Junio estuvo marcado por la profundización de las tendencias observadas en meses anteriores: la crisis energética se combinó con una crisis hídrica y sanitaria de magnitud creciente, mientras el deterioro de las condiciones materiales de vida y el aumento del descontento social coincidieron con una respuesta estatal orientada al control, la propaganda de "estado de guerra" y la contención de la protesta.

Los apagones prolongados no solo afectaron el suministro eléctrico: interrumpieron el bombeo de agua potable, dificultaron la conservación de alimentos, limitaron la movilidad y comprometieron el funcionamiento de los centros de salud. Esta situación evidencia un impacto transversal sobre el acceso al agua, la alimentación, la atención médica y otros servicios indispensables para la vida digna.

Como consecuencia, Cubalex registró un nuevo récord histórico de protestas en Cuba: 253 a lo largo del mes, 20 más que en marzo, con un promedio diario de 8. El 19 de junio, coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 eventos de protesta en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico, superando las 30 registradas el 13 de mayo, desde que Cubalex comenzó a documentarlas en 2022.

La Habana se mantiene como epicentro, con 176 protestas, y se observa un desplazamiento desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad, con especial intensidad en los municipios de Plaza de la Revolución (El Vedado), Diez de Octubre (Santo Suárez) y Playa. Las provincias de Santiago de Cuba, con 35, y Villa Clara, con 17, confirman su papel como segundo y tercer foco de movilización, lo que representa un cambio relevante respecto a mayo, cuando Ciego de Ávila y Holguín aparecían como focos secundarios.

Las formas de protesta documentadas incluyen cacerolazos, cada vez más frecuentes durante el día, quema de basura y neumáticos, cierres de calles, pedradas contra estaciones de policía y bancos, pintadas contra el gobierno y contra Raúl Castro, y al menos un caso de represión con tropas antimotines.

Los hechos de inseguridad fueron la segunda categoría más frecuente del contexto. En junio se documentaron 28 homicidios, de los cuales 10 fueron feminicidios, lo que representa un ligero aumento respecto a mayo. Una de las mujeres fue asesinada presuntamente por su expareja durante un apagón en Camagüey, un patrón que ilustra cómo la crisis energética puede agravar las condiciones de riesgo para las mujeres. También se registraron hechos de violencia intrafamiliar y comunitaria vinculados a la precariedad, incluidos varios robos con armas de fuego.

Se registraron además tres hechos de suicidio o intento de suicidio en el mes, una cifra que corresponde a casos captados en fuentes abiertas y probablemente subestima la magnitud real de la crisis de salud mental en Cuba.

La crisis sanitaria evidencia un sistema debilitado e incapaz de responder adecuadamente a situaciones de riesgo y proteger la salud y la vida de las personas. La falta de insumos, personal, agua, condiciones higiénicas, respaldo eléctrico y atención oportuna ante emergencias compromete la capacidad del Estado para prevenir daños evitables. Los reportes sobre recién nacidos fallecidos por falta de recursos en neonatología, embarazadas con deficiencias nutricionales, pacientes infartados sin atención, hospitales sin agua, casos de negación de atención médica, abandono de casos crónicos, corrupción, brotes epidemiológicos y el aumento del índice de transmisión de enfermedades sexuales muestran afectaciones directas a los derechos a la salud y a la vida.

El deterioro de las condiciones materiales profundizó el desgaste de la vida cotidiana. La escasez de efectivo, el encarecimiento de productos básicos, la insalubridad y el aumento del costo de alternativas como el carbón limitaron la capacidad de la población para alimentarse, cocinar, movilizarse, cuidar a otras personas y satisfacer necesidades básicas. En la práctica, muchas familias destinaron más tiempo, dinero y esfuerzo a la supervivencia, asumiendo por cuenta propia el costo de fallas estructurales que deberían ser garantizadas mediante servicios públicos y políticas eficaces.

Como consecuencia del deterioro de las condiciones materiales y la profundización de la desigualdad social, quienes cuentan con remesas o redes de apoyo enfrentan la crisis con mayor margen, mientras los adultos mayores, las personas sin redes de apoyo y las familias sin remesas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron el aumento de formas de trabajo infantil destinadas a la subsistencia.

En paralelo, el gobierno implementó nuevas medidas fiscales de control, entre ellas un mecanismo que permite a la ONAT retirar directamente fondos de cuentas bancarias por deudas fiscales. En varias provincias se denunció que inspectores y policías "convirtieron" el efectivo de negocios privados en transferencias bancarias que posteriormente no pudieron ser retiradas en los bancos. Estas actuaciones aumentan la inseguridad de hogares y pequeños negocios en un contexto de inflación y escasa capacidad de defensa administrativa o judicial.

El Gobierno cubano presentó un paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales, con medidas como el fin de la libreta de racionamiento universal, que quedaría restringida a jubilados y población vulnerable, el aumento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos, mayor autonomía para empresas estatales y ampliación del espacio para el sector privado.

Aunque estas medidas reconocen indirectamente la gravedad de la crisis, su diseño prioriza la reorganización del modelo económico y el control fiscal por encima de la protección inmediata de las personas más afectadas. Su principal riesgo radica en trasladar a las familias, gobiernos locales y sector no estatal la carga de resolver carencias estructurales sin garantizar previamente el acceso a alimentos, agua, salud, transporte y trabajo digno. Además, al afectar el régimen constitucional de propiedad, su implementación podría requerir reformas sometidas a referendo o entrar en conflicto con la irrevocabilidad del sistema socialista, lo que sitúa al propio marco constitucional cubano como el principal obstáculo jurídico para su aplicación estable.

Durante el mes, la OFAC emitió nuevas prohibiciones contra entidades estatales cubanas, además de aplicar sanciones contra la esposa de Alejandro Castro Espín. Asimismo, la designación de CUPET provocó la suspensión de las operaciones de Melbana Energy y Vanguard Energy. En este contexto el Tribunal Supremo de EE. UU. falló en contra de la inmunidad soberana de Cuba en el marco del caso Exxon Mobil, abriendo la posibilidad a nuevos litigios, mientras que una corte de apelaciones dictaminó contra Bacardí en la disputa referente a la marca Havana Club.

No obstante el estancamiento de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, durante el mes se registraron contactos diplomáticos: el gobierno de Panamá propuso su territorio como espacio neutral para promover el intercambio bilateral, mientras Ernesto Soberón, representante de la isla ante Naciones Unidas, ratificó la voluntad del gobierno de entablar un diálogo directo. Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. avanzó en la asignación de 100 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria, a la vez que desestimó el anuncio de las 176 transformaciones económicas del régimen, al calificarlas como "señales de humo superficiales".

En el marco de la narrativa de "estado de guerra", se mantuvieron las jornadas de preparación para una "situación excepcional", con visitas de Díaz-Canel a zonas de defensa, actos por el "Día de la Defensa" en distintas provincias, y ejercicios militares del Ejército Occidental. El fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez fue objeto de duelo oficial. También se reportó nueva actividad en instalaciones vinculadas a labores de inteligencia electrónica en Bejucal, así como la creación de una nueva Policía de Migración con amplias facultades de detención, en el marco de la Ley 171 de Migración.

Incidentes de hostigamiento

El equipo de monitoreo de Cubalex registró 319 eventos represivos en junio, 15 más que en mayo. Esta cifra, prácticamente estable pese al fuerte repunte de las protestas sociales respecto al mes, no debe interpretarse como un estancamiento de la represión, sino en relación con las persistentes afectaciones al servicio de internet y telefonía, que continúan dificultando la identificación de víctimas y la documentación de hechos represivos, tal como Cubalex ha advertido anteriormente.

Los eventos ocurrieron en 51 municipios en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, además de 5 eventos online y 3 vinculados a hechos de represión extraterritorial. Las provincias con mayor número de eventos registrados fueron La Habana (126), Santiago de Cuba (41) y Camagüey (39), y entre los municipios, Camagüey (35), Santiago de Cuba (31) y Guanabacoa (20).

Al menos 254 personas fueron afectadas por estos hechos: 58 mujeres y 196 hombres, alrededor de 30 más que en los tres meses anteriores. La mayor cantidad de violaciones se concentró en Yunaykis Linares Rodríguez (10 incidentes), Eduardo Ceballos Pérez (6), Kevin Damián Frómeta Castro (6), Leonel Tristá García (5) y Alexis Padrón Lorenzo (5).

En junio, la represión afectó en proporciones casi iguales a dos grupos: activistas y miembros de organizaciones opositoras (52% de las víctimas) y personas comunes sin ningún vínculo político u organizativo (48%). Es decir, casi la mitad de quienes sufrieron represión ese mes no eran activistas conocidos, sino ciudadanos que salieron a protestar por los apagones y la crisis. Ese equilibrio no se registraba desde marzo, cuando también hubo un pico de protestas masivas. Dentro de ambos grupos, quienes más sufrieron represión fueron las personas presas, los defensores de derechos humanos y las personas afrodescendientes.¹

Los 319 eventos represivos incluyeron 608 incidentes de hostigamiento, agrupados en 45 categorías de represión². Los incidentes más reiterados fueron las violaciones contra personas privadas de libertad (138), operativos policiales (59), traslados (53), detenciones arbitrarias (52), violencia o acoso (45), amenazas o coacción (41), citaciones oficiales ilegales o arbitrarias (33), y negación de atención médica o negligencia (32).

En contraste con el mes anterior, en junio solo se documentaron tres cortes selectivos de comunicaciones. En dos casos estuvieron vinculados a la represión de protestas, como ocurrió en Santo Suárez (10 de junio) y con el corte prolongado en La Güinera (2 de junio). Aunque estas interrupciones de comunicación dirigidas contra periodistas o activistas no tuvieron el carácter sistemático documentado en mayo, al menos una afectó a la Dama de Blanco Berta Soler. Esta disminución no sugiere una moderación de la práctica, sino el impacto de la crisis energética y los apagones generalizados de ETECSA, que dificultan distinguir una interrupción dirigida de una falla general, sugiriendo que el aislamiento operó principalmente a través de mecanismos estructurales.

En junio los operativos policiales de vigilancia y seguimiento constituyeron la categoría individual de mayor incidencia después de las violaciones contra personas privadas de libertad, lo que confirma la vigencia de estrategias de control complementarias a la detención arbitraria. Los operativos se concentraron en las provincias de La Habana (32) y Santiago de Cuba (13), así como en los municipios Santiago de Cuba (11), Diez de Octubre (6) y Plaza de la Revolución (5), coincidiendo en la mayoría de los casos con picos de protesta.

El aumento de los operativos policiales, en un contexto de militarización documentado por Cubalex desde enero de 2026 y que alcanzó un registro histórico durante este mes, contrasta con la disminución de eventos relacionados con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Estos datos refuerzan la advertencia de Cubalex de que la narrativa del “estado de guerra” tiene el propósito de controlar la población.

Entre los casos de vigilancia individual sistemática documentados durante el mes destacan los de la Dama de Blanco Berta Soler, vigilada incluso mientras cuidaba a su hermana en el Hospital Calixto García, y de las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, sometidas a seguimiento continuo por su trabajo informativo, junto con al menos diez personas afectadas por este mismo patrón. Se registró, además, el despliegue de agentes encubiertos en barrios de La Habana con el objetivo de identificar a quienes protestaron en días anteriores.

En Santiago de Cuba se documentó un patrón específico de despliegue de "boinas negras" (fuerzas especiales) para impedir la salida de congas tradicionales, consideradas por las autoridades un foco de protesta potencial, durante las fiestas de San Juan entre el 23 y el 29 de junio, incluyendo la prohibición expresa de la conga de Los Hoyos por parte del Partido Comunista.

Junio se distinguió por una represión de carácter directo e inmediato, con 52 eventos de detenciones arbitrarias, algunos con múltiples detenidos, para un subregistro total de 95 víctimas. También fueron más frecuentes las desapariciones forzadas, los interrogatorios, y las retenciones derivadas de citaciones oficiales (10 eventos por cada categoría). Los días con más eventos de detenciones arbitrarias coincidieron generalmente con los operativos especiales y los picos de protestas en el mes.

Entre los eventos con múltiples víctimas registrados en la primera mitad del mes destacó, el 2 de junio, la detención de cuatro personas tras una protesta en el barrio Santa Amalia, entre ellas la expresa política Yunaykis Linares, golpeada junto a su madre en presencia de niños, quien permaneció bajo un ciclo de traslados durante todo el mes. Ese mismo día, en La Güinera, una protesta fue seguida de un despliegue de fuerzas especiales con uso de drones para vigilancia nocturna y un corte prolongado del servicio de internet, lo que podría indicar una estrategia de contención previa al aniversario de las protestas de julio de 2021, que tuvieron marcada intensidad en ambas barriadas de Arroyo Naranjo.

Con las detenciones de Yunaikys Linares y, más adelante, de Leonel Tristá, Cubalex registra once casos de revocación de beneficios de excarcelación a presos políticos del 11J otorgados tras las negociaciones de 2025.

El 11 de junio se reportó la detención de 18 personas luego de las protestas en Micro 7, Santiago de Cuba, y el 17 de junio, de 6 personas en la zona del Aeropuerto "Abel Santamaría", en la Base Aérea de Santa Clara, aunque ninguna ha podido ser identificada. El 19 de junio fueron detenidas varias madres en el reparto Casablanca, en Regla, La Habana, por participar en una protesta, siendo excarceladas el día 23 bajo fianza. Esa noche se reportó también la detención de al menos dieciséis personas, de quienes se pudo identificar a cuatro, durante la protesta en Barbosa, Playa, que fue reprimida por tropas antimotines.

En la segunda mitad del mes se desató una ola represiva en Contramaestre, Santiago de Cuba, tras la aparición de carteles antigubernamentales. El expreso político del 11J, Wilber Álvarez, fue detenido en su vivienda por agentes de la Seguridad del Estado tras regresar de una citación oficial y excarcelado días después tras pagar una fianza. Luego del incendio de la Casa Museo Orlando Pantoja Tamayo en Maffo el 21 de junio, escaló la persecución contra jóvenes de los barrios La Cuba y Lumumba, con varias detenciones y traslados al Centro de Operaciones de Versalles bajo acusaciones de “sabotaje”. De las al menos 10 personas arrestadas, varios son menores de edad que continúan privados de su libertad.

Cubalex solicitó la activación de dos Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por la detención e incomunicación del rapero independiente Andrés Matos Alcántara ("Matos MC K-Libre") luego de la protesta en Barbosa, y de diez personas de Contramaestre. Como resultado, se estableció un plazo hasta el 14 de julio de 2026 para que el Estado cubano entregue información sobre ellos.

En este contexto de militarización social extrema, fue detenido el 1 de junio el humorista y creador de contenido Eddy Ceballos por ingresar y documentar una instalación militar en estado de abandono. Permaneció varios días en Villa Marista, el Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado, y luego fue trasladado al Combinado del Este. Presuntamente enfrenta una acusación por el delito de espionaje ante un tribunal militar, junto a su camarógrafo, detenido el 24 de junio.

Se mantiene el patrón de amenazas de muerte contra disidentes registrado desde mayo. El expreso político Andy García Lorenzo fue amenazado con una nueva condena a prisión, e incluso con la pena capital, si difundía imágenes o facilitaba datos sobre bases militares. Por su parte, el expreso político y activista Silverio Portal fue detenido y trasladado al Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, siendo liberado días después. Su caso, junto al de Linares Rodríguez, confirma la persistencia del uso de la psiquiatría como herramienta de represión política.

En junio continuó el acoso contra periodistas independientes, registrándose detenciones, citaciones e interrogatorios con retenciones prolongadas, como en el caso de Yania Suárez Calleyro, así como amenazas virtuales a periodistas exiliados.

Se registró un patrón de hostigamiento contra al menos cuatro pastores evangélicos que incluyó detenciones arbitrarias, citaciones e interrogatorios. El pastor Alexis Padrón Lorenzo fue agredido físicamente por un policía tras increpar a dirigentes durante una protesta en Regla. Fue detenido el 13 de junio y trasladado a la unidad de la PNR de Regla y a la prisión de Valle Grande, donde su causa fue reclasificada como "desacato".

Durante el mes, 6 presos políticos fueron excarcelados: Jonathan David Muir Burgos y otros dos menores detenidos en las protestas de Morón, Héctor Félix Labrada, Alexeis Serrano y Carlos Alberto MacDonald Ennis, este último excarcelado bajo fianza de 50.000 pesos tras más de dos años en prisión provisional, con un tumor maxilar y otros padecimientos crónicos.

En junio, las exigencias económicas en la imposición de fianzas aumentaron significativamente respecto a meses anteriores. En marzo el monto aplicado con más frecuencia fue de 20,000 pesos, mientras que en junio se registraron fianzas individuales de hasta 200,000 pesos contra el estomatólogo y expreso político Wilber Álvarez.

En un contexto de precariedad generalizada, el uso de multas y fianzas desproporcionadas como formas de presión económica no solo sanciona, sino que también intimida, endeuda a las familias, condiciona la libertad personal y desincentiva nuevas protestas o denuncias públicas. La falta de transparencia y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre el destino y uso de esos recursos agrava el problema, al impedir evaluar si cumplen una finalidad legítima o si operan principalmente como instrumentos de castigo y control. Así, la población queda atrapada entre el deterioro de sus condiciones de vida y el costo creciente de reclamar soluciones.

El patrón sistemático de violaciones contra personas privadas de su libertad se mantiene: pésima alimentación, negación de atención médica, golpizas, celdas de castigo, incomunicación, amenazas, traslados punitivos y brotes epidemiológicos.

Se documentaron 13 incidentes relacionados con las huelgas de hambre y/o sed como forma de protesta por las condiciones de reclusión o por detenciones arbitrarias. Entre los huelguistas, Cubalex hizo seguimiento de Carlos Abrahantes, Julio César Álvarez y Leonel Tristá García, que debió ser trasladado al hospital por su delicado estado y luego devuelto bajo custodia policial. Las presas políticas Wendoline Campuzano Almaguer, Yaquelín García Jaén y Yunaykis Linares Rodríguez se mantuvieron además varios días sin consumir líquidos.

Se documentaron eventos en 55 centros represivos distintos. La Prisión Especial de Kilo 8 en Camagüey se mantuvo con 23 eventos como el centro con mayor concentración de incidentes, seguida por el Combinado del Este en La Habana (12), la Prisión Provincial de Las Tunas "El Típico Nuevo" (12), la Prisión Provincial de Ciego de Ávila “Canaleta” (8), y el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Santiago de Cuba “Versalles” (7).

En la prisión Kilo 8 de Camagüey las violaciones más frecuentes fueron violencia o acoso, amenazas, reclusión en régimen de aislamiento y negación de atención médica, afectando en particular a los presos políticos Danisbel Labrada Morales, Carlos Alain Abrahantes Valdés, Dixan Gaínza Moré y a otros reclusos como Fausto René Ramos y Ricardo Román Suárez, quienes en conjunto denunciaron un patrón continuado de corrupción, desvío de recursos, maltrato, desnutrición y negación de derechos. El 30 de junio se documentó una denuncia de golpizas colectivas y confinamiento en celdas de castigo como represalia por sus denuncias públicas. Asimismo, Cubalex denunció que a cuatro personas sentenciadas en 2007 por un tribunal militar se les continúan negando de forma sistemática sus beneficios penales.

En "El Típico Nuevo" de Las Tunas el preso político Lisandro Betancourt continuó denunciando la negación de atención médica, y junto con otros presos, un patrón continuado de pésima alimentación y brotes epidemiológicos, que afecta especialmente a personas mayores de 60 años. El 30 de junio se realizó dentro de la propia cárcel el juicio contra los 8 procesados en relación con el movimiento "Cuba Primero", mientras Javier Reyes Peña y Pedro Camacho Ochoa continuaban en régimen de aislamiento. Cubalex ha señalado la decisión de las autoridades de trasladar la sede del tribunal al penal como una estrategia adicional de opacidad procesal.

El Combinado del Este mantiene un esquema de insalubridad y desamparo médico que afecta a reclusos como Ángel Cuza Alfonso, quien padeció hepatitis en aislamiento, y Carlos Raúl Perdomo Cancio, enfermo de tuberculosis. Se registraron incidentes de hostigamiento contra el humorista Eduardo Ceballos Pérez, quien tras su traslado fue víctima de violencia física. Los cinco sobrevivientes del incidente marítimo de febrero permanecen en condiciones de rigor extremo, evidenciando la persistencia de detenciones prolongadas sin el debido proceso, particularmente en el caso de Leordán Enrique Cruz Gómez, quien no ha recibido atención médica adecuada tras ser baleado.

En el Centro de Operaciones de Versalles y en la Prisión de "Canaleta" en Ciego de Ávila se registraron varios incidentes en relación con los menores de edad privados de libertad, como Christian de Jesús Crespo Álvarez. En la Prisión 1580 conocida como "El Pitirre", en La Habana, 6 de 7 incidentes estuvieron relacionados con la negación sistemática de atención médica al preso político del 11J Kevin Damián Frómeta Castro.

Se reportaron en el mes dos muertes potencialmente ilícitas. Un ciudadano con enfermedad de Parkinson, reportado como desaparecido desde el 24 de junio, falleció en el Hospital Salvador Allende de La Habana y fue enterrado sin el consentimiento de su familia. Asimismo, una reclusa falleció en la Prisión de Mujeres de Camagüey, presuntamente víctima de suicidio luego de ser humillada públicamente por la jefa de la unidad. En ambos casos no ha sido posible verificar la fecha o la causa oficial de muerte.

Se identificaron 13 perpetradores en 15 incidentes de represión. Entre ellos se repiten varios oficiales de la prisión Kilo 8: Daniel José Primelles Cala, jefe de Orden Interior, señalado en seis incidentes distintos; Leonardo Suárez Reyes, director de la prisión Kilo 8; el capitán Eudis Sánchez Matos, jefe de Logística de Kilo 8, y el Mayor Reina. La reiterada identificación de estos funcionarios como responsables de actos directos de represión demuestra la impunidad imperante en los centros de reclusión en Cuba.