Resumen Ejecutivo

Julio profundizó la crisis multidimensional que atraviesa Cuba, donde el colapso de los servicios esenciales, el repunte de la violencia social y una represión estatal creciente confluyeron en un mes marcado por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y por los actos oficiales del 26 de julio. Todo esto ocurrió en un contexto de reformas económicas con alza de precios y desabastecimiento, y de una narrativa oficial de guerra frente a nuevas sanciones internacionales.

Cubalex documentó 199 protestas públicas, una reducción respecto al récord de junio, concentradas en La Habana, en su mayoría cacerolazos vinculados a apagones que se extendieron por varios días y a la falta de agua potable durante tres meses en zonas periféricas de la capital. La violencia ciudadana alcanzó su punto más alto desde 2022, con 37 homicidios, 9 feminicidios y 4 suicidios, un escenario que revela la fragilidad de la seguridad pública y un subregistro de la crisis de salud mental.

En el plano represivo, el mes registró 388 eventos y 817 incidentes de hostigamiento que afectaron a 302 personas, un aumento notable pese a la caída en el número de protestas. El Estado desplegó una estrategia cada vez más preventiva, basada en vigilancia, citaciones arbitrarias y restricciones de movilidad contra activistas y defensores de derechos humanos; los picos de represión coincidieron con fechas políticamente sensibles más que con los días de mayor protesta. Se documentaron tres muertes bajo custodia, quince desapariciones forzadas de corta duración y el exilio forzado del preso político Luis Manuel Otero Alcántara,

Contexto

El contexto identificado en julio muestra la continuidad de la crisis energética, hídrica y sanitaria, resultando en el deterioro sistemático de las condiciones materiales que imposibilitan el disfrute de un nivel de vida adecuado. Asimismo, persistió la falta de voluntad política del Estado para respetar y garantizar los derechos y libertades fundamentales, lo que impactó gravemente a la población civil.

Pese al descenso en el volumen de protestas respecto al récord histórico de junio, fueron los eventos más frecuentes, junto a los hechos de violencia e inseguridad ciudadana, por segundo mes consecutivo. Coincidiendo con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y con los actos oficiales del 26 de julio, se registró la cifra máxima de militarización de la vida civil desde que se identificó esta tendencia en febrero.

Cubalex monitoreó 199 protestas en el espacio público durante julio, con un promedio diario de más de 6, lo que representa una disminución respecto de las 253 documentadas en junio. Estas se concentraron hacia el final del mes, en el contexto de varios días consecutivos de apagones prolongados. El 24 de julio se registró el pico del mes con 25 eventos en un solo día, mientras que el 11 de julio hubo 15, incluidas 2 en centros penitenciarios.

La Habana continúa siendo el epicentro de la protesta social, con amplia diferencia, al registrar 160 de estos eventos, con mayor concentración en los municipios de Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Centro Habana. Santiago de Cuba se mantiene como segundo foco, seguida de Villa Clara. La forma predominante fue el cacerolazo, muchas veces acompañado de quema de basura y, en menor medida, cierres o bloqueos parciales de vías. Las pintadas antigubernamentales se registraron con menor frecuencia, apareciendo consignas contra el sistema y la dirigencia del país.

Pintada antigubernamental en Santiago de Cuba. Fuente: José Daniel Ferrer / Facebook

En julio se registraron 168 hechos de violencia e inseguridad ciudadana, con 37 homicidios, el número más alto desde que Cubalex comenzó su monitoreo en 2022. Al menos 9 fueron feminicidios, en un escenario de indefensión exacerbado por la evidente vulnerabilidad de las mujeres frente a dinámicas de violencia de género extrema y la falta de mecanismos efectivos de protección estatal. También se registraron 4 suicidios, la cifra más alta de este año, lo que indica un subregistro de la crisis de salud mental en el país.

Los hechos restantes correspondieron en su mayoría a robos y asaltos violentos, concentrados en vehículos y equipos de generación eléctrica, y ejecutados por individuos armados con machetes y armas de fuego. El despliegue casi diario del aparato de defensa y seguridad estatal se enfocó en contener las protestas por los apagones y no en responder al persistente aumento de la violencia.

La situación documentada revela una incapacidad sistemática del Estado para garantizar el derecho a una vida digna de la población civil. Se observa un patrón sostenido de colapso en la infraestructura de servicios públicos esenciales, privando a las comunidades del acceso regular y continuo a suministros vitales como la energía eléctrica y el agua potable. Estos eventos se caracterizaron por su duración extrema y su carácter estructural: además de tres desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional durante el mes, se registraron apagones locales de días consecutivos, y se alcanzaron los tres meses sin agua potable en zonas periféricas de La Habana.

El sistema de salud cubano enfrenta una crisis profunda evidenciada en denuncias de cortes eléctricos, deficiente atención médica y negligencias críticas en servicios vitales. Se reportaron situaciones graves que incluyen la escasez de insumos para tratamientos de diálisis, condiciones extremas en las áreas de neonatología y falta de higiene en infraestructuras sanitarias, lo que compromete seriamente la capacidad del Estado para proteger la vida de los ciudadanos.

La inacción gubernamental frente al colapso de los servicios comunales y de saneamiento, reflejado en la acumulación de basura y el deterioro de los hospitales, expone a la población a graves riesgos ambientales y de salud pública, consolidando un entorno de privación material generalizada y de violaciones constantes a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Esta precariedad estructural se agrava por la ineficacia de las políticas estatales, la inflación descontrolada y la falta de garantías sobre los derechos laborales, factores que en conjunto empujan a amplios sectores ciudadanos vulnerables, adultos mayores y menores de edad, a recurrir a estrategias extremas de supervivencia.

Como parte de las 176 medidas económicas, el Estado implementó una nueva escala salarial presupuestada, billetes de alta denominación, mayores límites en banca electrónica y la focalización de subsidios para 1,4 millones de personas vulnerables. Sin embargo, persistieron atrasos salariales de hasta seis meses, largas colas de pensionados así como el alza del dólar y de los precios de los productos básicos (aceite, carbón, gas licuado). Además, se anunció la eliminación de 92.000 plazas estatales por reestructuración.

La Asamblea aprobó un nuevo Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, junto a decretos sobre salarios, inversión extranjera y cooperativas. Se anunció la autorización de actividades económicas prohibidas, incluyendo la próxima apertura de la primera casa de cambio privada y la autorización a más de cien empresas privadas para vender combustible al por mayor, nuevas tarifas de gas y medidas contra comercios que rechacen transferencias.

En el contexto de la ampliación de sanciones de la OFAC contra dos ciudadanos cubanos y nueve entidades vinculadas al régimen, continuó la salida de socios internacionales como las cadenas hoteleras europeas Meliá, Iberostar y Barceló, resultando en el cierre del 73% del parque hotelero cubano. Asimismo, se documentó la reestructuración de activos de GAESA mediante transferencias a inversionistas extranjeros.

Los Días Nacionales de la Defensa —con visitas de Díaz-Canel y Manuel Marrero a zonas militares— y la gira presidencial por barrios de La Habana constataron que las reformas económicas coinciden con un mayor control y la continuidad de una narrativa de "estado de guerra". Discursivamente, Díaz-Canel afirmó que su gobierno "no tiene miedo" a una guerra con Estados Unidos, Bruno Rodríguez tildó las sanciones de "castigo colectivo" y Carlos Fernández de Cossío rechazó que se esté negociando el sistema político cubano.

Estados Unidos comenzó la distribución del paquete de 100 millones de dólares vía Cáritas, en paralelo a la llegada de cargamentos de alimentos, insumos médicos, kits solares y donaciones de diversos orígenes y organizaciones como Open Arms, empañados por al menos dos denuncias de desvío o reventa de esas donaciones en Granma.

Incidentes de hostigamiento

El equipo de monitoreo de Cubalex registró 388 eventos represivos en julio, 69 más que en junio (319), pese a la disminución de las protestas sociales respecto al mes anterior. Este incremento sugiere que la represión no sólo respondió al volumen de protesta, sino también a la vigilancia reforzada en torno al quinto aniversario del 11J.

Los eventos ocurrieron en 51 municipios distribuidos en 15 provincias y la Isla de la Juventud. Las provincias con mayor número de eventos fueron La Habana (191), Camagüey (39) y Santiago de Cuba (27); entre los municipios, Camagüey (37), Guanabacoa (34) y Diez de Octubre (29).

Estos hechos afectaron a al menos 302 personas, casi 50 más que en junio: 58 mujeres y 244 hombres. Entre las víctimas con más incidentes registrados en el mes, destacaron los presos políticos Danisbel Labrada Morales (7 incidentes), Amaury Díaz García y Luis Manuel Otero Alcántara con 6 cada uno.

En julio, los eventos represivos impactaron predominantemente a personas vinculadas a organizaciones opositoras o a la sociedad civil independiente (58% de las víctimas), frente a un 41,0% de personas sin vínculo político u organizativo conocido, mientras la afiliación del resto no se pudo verificar. La proporción vuelve a inclinarse hacia el activismo en comparación con junio, coherente con el mayor peso que tuvo la vigilancia asociada al aniversario del 11J y con una movilización extrema para impedir la asistencia a una recepción oficial por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Los grupos de vulnerabilidad más afectados fueron las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y los afrodescendientes.¹

Los 388 eventos represivos incluyeron 817 incidentes de hostigamiento², agrupados en 52 categorías. Tres categorías se mantienen como las más frecuentes también respecto a junio, pero todas aumentaron: las violaciones contra personas privadas de libertad (161), los operativos policiales de vigilancia o seguimiento (98, casi el doble que el mes anterior, así como los traslados (64). Aumentaron también los incidentes de amenazas o coacción (54), violencia o acoso (48), las citaciones oficiales ilegales o arbitrarias (38) y las restricciones a la movilidad interna (38). Se registraron 44 eventos de detención arbitraria, con un subregistro total de 77 víctimas: en 10 de esos eventos fue detenida más de una persona. Se documentaron, además, 15 casos de desaparición forzada, 17 interrogatorios y 15 retenciones derivadas de citaciones oficiales.

Personas con mayor cantidad de hechos violatorios

Danisbel Labrada Morales

7 incidentes

Amaury Díaz García

6 incidentes

Luis Manuel Otero Alcántara

6 incidentes

El análisis de los incidentes verificados en el mes permite identificar varios patrones que superan el hecho aislado. En julio se evidenció una estrategia predominantemente preventiva: en lugar de reaccionar únicamente ante las manifestaciones, el Estado utiliza el confinamiento domiciliario de facto, las citaciones arbitrarias y la restricción de movilidad interna para neutralizar y aislar a los miembros de la sociedad civil independiente durante fechas de alta sensibilidad política.

La amenaza o coacción cumple una función de refuerzo sobre otras formas de represión, y aparece combinada con interrogatorios, retenciones derivadas de citación oficial, citaciones oficiales y con la condición de persona privada de libertad.

Esta maquinaria de control, que trasciende fronteras mediante la represión extraterritorial, se apoyó también en un estricto manejo del flujo de la información, donde los cortes selectivos y dirigidos de telecomunicaciones actúan para incomunicar a defensores de derechos humanos y a la ciudadanía e impedir su articulación cívica.

A diferencia de junio, que se caracterizó por una represión más directa y reactiva, en julio los picos de represión coincidieron con fechas políticamente sensibles, no necesariamente con el mayor volumen de protesta. En esos días concretos, la vigilancia se dirigió de manera individualizada contra personas identificadas como parte de la sociedad civil independiente. En cambio, durante las protestas, los incidentes represivos —que Cubalex registra como un único evento— pueden afectar a más personas de una comunidad, cuyo reconocimiento se dificulta a consecuencia de la censura, la falta de articulación ciudadana y otras formas de hostigamiento como las amenazas. El 7 de julio, por ejemplo, al menos 24 personas fueron detenidas durante una protesta en el barrio de Luyanó, y ninguna ha podido ser identificada hasta la fecha.

La mayoría de las detenciones arbitrarias no coincidieron con una protesta en curso, lo que indica una estrategia diferida de persecución a personas previamente identificadas, en ocasiones días después del hecho que las motivó. Por otra parte, casi la mitad de los operativos policiales de vigilancia ocurrieron el mismo día y en el mismo municipio que los cacerolazos, un patrón que se confirma con la concentración territorial en La Habana (72) y, en menor medida, en Santiago de Cuba (8). Se documentaron 8 cortes durante el mes — el doble que en junio —, entre ellos un corte de internet durante una protesta en Jatibonico.

Algunas detenciones arbitrarias del mes derivaron en prisión preventiva o procesamiento penal. Tal fue el caso de Lismani Acosta Gómez, detenido el 6 de julio durante un cacerolazo en Guanabacoa, y sometido a fianzas sucesivas de 100.000 y luego de 50.000 pesos antes de ser trasladado a la prisión de Cuba-Panamá, lo que evidencia que estas medidas siguieron operando como mecanismo de presión económica. Resulta particularmente preocupante la detención de un niño de 13 años, golpeado por la policía durante una protesta en Boyeros, además de otros dos menores de edad no identificados, detenidos en protestas en Regla y Arroyo Naranjo.

El 2 de julio, la Seguridad del Estado desplegó un operativo simultáneo contra al menos 25 activistas y opositores en distintas provincias, con el fin de impedirles asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos por el aniversario de su independencia. Las modalidades documentadas incluyeron vigilancia domiciliaria en ocasiones combinada con cortes de internet sobre activistas y periodistas independientes, así como detenciones y citaciones oficiales que derivaron en retenciones como en el caso de Anna Sofía Benítez. En la semana previa al 11 de julio, se repitió un patrón equivalente de vigilancia y restricción de movilidad contra otros activistas y expresos políticos.

Anna Sofía Benítez a la salida de un interrogatorio de 11 horas. Fuente: ADN Cuba / Captura de video

El 2 de julio marcó el inicio de un ciclo represivo contra los defensores de derechos humanos y expresos políticos José Elías González Agüero, Alexander Díaz Rodríguez y Mario Alberto Hernández Leyva. Los dos primeros fueron detenidos para impedir su asistencia a la referida recepción, sufriendo tres días de incomunicación, golpizas, desnudez forzada y amenazas de muerte con armas de fuego. Por su parte, Hernández Leyva fue golpeado en una unidad policial y trasladado a Artemisa, donde fue desnudado, fotografiado y devuelto a La Habana. El hostigamiento continuó todo el mes: fueron citados nuevamente el 8 de julio; la familia de González Agüero fue amenazada para evitar que saliera de su casa el día 11; y Hernández Leyva sufrió nuevas detenciones el 10 y 12 de julio, vigilancia domiciliaria, retenciones de hasta 24 horas y amenazas.

Otro hecho grave se registró el 7 de julio, cuando el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay, dos días antes de cumplir su condena, sin comunicar durante días su paradero a su entorno cercano. A petición de Cubalex, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente. En paralelo, un tribunal de La Habana obstaculizó y dilató un recurso de hábeas corpus a su favor sin justificación. Permaneció retenido en una casa de la Seguridad del Estado hasta que el 18 de julio salió hacia Estados Unidos en un exilio forzado. Cuatro días después de su expulsión, el tribunal declaró sin lugar el hábeas corpus, mientras medios oficialistas iniciaron una campaña de descrédito en su contra.

Esta misma lógica de usar el control migratorio para mantener fuera de Cuba a quienes disienten, en vez de resolver su situación dentro del país, se manifestó también en el caso de Agustín Lopez Canino, a quien el régimen cubano le impidió reingresar al país a su regreso de una visita en Miami.

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami, forzado al exilio después de cumplir 5 años de prisión. Fuente: Carlos Armando TV / Instagram

En conjunto, estos hechos consolidaron un patrón de abusos ejecutados por agentes estatales, caracterizado por el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes, coacción extrema y la práctica sistemática de desapariciones forzadas de carácter temporal y punitivo. La persistencia de este cuadro alarmante de violencia institucional y desprotección constituye una grave amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los ciudadanos.

Estos casos corroboraron también la subordinación del poder judicial a los intereses del Ejecutivo. Los tribunales dilatan sin justificación la resolución de recursos fundamentales como el hábeas corpus, vaciándolos de contenido y tornándolos inefectivos, garantizando la impunidad frente a las detenciones arbitrarias e incomunicaciones. Esta inacción judicial calculada facilita que la privación de libertad y las desapariciones temporales se utilicen como mecanismos de coacción para forzar el exilio de los disidentes.

En el mes se documentaron 5 casos de revocación de beneficios penitenciarios y 7 excarcelaciones, la mayoría tras cumplir íntegramente su sanción de 5 años por el 11J: Nilo Abrahante Santiago, Aníbal Yasiel Palau Jacinto y Kevin Damián Frómeta Castro. El opositor Ángel Castro Carrera fue excarcelado bajo libertad condicional.

En el ámbito penitenciario, el Estado continúa incumpliendo de manera flagrante su deber de garante hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, lo cual se traduce en muertes evitables atribuibles a negligencias médicas severas. Se registraron 3 muertes bajo custodia durante julio: en la Prisión Provincial de Guantánamo, Jorge Luis Iglesia Rodríguez, infectado de tuberculosis, y Rolando Yunior Rodríguez Torres, tras un mes hospitalizado después de intoxicarse y no recibir atención médica oportuna; y en el Combinado del Este, Osviel Rivero Viera, tras casi dos años detenido.

La gestión carcelaria del Estado revela un patrón de castigo y represalias que contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Nelson Mandela. El hostigamiento a la población penitenciaria opera como una práctica institucionalizada que emplea el régimen de aislamiento injustificado, el hacinamiento y la privación deliberada de necesidades básicas —incluido el acceso a agua potable y alimentación adecuada— como métodos de tortura física y psicológica.

Se observa, con especial alarma, la persistencia de una estrategia deliberada de negación de atención sanitaria. Esta vulneración intencional del derecho a la salud y la falta de recursos jurídicos efectivos empujan a las personas privadas de libertad a adoptar medidas desesperadas como huelgas de hambre o autolesiones, como recursos últimos de denuncia frente a las condiciones degradantes de encierro.

Se documentaron incidentes en 75 centros represivos distintos, significativamente más que los 55 de junio. La Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, se mantiene como el centro con mayor concentración de incidentes (29 eventos), seguida por el Combinado del Este en La Habana (18), la Prisión Provincial de Las Tunas "El Típico Nuevo" (10), la Prisión de Valle Grande (8), y la Provincial de Holguín y la Prisión de Guanajay, con 7 cada una.

Como en meses anteriores, se concentraron múltiples violaciones contra la misma persona privada de libertad. El traslado punitivo coincide con la negación de atención médica en 28 eventos, con la reclusión en régimen de aislamiento en 25. Por otra parte, de 25 incidentes vinculados a huelgas de hambre y/o sed, protagonizados por 19 personas, 23 ocurrieron en centros de reclusión. Es decir, cuando una persona privada de libertad es víctima de un incidente, este tiende a combinarse con otras violaciones, como en los casos de Roilán Álvarez Rensoler y Danisbel Labrada Morales, quienes iniciaron huelgas de hambre en la Prisión Provincial de Holguín y en Kilo 8, respectivamente.

En la prisión de Kilo 8, fueron más frecuentes los traslados y la reclusión en régimen de aislamiento, en un patrón de represalias documentado contra los firmantes de una carta de denuncia colectiva presentada en el penal.

En el Combinado del Este se documentaron, además de una muerte bajo custodia, denuncias reiteradas de escasez de agua, el deterioro de la salud del preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez ("Spiderman"), quien reportó vómitos, diarreas y problemas renales agravados, así como la incomunicación de un recluso extranjero.

En El Típico persistieron la negación reiterada de atención médica con especial riesgo para los adultos mayores, pésima alimentación, hacinamiento y una petición fiscal de 4 años contra los presos políticos del 11J Norberto y Luis Alberto Dorta Sánchez, quienes debían terminar de cumplir su sanción este mes.

Se identificaron 59 perpetradores distintos en 55 de los 388 eventos represivos. El más reiterado fue Leonardo Suárez Reyes, director de la prisión Kilo 8, señalado en 6 incidentes —incluyendo la instrucción a reclusos afines para intimidar a presos políticos con cuchillos—, lo que confirma la persistencia de un mismo patrón de responsabilidad directa ya documentado por Cubalex en mayo y junio.