sobre las víctimas y obstaculizar las demandas de verdad, justicia y reparación. La combinación entre fuerza letal, opacidad posterior, criminalización de las víctimas y hostigamiento contra familiares o sobrevivientes permite identificar no solo episodios de violencia extrema, sino un patrón sostenido de impunidad estructural que trasciende los casos individuales y compromete de forma directa la responsabilidad del Estado.
En el contexto cubano, la desaparición no es únicamente la ausencia física de una persona, sino un fenómeno producido por la combinación de privación de libertad, ocultamiento de información y negación institucional.13 En los operativos migratorios, esta dinámica se manifiesta cuando personas interceptadas o heridas son trasladadas a centros de detención o instituciones de salud sin que se informe a sus familiares sobre su paradero, condiciones o estado de salud. Esta situación ha sido documentada en casos donde, aun reconociendo la custodia estatal, no existe información verificable sobre la ubicación de las personas, lo que configura elementos típicos de desaparición forzada .
La desaparición funciona, en este contexto, como un mecanismo de encubrimiento de la violencia letal. Cuando una persona muere durante un operativo en el mar o bajo custodia, la ausencia de registros oficiales, la negativa a entregar el cuerpo o la simple falta de información pueden impedir que el hecho sea clasificado como una ejecución. El mar, en particular, se convierte en un espacio de invisibilización: cuerpos que no son recuperados, embarcaciones que desaparecen sin rastro y trayectorias migratorias que se interrumpen sin dejar evidencia documental. Según los análisis disponibles, existe un subregistro significativo de muertes y desapariciones vinculadas a la migración, lo que sugiere que muchas ejecuciones extrajudiciales no son reconocidas como tales, sino absorbidas por la categoría más ambigua de “personas desaparecidas” .
Este fenómeno se refuerza por la ausencia de mecanismos institucionales de búsqueda y registro. En Cuba no existe un sistema público y transparente que permita identificar, documentar y rastrear a personas desaparecidas en contextos migratorios. Las familias, por tanto, quedan en un limbo jurídico y emocional, sin acceso a información, sin posibilidad de activar recursos legales efectivos y sin reconocimiento oficial del daño sufrido. La desaparición, en este sentido, no solo oculta la posible ejecución, sino que prolonga el impacto de la violación en el tiempo, convirtiéndola en una forma continuada de afectación a los derechos humanos.
Finalmente, la relación entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en contextos migratorios debe entenderse como parte de un mismo continuum de violencia estatal. La ejecución representa el acto extremo de privación arbitraria de la vida, mientras que la desaparición garantiza su invisibilización y la impunidad posterior. En un entorno donde el Estado controla la información, limita el acceso a la justicia y define el relato oficial, la frontera entre ambos fenómenos se vuelve difusa. Para efectos analíticos y de clasificación, esto implica que toda desaparición en contexto migratorio —especialmente cuando hay intervención estatal previa— debe ser tratada como un caso potencial de ejecución extrajudicial hasta que se demuestre lo contrario.
A partir del contenido del informe, es posible identificar un conjunto coherente de prácticas, patrones y tendencias que configuran las ejecuciones extrajudiciales en contextos migratorios como una política sostenida en el tiempo, más que como hechos aislados. En primer lugar, se observa un patrón estructural de criminalización de la migración, donde el intento de salir del país es tratado como una conducta ilícita grave, sancionada penalmente y enfrentada mediante mecanismos de control coercitivo. Este marco normativo y político convierte a las personas migrantes en objetivos de intervención estatal, habilitando el uso de la fuerza en escenarios donde, desde el derecho internacional, debería prevalecer la protección de la vida y la integridad personal .
En este contexto, una de las prácticas más consistentes es el uso directo de la fuerza letal contra civiles desarmados, particularmente en el mar. El informe documenta disparos con armas automáticas contra embarcaciones, ataques desde unidades navales y, en algunos casos, incluso intervenciones combinadas con medios aéreos. Estas acciones no responden a situaciones de legítima defensa, sino a operativos de intercepción cuyo objetivo es impedir la salida a toda costa, aun cuando ello implique la muerte de los ocupantes. La reiteración de estos métodos a lo largo de décadas evidencia una tendencia clara hacia la normalización del uso letal de la fuerza como herramienta de control migratorio.
Otro patrón relevante es el uso de mecanismos indirectos de producción de la muerte, que refuerzan la calificación de estas conductas como ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se encuentran la embestida deliberada de embarcaciones, el hundimiento intencional de balsas y el uso de chorros de agua a presión para provocar la caída de personas al mar. Estas prácticas generan condiciones en las que la muerte no solo es previsible, sino altamente probable, lo que permite inferir un nivel de intencionalidad o, al menos, de aceptación consciente del resultado letal. A ello se suma la tendencia a impedir o retrasar el rescate de las víctimas, incluso cuando se trata de niños o personas en situación de extrema vulnerabilidad, lo que constituye una violación adicional del deber de protección de la vida.
El informe también evidencia un patrón sistemático de encubrimiento y control de la información posterior a los hechos. En múltiples casos, los cuerpos de las víctimas no son entregados a sus familias, se prohíben los funerales colectivos y se niega información sobre las circunstancias de la muerte. Asimismo, se documentan amenazas, hostigamiento y represalias contra sobrevivientes y familiares, orientadas a silenciar los hechos y evitar su denuncia. Este conjunto de prácticas no solo impide la rendición de cuentas, sino que contribuye a la invisibilización de las ejecuciones, reforzando un entorno de impunidad.
Una tendencia particularmente relevante es la convergencia entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En muchos casos, las personas interceptadas en el mar desaparecen sin dejar rastro, o sus cuerpos no son recuperados, lo que impide determinar con certeza las circunstancias de su muerte. El propio informe reconoce que miles de personas han desaparecido en el mar en intentos de huida, y que en algunos de estos casos podría haber existido intervención estatal . Esta situación permite que ejecuciones potenciales queden ocultas bajo la categoría de desaparición, dificultando su documentación y clasificación jurídica.
Finalmente, todos estos elementos se insertan en una tendencia más amplia que el informe califica como un ataque sistemático contra una población civil, en los términos del derecho internacional. La repetición de las conductas, la participación de agentes estatales, la existencia de un marco normativo que criminaliza la migración y la presencia de mecanismos de encubrimiento configuran un patrón que trasciende los casos individuales. En este sentido, las ejecuciones extrajudiciales en contextos migratorios en Cuba no solo constituyen violaciones graves del derecho a la vida, sino que pueden ser interpretadas como parte de una política de Estado orientada a disuadir la salida del país mediante el uso de la violencia letal.
3. Conclusiones
El hecho de Corralillo (Villa Clara), con cuatro víctimas, constituye el primer caso documentado dentro del período de monitoreo (2024-2026) de una ejecución extrajudicial en contexto migratorio y de control fronterizo. A diferencia de los casos de letalidad policial fuera del escenario migratorio, documentados en el informe «Muertes causadas por agentes del Estado fuera de contextos formales de reclusión», en Corralillo las víctimas sí estaban vinculadas a una organización política identificada —el Partido Republicano Cubano— y el hecho fue objeto de un pronunciamiento oficial explícito por parte de la Cancillería cubana, en lugar del silencio institucional que caracteriza a esos otros casos. Se desconoce, por el momento, si estas cuatro víctimas pertenecen también a la categoría afrodescendiente documentada en ese otro subgrupo; este dato queda pendiente de verificación con el equipo de monitoreo antes de extender o matizar esa conclusión. En todo caso, este hallazgo confirma, con evidencia directa dentro del período de monitoreo, los patrones de securitización, criminalización y letalidad fronteriza que este informe documentaba hasta ahora únicamente a partir de antecedentes históricos, y refuerza la conclusión de que el escenario migratorio constituye, también en el presente, un ámbito de riesgo activo —y no solo potencial— para el derecho a la vida en Cuba.
Notes and references
Facebook post. (2026, 25 de febrero). [Publicación sobre los cuatro ejecutados en Corralillo].
↩Free Society Project/Cuba Archive. (2022, 30 de noviembre). Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles intentando huir de Cuba
↩Free Society Project/Cuba Archive. (2022, 30 de noviembre). Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles intentando huir de Cuba
↩Free Society Project/Cuba Archive. (2022, 30 de noviembre). Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles intentando huir de Cuba. Archivo Cuba (Free Society Project). (s.f.). El hundimiento del remolcador 13 de marzo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (1996, 16 de octubre). Informe Nº 47/96, Caso 11.431: Víctimas del Barco Remolcador "13 de Marzo" vs. Cuba. Organización de los Estados Americanos (OEA). Archivo Cuba. (2024, febrero). 79 muertes y desapariciones documentadas en 2023 atribuidas al estado cubano. Free Society Project.
↩Consultar: Mario J. Pentón. (2022, 5 de diciembre). El nivel de crueldad de la dictadura militar cubana es tal que son capaces de asesinar a siete personas incluyendo a una niña de sólo cuatro años en Bahía Honda y después obligan a su familia a callar bajo la amenaza de llevarlas a prisión [Post en X]. X. ADN Cuba. (2022, 10 de noviembre). Trasladan para Villa Marista a madre de niña de 2 años asesinada en Bahía Honda [Publicación de Facebook]. Facebook. Mario J. Pentón. (2022, 31 de octubre). #ÚltimoMinuto: Fue hallado el cuerpo de Israel Gómez, otro de los cubanos asesinados por las tropas guardafronteras tras hundir su embarcación en Bahía Honda este fin de semana [Facebook postFacebook. La Hora de Cuba. (2022, 30 de octubre). Indira, de 18 años: sexta víctima del hundimiento por guardafronteras cubanos de la lancha de Bahía Honda [Facebook postFacebook. Mario J. Pentón. (2022). Identifican a otro cuerpo tras el naufragio en Bahía Honda [Video]. YouTube. Cubadebate. (2022, 29 de octubre). Minint informa sobre colisión de embarcaciones al norte de Bahía Honda.
↩Consultar: Mario J. Pentón. (2022, 5 de diciembre). El nivel de crueldad de la dictadura militar cubana es tal que son capaces de asesinar a siete personas incluyendo a una niña de sólo cuatro años en Bahía Honda y después obligan a su familia a callar bajo la amenaza de llevarlas a prisión [Post en X]. X. ADN Cuba. (2022, 10 de noviembre). Trasladan para Villa Marista a madre de niña de 2 años asesinada en Bahía Honda [Publicación de Facebook]. Facebook. Mario J. Pentón. (2022, 31 de octubre). #ÚltimoMinuto: Fue hallado el cuerpo de Israel Gómez, otro de los cubanos asesinados por las tropas guardafronteras tras hundir su embarcación en Bahía Honda este fin de semana [Facebook postFacebook. La Hora de Cuba. (2022, 30 de octubre). Indira, de 18 años: sexta víctima del hundimiento por guardafronteras cubanos de la lancha de Bahía Honda [Facebook postFacebook. Mario J. Pentón. (2022). Identifican a otro cuerpo tras el naufragio en Bahía Honda [Video]. YouTube. Cubadebate. (2022, 29 de octubre). Minint informa sobre colisión de embarcaciones al norte de Bahía Honda.
↩Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX). (2026). Declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.
↩A solicitud de familiares de uno de los sobrevivientes del operativo, Cubalex presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas las Acciones Urgentes núms. 2240/2026 a 2244/2026, que fueron respondidas por el Estado cubano. Cubalex. (2026, 28 de julio). Cubalex Challenges the Cuban State's Response Regarding Survivors of the Florida-Registered Boat. Cubalex.
↩Free Society Project & Cuba Archive. (2020). Cuba: border guard killings at Guantánamo.
↩Free Society Project & Cuba Archive. (2022). Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles intentando huir de Cuba (Actualizado el 30 de noviembre de 2022).
↩Cubalex. (2026, marzo 4). Una semana después de incidente de lancha de Florida: desapariciones forzadas y deber del Estado. Fuentes Puebla, T. (2026, febrero 26). Fernández de Cossío asegura que Cuba tiene la responsabilidad de proteger sus costas ante amenaza terrorista. Cubadebate.
↩Consultar: Human Rights Watch. (2020, July 28). Cuba: Protest over police killing suppressed, Human Rights Watch. (2022, July 11). Prison or exile: Cuba’s systematic repression of July 2021 demonstrators, The Guardian. (2022, October 29). At least five dead as a boat heading toward US sinks off Cuba, Amnesty International. (1997, June 30). Cuba: The sinking of the “13 de Marzo” tugboat on 13 July 1994, El País. (2026, February 25). Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha rápida civil de Estados Unidos, Archivo Cuba (Free Society Project). (s.f.). El hundimiento del remolcador 13 de marzo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (1996, 16 de octubre). Informe Nº 47/96, Caso 11.431: Víctimas del Barco Remolcador "13 de Marzo" vs. Cuba. Organización de los Estados Americanos (OEA). Archivo Cuba. (2024, febrero). 79 muertes y desapariciones documentadas en 2023 atribuidas al estado cubano. Free Society Project. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2024). Informe Anual 2024: Capítulo IV.B - Cuba. OEA. ABC. (2026, 25 de febrero). La Policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación de EE.UU.: Otras seis han resultado heridas [Publicación de Instagram]. Cubadebate. (2026, 25 de febrero). Identifican a participantes de infiltración armada frustrada en Villa Clara. Acosta, C. (2026, 25 de febrero). [Artículo sobre la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida en Cuba]. El Mundo.
↩Diversent, L. (2025, noviembre 24). El silencio del régimen frente a las desapariciones en Cuba. Alas Tensas.
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