Resumen ejecutivo

El presente documento da continuidad a los informes semestrales presentados por Cubalex, en los cuales se analizan tendencias y patrones represivos desplegados por el Estado cubano. La información recopilada y procesada por la organización comprende el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Los patrones y las tendencias descritos dialogan directamente con los expuestos en el informe correspondiente al segundo semestre de 2025. Los resultados de este semestre confirman las seis tendencias proyectadas e indican una intensificación que supera lo previsto: la escalada de letalidad bajo custodia estatal; el aumento de la represión reactiva ante protestas; la ampliación del control a la vida cotidiana; la criminalización del ejercicio de derechos; el uso de la incomunicación y restricciones de movilidad; y la normalización de la impunidad. Asimismo, surgieron nuevos elementos como la institucionalización legal del control migratorio y la formalización de procesos penales en ausencia contra la diáspora cubana.

En el primer semestre de 2026, Cubalex documentó 1,894 eventos que implicaron violaciones de derechos humanos, para un promedio de más de 10 eventos violatorios diarios — un incremento sustancial respecto a los cerca de 7 diarios del semestre anterior (1,279 eventos). El aumento documentado refleja tanto una ampliación real de la capacidad de monitoreo de Cubalex como señales convergentes de intensificación represiva.

Esta multiplicación se produjo en un semestre marcado por una crisis energética, hídrica y sanitaria de magnitud creciente, la profundización de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras el cambio de régimen en Venezuela, y un incremento sin precedentes de la protesta social —Cubalex documentó 766 protestas a lo largo del semestre, y registró en junio el mayor número de protestas en un solo mes desde que comenzó a documentarlas en 2022—, a la que el Estado respondió con una intensificación paralela de la represión.

Estos hechos represivos se documentaron en las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, así como en el ámbito digital y en el exterior del país (represión transnacional/extraterritorial). Se registraron hechos en 141 municipios, frente a 88 en el semestre anterior, reflejo de que las protestas y la respuesta represiva del Estado alcanzaron un mayor número de localidades. Las provincias con mayor número de registros violatorios fueron La Habana (662, frente a 442 en el semestre anterior), Santiago de Cuba (169) y Camagüey (161), y entre los municipios, Camagüey (153), Santiago de Cuba (137) y Ciego de Ávila (96).

Cubalex identificó a al menos 919 personas (204 mujeres y 715 hombres) alcanzadas directamente por la represión. El período evidencia la continuidad y profundización de patrones que extienden la represión hacia sectores no organizados de la población, en los que se duplicó el número de víctimas respecto al semestre anterior: manifestantes, críticos en redes sociales, trabajadores informales, religiosos, reclutas del Servicio Militar Obligatorio y personas vulnerables. El 58% de los eventos represivos afectó a la sociedad civil independiente y el 42% a la ciudadanía sin afiliación organizativa conocida.

La alta concentración de vulnerabilidades en personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos, así como una cifra alarmante de menores de edad, confirma que, a pesar de la ampliación del diapasón represivo, las violaciones continúan golpeando a los grupos históricamente más expuestos.

Se registraron violaciones en 65 categorías de incidentes represivos (61 en el semestre anterior), entre las cuales fueron más recurrentes las violaciones contra personas privadas de libertad (762), traslados hacia centros de detención o establecimientos penitenciarios (318), amenaza o coacción (313), operativos policiales de vigilancia (287), uso de la violencia o acoso (269), detenciones arbitrarias (257), negación de atención médica o negligencia (175) y citaciones oficiales ilegales o arbitrarias (165).

Cubalex documentó 39 eventos de muertes potencialmente ilícitas durante el semestre, con un total de 42 víctimas mortales, 15 más que las 27 registradas entre julio y diciembre de 2025, para un incremento del 56%, confirmando la tendencia proyectada hacia una escalada de la letalidad y degradación de las condiciones bajo custodia estatal.

Los hallazgos del informe corroboran que la represión en Cuba responde a una maquinaria de control social sistemática y previsible, consolidada por décadas desde el poder. Este entramado afecta directamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y se perpetúa por la falta de investigación, sanción y reparación en un contexto de impunidad crónica.

I. Metodología y limitaciones

El presente análisis comprende el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 y da continuidad directa al reporte del segundo semestre de 2025. Los datos fueron recabados por el equipo de Monitoreo de Cubalex y procesados, analizados y sistematizados de conjunto con las áreas Legal y de Comunicación de la organización.

Para la elaboración de este informe se trabajó con 1,894 registros, obtenidos fundamentalmente de publicaciones en Facebook (1,275), mensajería privada (326), noticias en sitios web (215), publicaciones en Twitter/X (49), Instagram (17) y YouTube (12).

El reporte diferencia entre eventos (unidad mínima de registro), incidentes o tipologías de violación detectadas en cada caso, y coocurrencias. Estas últimas se refieren a categorías que se manifiestan de manera simultánea en un mismo hecho, permitiendo identificar patrones sistemáticos y dinámicas represivas conjuntas en lugar de incidentes aislados.

Desde mayo de 2026, la base de datos de monitoreo vincula incidentes con registros específicos de centros de reclusión y perpetradores identificados. Esta variable, por tanto, no es comparable con meses anteriores del mismo semestre.

El incremento de 1,279 a 1,894 eventos documentados refleja, en primer lugar, una ampliación en la capacidad de monitoreo y un aumento de las denuncias directas. Si bien este dato evidencia una mayor cobertura institucional, la tesis de una intensificación represiva real se valida mediante señales convergentes de gravedad, como la escalada de la letalidad, la expansión territorial y el auge de la protesta social.

II. Contexto relevante

La crisis estructural de servicios básicos —electricidad, agua, alimentación, salud— se agravó de forma sostenida, generando un aumento récord de la protesta social, que el Estado respondió con represión tanto inmediata como diferida.

El semestre estuvo marcado por un contexto excepcional sin precedentes: la incursión militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro en enero, la consecuente escalada retórica y diplomática entre Washington y La Habana, y la profundización de una narrativa de "estado de guerra" por parte del régimen cubano, que combinó movilización militar, propaganda y represión interna.

Evolución mensual de eventos de contexto por categoría: 591 registros de violencia e inseguridad ciudadana, 343 vinculados a las relaciones Cuba-Estados Unidos y 277 eventos de contexto y represión con la etiqueta "estado de guerra", esta última alcanzó su punto más alto en abril.

Los monitoreos mensuales de la organización revelan una paradoja: abril, el mes de mayor movilización militar y ejercicios de defensa, registró la cifra más alta de violencia e inseguridad ciudadana del semestre. Esta alta letalidad se sostuvo, mientras que en junio los operativos policiales alcanzaron récords históricos. La desconexión entre la realidad de las tensiones diplomáticas y el aumento del control militar —que no logra mitigar la violencia ciudadana— ratifica la tesis de Cubalex: la militarización no se debe a una amenaza externa real, sino que es un mecanismo de control social e intimidación interna contra la ciudadanía.

En el marco de la negociación bilateral con Estados Unidos, el régimen combinó anuncios de excarcelación e indulto con la revocación selectiva de beneficios a personas ya excarceladas, y con la implementación de un nuevo marco jurídico migratorio compuesto por las leyes 171, 172 y 173, que incluye la creación de una Policía de Migración.

III. Patrones represivos

1. Violencia, hostigamiento y letalidad bajo custodia estatal

Con 762 incidentes documentados sobre la situación de las personas privadas de libertad, las cárceles cubanas continúan siendo el entorno donde se concentra la mayor cantidad y diversidad de violaciones de derechos humanos, incluyendo graves manifestaciones como golpizas, agresiones sexuales entre reclusos bajo órdenes de la Seguridad del Estado, así como otras formas de tortura y, en su expresión más crítica, la muerte bajo custodia. La negación de atención médica es la categoría que con mayor frecuencia acompaña esta situación en un mismo evento (167 coocurrencias), seguida de los traslados (104), hechos de violencia o acoso (100), el aislamiento en celda de castigo (85), la huelga de hambre (77), incomunicación (66) y amenaza o coacción (67), lo que confirma que no son categorías aisladas sino expresiones de un mismo patrón de negligencia y represalias.

Este patrón de hostigamiento incluye la denegación o revocación arbitraria de beneficios —licencias extrapenales, libertad condicional o progresiones de régimen—, categoría que figura como una de las más recurrentes en eventos relacionados con personas privadas de libertad, con 43 registros, lo que representa un alarmante aumento en comparación con 19 registros en el semestre anterior. A esta dinámica se suman la imputación de cargos (27) y el bloqueo sistemático al acceso a recursos legales y justicia (26), evidenciando una instrumentalización punitiva de la reclusión. La situación del preso político Yasmany González ejemplifica esta política de castigo: sus beneficios fueron revocados de forma arbitraria pese a su crítico deterioro físico, una desnutrición severa y la pérdida de dentadura tras la persistente negativa institucional a proporcionarle asistencia médica.

Cubalex documentó 39 casos de muertes potencialmente ilícitas entre enero y junio de 2026, que en conjunto afectaron a 42 personas fallecidas, dado que uno de los casos agrupa a cuatro víctimas. Esta cifra representó un aumento del 56% respecto al semestre anterior. De ellas, 30 personas (2 mujeres y 28 hombres) se encontraban privadas de su libertad.

De estas muertes, 22 se asocian a la falta de atención médica o negligencia, principalmente por desnutrición severa y enfermedades no tratadas, como la tuberculosis, un patrón que se repite cada mes en distintos centros penitenciarios. Esta política de abandono institucional se ejemplifica trágicamente en la muerte de Ernesto Brieva Sempé, quien falleció por desnutrición severa en la prisión del Combinado del Este. Una dinámica similar sufrió Luis Miguel Oña Jiménez, paciente con VIH, a quien las autoridades otorgaron una licencia extrapenal para enviarlo a morir a su domicilio cuando su deterioro de salud era irreversible. Con ellos, ya son seis los manifestantes del 11J fallecidos en contextos de responsabilidad estatal reforzada.

Cinco muertes corresponden a suicidios bajo custodia estatal o durante el Servicio Militar Obligatorio. La muerte de un recluso de 20 años resultó especialmente preocupante. Las autoridades de la Prisión Provincial de Ciego de Ávila (Canaleta) alegaron que se ahorcó tras protestar por hambre, pero otros reclusos denunciaron que pudo haber sido estrangulado tras ser golpeado y recluido en celda de castigo. El motín posterior fue reprimido con extrema violencia, y Cubalex no ha podido esclarecer hasta el cierre de este informe si se produjeron muertes adicionales entre los reclusos trasladados en condiciones de desaparición forzada.

Se documentaron además dos homicidios de reclusos a manos de otros presos, en las prisiones de Canaletas (Matanzas) y de Ariza (Cienfuegos), y cinco casos que permanecen pendientes de aclaración: dos muertes durante el Servicio Militar Obligatorio, dos bajo custodia policial o penitenciaria y una en situación no esclarecida. Tres casos adicionales corresponden a personas que no estaban bajo custodia directa al morir, pero cuyas circunstancias involucran responsabilidad estatal por negligencia institucional.

Dos incidentes fueron clasificados como ejecución extrajudicial, el nivel más grave de responsabilidad estatal directa documentado en el semestre. El caso de mayor envergadura y repercusión del semestre fue la ejecución de cuatro exiliados el 25 de febrero durante un enfrentamiento con guardafronteras cubanos en el marco de una interceptación marítima, cuyo desenlace derivó además en la desaparición forzada de sobrevivientes y trabas para activar el hábeas corpus, sin que, hasta el cierre de este informe, se haya producido un esclarecimiento oficial y transparente.

Este patrón se sostiene en un encubrimiento institucional sistemático, pues ninguna muerte bajo custodia cuenta con evidencia de una investigación independiente, imparcial y efectiva. Por ello, cada caso exige una revisión para determinar la responsabilidad estatal y garantizar el debido proceso.

A partir de mayo, la base de datos de monitoreo vincula incidentes con registros de centros de reclusión y de perpetradores identificados, destacando, por el volumen de incidentes, al director de la prisión Kilo 8 en Camagüey y a su jefe de orden interior. Esta nueva metodología permite constatar que varios oficiales permanecen en sus cargos tras haber sido señalados por negación de atención médica o muertes de reclusos, evidencia adicional de que el Estado no investiga ni sanciona estas violaciones.

2. Criminalización de la protesta: detenciones arbitrarias, traslados y castigo diferido

El primer semestre de 2026 registró un incremento sostenido y sin precedentes de la protesta social, en un contexto de agravamiento de la crisis energética, hídrica y sanitaria: de 68 protestas en febrero se pasó a 229 en marzo —la cifra mensual más alta hasta ese momento desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021—, 65 en abril, y 109 en mayo con un pico de 30 protestas en un solo día el 13 de mayo. En junio se contabilizaron 253 manifestaciones, alcanzando un pico de 31 protestas el día 19, cifras que rebasaron los récords históricos de marzo y mayo.

Las protestas no solo aumentaron en términos cuantitativos, sino también en cuanto a su radicalización. A las formas tradicionales —cacerolazos, consignas, carteles, huelgas de hambre, ocupación de espacios públicos— se sumaron expresiones más disruptivas como cierres de calles y avenidas, pedradas contra estaciones de policía y bancos, quemas masivas de basureros. El hecho de mayor radicalización del semestre ocurrió la noche del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, cuando manifestantes ocuparon la sede del Partido Comunista municipal, quemaron su mobiliario e izaron la bandera cubana. Las consignas también se agudizaron políticamente, dejando de limitarse a lo económico, en abierta contradicción con la narrativa oficialista que atribuye el descontento únicamente a causas materiales.

Nota: El semestre registró varios picos de manifestaciones públicas, el primero con 88 en la semana del 9 de marzo, coincidiendo con el episodio de mayor radicalización en Morón, el segundo en mayo, y otro a mediados de junio, acompañados de un aumento simultáneo de operativos policiales y detenciones arbitrarias en las mismas semanas. Los cortes de comunicaciones se concentraron entre marzo y mayo.

La Habana se mantuvo como epicentro de la protesta pública durante el semestre, con 495 eventos, registrando un desplazamiento progresivo desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad. Santiago de Cuba (81) y Matanzas (25) se consolidaron como el segundo y tercer foco de movilización. Frente a este aumento de la protesta, el Estado desplegó una respuesta represiva tanto inmediata como diferida: detenciones masivas en el momento de las manifestaciones, seguidas de citaciones, amenazas, multas y procesos penales prolongados semanas o meses después. Se reportó también el uso de tropas antimotines, brigadas especiales del MININT (boinas negras) y/o de drones de vigilancia para reprimir al menos diez protestas en el semestre.

En el semestre se registraron 257 incidentes de detenciones arbitrarias, un 70% más que en el semestre anterior, con al menos 410 víctimas. Las detenciones y los traslados posteriores conforman, en la práctica, un mismo patrón: son las dos categorías que con más frecuencia se registran juntas en un mismo evento de todo el semestre, con 208 coocurrencias.

El traslado, ya sea de un domicilio a una unidad policial, entre prisiones o hacia centros de la Seguridad del Estado, es con frecuencia el primer eslabón de la detención, puede repetirse de manera concatenada, y suele derivar en incomunicación, interrogatorio o reclusión prolongada. Cubalex registró un total de 318 en el semestre, un aumento del 85% respecto al periodo anterior.

Las detenciones se ejecutaron tanto en el contexto de protestas —con arrestos masivos e indiscriminados que en ocasiones incluyeron a menores de edad, como en Morón y, hacia el cierre del semestre, en Contramaestre— como de forma individualizada contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos sin afiliación política ni vínculos con organizaciones de la sociedad civil.

La desaparición forzada aparece como otra fase de este continuo represivo: se registró en conjunto con el traslado en 37 ocasiones y con la detención arbitraria en 34, lo que confirma que la incertidumbre inicial sobre el paradero de la persona detenida es, en la práctica, una etapa recurrente y no excepcional del propio proceso de detención.

Cubalex identificó, además, un patrón temporal en la ejecución de estas detenciones: se concentran de forma más marcada (52%) entre miércoles y viernes, frente al resto de días de la semana. Esto coincide con el receso de los tribunales, que, a partir del agravamiento de la crisis energética, se ha extendido de viernes a domingo, obstaculizando la presentación de recursos legales y prolongando la indefensión de las víctimas ante posibles detenciones ilegales. El caso de Yunaykis Linares ilustra este patrón: fue sometida a 3 traslados, mientras que el cierre de los tribunales un viernes impidió la presentación de un recurso de habeas corpus en su favor para esclarecer su paradero.

Varios traslados emblemáticos se concentraron en Villa Marista, como el del deportista Javier Ernesto Martín Gutiérrez, tras una desaparición forzada de corta duración. La recurrencia de este centro como destino de traslados durante el semestre confirma su rol intimidante en el circuito de detención, interrogatorio y presión psicológica del aparato represivo.

Las detenciones y traslados también afectaron de forma particularmente grave a menores de edad, conformando un patrón propio dentro de esta misma dinámica represiva: Jonathan David Muir Burgos y otros tres adolescentes, detenidos durante las protestas de marzo en Morón, fueron trasladados y recluidos en prisiones de adultos pese a su condición de menores. Tres fueron excarcelados en mayo y uno permanece en prisión.

Al menos diez personas, varias de ellas menores de edad, fueron arrestadas en Contramaestre y trasladadas al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles bajo acusaciones de "sabotaje"; tres menores continúan privados de libertad al cierre de este informe. Estos hechos vulneran las obligaciones reforzadas de protección que el Estado cubano debe garantizar a la niñez, incluso en contextos de detención o de respuesta a la protesta social.

Lo anterior se combinó con un aumento del patrullaje y la militarización visible de las ciudades, para un total de 287 operativos policiales de vigilancia, un incremento del 35% sobre el semestre anterior, con agrupaciones de vehículos policiales y militares, bautizadas popularmente "el combo" o "el convoy", portando incluso armas largas, en el marco de la narrativa oficial de preparación para un "estado de guerra".

Tras las protestas del 20 de mayo, el poblado de Antilla, en Holguín, amaneció completamente militarizado, con allanamientos de viviendas y arresto de familiares no manifestantes; un patrón similar de contención diferida se documentó al día siguiente en Alamar (La Habana).

3. Control social mediante hostigamiento cotidiano, y restricciones de movilidad y comunicaciones

La amenaza o coacción (313 eventos), la citación oficial (165), el interrogatorio (99) y la retención derivada de una citación (80) no son hechos independientes, sino etapas de una misma secuencia: en 22 eventos del semestre las cuatro categorías se registraron juntas, y en 4 casos adicionales se sumó también la imposición de un acta de advertencia formal. Los incidentes de amenaza o coacción aumentaron un 87% respecto al semestre anterior, y las citaciones oficiales, un 51%.

Una persona es citada mediante una papeleta oficial, interrogada en una unidad policial o de la Seguridad del Estado, retenida más allá del trámite inicial y amenazada, a menudo con la pérdida de beneficios, la prisión o represalias contra su familia, y en buena parte de los casos el proceso concluye con un acta de advertencia, todo como forma de presión colectiva. El caso de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez y su madre ilustra esta secuencia: ambas fueron sometidas a citaciones e interrogatorios reiterados en el marco de una campaña sostenida de hostigamiento en su contra.

Las amenazas de muerte contra activistas, periodistas independientes y presos políticos fueron una constante durante el semestre, intensificadas por la tensión entre Cuba y Estados Unidos. Custodios advirtieron a presos políticos que serían ejecutados ante una intervención militar estadounidense, mientras opositores en libertad recibieron amenazas para frenar sus críticas.

El arresto o reclusión domiciliaria, los operativos de vigilancia y la restricción de movilidad interna se registran juntos en 76 ocasiones del semestre, lo que confirma que constituyen expresiones de una misma práctica represiva: una sola dinámica: el cerco de una vivienda mediante vigilancia policial sostenida para impedir que su ocupante salga a la calle. Esta forma de control se aplicó de forma preventiva en fechas simbólicas o ante visitas diplomáticas, concentrándose en enero, mayo y finales de junio, cuando activistas, opositores, periodistas y familiares de presos políticos fueron sitiados en sus viviendas para impedirles asistir a recepciones diplomáticas de la embajada de Estados Unidos o reunirse con el embajador Mike Hammer durante su recorrido por el país.

Aunque no figura entre las categorías de mayor frecuencia numérica, Cubalex mantiene los cortes de comunicaciones dentro de este eje por el carácter estructural que han adquirido, como mecanismo de control. Su aplicación recurrente en contextos de protestas o de alta visibilidad pública de un caso, combinada sistemáticamente con incomunicación, restricciones de movilidad y amenazas, potencia su efecto disuasorio. Este patrón, además, se ve favorecido por la crisis energética: los apagones del Sistema Electroenergético Nacional y las fallas de ETECSA afectan simultáneamente el suministro eléctrico y el acceso a internet, lo que facilita que el Estado oculte interrupciones selectivas bajo la apariencia de una falla estructural generalizada.

En abril, al menos 16 activistas, periodistas y familiares de presos políticos denunciaron hackeos de sus redes sociales y aplicaciones de mensajería, incluido el cierre forzado de cuentas de WhatsApp. Estos hechos apuntan a una posible coordinación entre ETECSA —a través de cuyos servicios se reciben los códigos de verificación— y la Seguridad del Estado. Mayo concentró el mayor número de cortes individualizados del semestre (22). En mayo y junio se sumó, además, el corte de internet en barrios completos como mecanismo de contención inmediata tras protestas en El Vedado, Diez de Octubre, Santiago de Cuba, Altamira, Santo Suárez y La Güinera.

A esto se suman medidas de persecución económica: multas selectivas bajo el Decreto Ley 370 por publicaciones en redes sociales o como castigo por participar en protestas públicas, la aplicación de fianzas con montos cada vez más excesivos, y la facultad otorgada a la ONAT para retirar directamente fondos de cuentas bancarias por deudas fiscales, que amplía el margen estatal de presión económica sobre la ciudadanía.

El patrón de hostigamiento se completó con campañas de descrédito en redes sociales y en medios oficialistas contra activistas, periodistas y ciudadanos detenidos por expresar su descontento, incluyendo intentos de presentarlos como personas con problemas psiquiátricos, así como con golpizas ejecutadas al margen de una detención o traslado formal.

4. Uso punitivo del marco legal, control migratorio y represión extraterritorial

En el semestre se documentaron 53 eventos de imputación de cargos, 12 más que en el semestre anterior. El régimen cubano continuó utilizando el marco jurídico como herramienta de criminalización del disenso, con peticiones de entre dos y diez años de prisión contra personas por escribir frases, carteles o grafitis críticos en espacios públicos, fotografiar pintadas antigubernamentales en la calle o publicar opiniones políticas en redes sociales.

Este patrón se manifestó también en la publicación de peticiones fiscales marcadamente desproporcionadas frente a los hechos imputados: se documentaron solicitudes de entre 4 y 25 años de privación de libertad por delitos como propaganda contra el orden constitucional, desórdenes públicos, desobediencia o figuras de mayor gravedad como espionaje y "otros actos contra la seguridad del Estado". Asimismo, continúa registrándose la imputación del delito de sabotaje en relación con protestas públicas y, de manera preocupante por su frecuencia, contra menores de edad.

En enero de 2026, los participantes de la protesta de noviembre de 2024 en Encrucijada recibieron penas de entre 3 y 8 años, en otro ejemplo de esta lógica de castigo diferido. El juicio contra ocho presos políticos del movimiento "Cuba Primero" ilustra además un patrón de opacidad procesal: tras un primer intento fallido de celebrarlo a finales de mayo, el juicio se celebró finalmente el 30 de junio dentro de la propia cárcel donde permanecían recluidos los acusados, mientras dos de ellos permanecían en régimen de aislamiento sin haber cometido ninguna indisciplina.

Durante el período se consolidó una estrategia de criminalización dirigida contra creadores de contenido en plataformas digitales, dado que el impacto y la viralidad de sus denuncias actúan como detonantes de la intensidad represiva. En febrero, las autoridades detuvieron en sus domicilios a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto "El4tico", quienes permanecen en prisión provisional bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir. Hacia el cierre del semestre, el humorista Eddy Ceballos fue arrestado tras documentar una base militar en desuso y posteriormente acusado de espionaje ante un tribunal militar, imputación desproporcionada respecto de los hechos documentados. Estos casos confirman que el ejercicio de la crítica social mediante el humor o el audiovisual se ha convertido en un nuevo eje de persecución penal, con imputaciones de extrema gravedad que ignoran la naturaleza de los hechos documentados.

A lo largo del semestre, el régimen cubano combinó anuncios públicos de apertura o flexibilización con la intensificación simultánea de la represión interna y del control estatal, en un patrón que se repite más allá de una sola categoría de incidentes.

El anuncio de excarcelación de 51 personas en marzo y el indulto a 2,010 sancionados en abril contrastaron con la revocación efectiva de beneficios otorgados, entre ellos, a al menos once presos políticos del 11J excarcelados tras las negociaciones de enero de 2025. Asimismo, Yoan de la Cruz y otras personas revocadas estarían enfrentando nuevas causas penales, lo que evidencia la fragilidad de estas medidas.

De forma similar, en marzo el régimen anunció su disposición a considerar compensaciones a ciudadanos y empresas de Estados Unidos por propiedades confiscadas tras 1959; publicó un nuevo decreto-ley que regula la asociación entre empresas estatales y no estatales, e informó que permitiría la inversión de cubanos emigrados en distintos sectores de la economía.

En el mismo periodo, el Estado también publicó e implementó resoluciones que amplían su capacidad de control, como las nuevas leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería, que incrementan sustancialmente el control estatal sobre la movilidad.

Este patrón sugiere que los gestos de apertura económica y penitenciaria cumplen una función de cara a la comunidad internacional y a la negociación bilateral con Estados Unidos, mientras en paralelo se refuerzan, mediante nuevas normas, los mecanismos de control fiscal, migratorio y social sobre la población, sin que ninguno de estos gestos se traduzca en una reducción efectiva de la represión interna ni en garantías reales para la disidencia.

Así, la lógica de instrumentalización de la libertad se extiende al exilio forzado, que el Estado cubano utiliza cada vez con mayor frecuencia como condición de facto para la excarcelación: en lugar de garantizar la libertad plena dentro del país, la salida al extranjero se impone como condición para recuperar la libertad. El caso de mayor perfil público fue el de la presa política y Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora, cuya salida de prisión en mayo fue condicionada a que su madre, también Dama de Blanco, abandonara el país junto a ella, tras negarle en siete ocasiones el beneficio de libertad condicional.

Este ejemplo se incluye en un conjunto de 5 casos de exilio o expatriación forzada con 7 víctimas, que Cubalex documentó durante el semestre, sumado a 10 casos de propuesta o amenaza de exilio como forma de presión sin que necesariamente se haya concretado la salida del país, y un destierro — ejercido al impedir el reingreso al país de una Dama de Blanco. En conjunto, se registra un ligero incremento de esta práctica respecto al semestre anterior, en el que se registraron 8 casos de exilio forzado y 2 propuestas.

La represión extraterritorial contra la diáspora también se consolidó como patrón. El 13 de mayo, la Fiscalía General formalizó el procesamiento penal en ausencia de dos ciudadanos residentes en Estados Unidos, acusados de terrorismo sin encontrarse en el país. A este hecho sin precedentes inmediatos se suman al menos una decena de incidentes de amenaza y acoso contra activistas y periodistas cubanos en el exterior o sus familiares en la Isla.

Mecanismos transversales de represión

Perfil de las víctimas

Entre las 919 personas (204 mujeres y 715 hombres) identificadas como víctimas en el semestre, la activista Yamilka Lafita Cancio (19 eventos), la Dama de Blanco Berta de los Ángeles Soler Fernández (18), el opositor Roilán Álvarez Rensoler (17), el preso político menor de edad Jonathan David Muir Burgos (17) y el opositor Ángel Juan Moya Acosta (15) sufrieron la mayor cantidad de actos represivos en su contra.

Se registraron 1078 eventos represivos contra la sociedad civil independiente y 766 contra la ciudadanía sin afiliación conocida.Entre las organizaciones de la sociedad civil, registraron el mayor número de víctimas la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 37; el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), con 34; el Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y Cuba Decide, con 21 cada una; y las Damas de Blanco, con 19.

Fueron identificadas al menos catorce condiciones de vulnerabilidad entre las víctimas identificadas, no excluyentes entre sí. Las más frecuentes fueron las condiciones de persona privada de libertad (412), afrodescendiente (296) y defensor de derechos humanos (244), seguidas de ex preso político (69). Además, se documentaron violaciones directas contra 20 menores de edad al momento de los hechos, una cifra alarmante.

El rango etario de las víctimas en el periodo se extiende desde 1 hasta 81 años. La edad más representada es de 20 años, con 15 personas, seguida de un grupo amplio de edades entre los 19 y los 45 años que agrupan entre 8 y 11 víctimas cada una, lo que confirma que la represión golpea particularmente a adultos jóvenes y de mediana edad, el segmento más activo en la protesta social, el activismo y la producción de contenido crítico.

VÍCTIMAS CON MÁS INCIDENTES

Yamilka Lafita Cancio

19 eventos

Berta de los Ángeles Soler Fernández

18 eventos

Roilán Álvarez Rensoler

17 eventos

Jonathan David Muir Burgos

17 eventos

Ángel Juan Moya Acosta

15 eventos

IV. Violaciones transversales de derechos humanos

Todas las prácticas represivas documentadas vulneran múltiples derechos, algunos de ellos de forma reiterada:

1. Derecho a la vida: vulnerado en los 39 eventos de muertes potencialmente ilícitas, derivadas de negligencia médica, condiciones inhumanas de detención, abandono institucional y circunstancias violentas no esclarecidas, sin investigaciones efectivas ni asunción de responsabilidad estatal.
2. Derecho a la integridad personal: vulnerado mediante golpizas, violencia policial, hacinamiento, mala alimentación y negación deliberada de atención médica.
3. Derecho a la libertad y seguridad personal: vulnerado en las 257 detenciones arbitrarias documentadas, arrestos domiciliarios y privaciones de libertad sin control judicial efectivo, en ocasiones con desaparición forzada de corta duración.
4. Derecho al debido proceso: violado mediante procesos judiciales de carácter político sin garantías mínimas, incluido el procesamiento en ausencia de ciudadanos residentes en el extranjero.
5. Derecho a la libertad de expresión y a la información: vulnerado mediante detenciones, procesos penales y sanciones por opiniones críticas, cortes selectivos de comunicaciones y hackeos con fines de vigilancia y censura.
6. Derecho de reunión pacífica, asociación y protesta: vulnerado mediante la represión directa de protestas que alcanzaron cifras récord, y su castigo diferido mediante condenas ejemplarizantes.
7. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión: afectado por el hostigamiento a líderes religiosos con posiciones críticas.
8. Derecho a la libertad de circulación: vulnerado mediante arrestos domiciliarios, sitios a viviendas para impedir actividades diplomáticas, y la práctica de impedir el reingreso al país a personas que regresan del extranjero.
9. Derecho a permanecer, salir y regresar al propio país: vulnerado en al menos 6 casos de exilio forzado o destierro, y mediante el nuevo marco jurídico migratorio.
10. Derecho a la protección de la vida privada y familiar: vulnerado por amenazas y represalias contra familiares de personas perseguidas.
11. Derechos del niño y protección reforzada de la niñez: vulnerados mediante la reclusión de menores en prisiones de adultos y el uso de amenazas contra su custodia como forma de presión.
12. Derecho a un recurso efectivo y a la verdad: incumplido por la negativa de tribunales a recibir recursos de hábeas corpus y la falta de esclarecimiento de casos como la interceptación marítima de febrero.

V. Tendencias identificadas

Las seis tendencias confirman y profundizan, sin excepción, las proyectadas en el segundo informe semestral de 2025, y reflejan el carácter estructural, integral y en expansión de la represión en Cuba, con un desplazamiento hacia mecanismos que combinan violencia directa, control legal y desgaste psicológico en un contexto de impunidad sostenida. Si las condiciones que las originan —crisis de servicios básicos, tensión geopolítica y ausencia de rendición de cuentas— no se revierten, es previsible que se mantengan o intensifiquen durante el segundo semestre de 2026:

1. Escalada de la letalidad y degradación de las condiciones de custodia estatal: deterioro crítico de la infraestructura penitenciaria y aumento de las muertes evitables por negligencia médica e insalubridad, acompañados del uso represivo de la revocación de beneficios a reclusos enfermos.
2. Represión reactiva y diferida frente a la radicalización de la protesta social: consolidación de un modelo de contención y adaptación a una mayor confrontación ciudadana, mediante detenciones masivas en protestas con un impacto preocupante sobre menores de edad, y condenas ejemplarizantes meses después. Se apoya en la restricción al acceso judicial: el receso de tribunales por la crisis energética impide la presentación oportuna de recursos legales y prolonga la indefensión.
3. Consolidación del control social cotidiano mediante incomunicación, restricción y asfixia económica: normalización de los cortes selectivos de internet y la censura digital (aprovechando la crisis energética), combinados con cercos policiales y sanciones fiscales directas para neutralizar la articulación pública.
4. Contraste sostenido entre gestos oficiales de apertura y revocación selectiva (doble discurso): Coexistencia de anuncios propagandísticos de indultos y excarcelaciones masivas para la comunidad internacional con la revocación de beneficios a presos políticos.
5. Expansión del marco jurídico-migratorio e institucionalización de la represión extraterritorial: incremento del control de la movilidad mediante una reforma migratoria y la Policía de Migración, sumado al uso de procesos penales en ausencia para intimidar a activistas en la diáspora.
6. Instrumentalización del contexto geopolítico para criminalizar la expresión crítica: utilización de la narrativa oficial de "estado de guerra" para justificar la militarización del espacio público, intensificar la vigilancia e imputar delitos de extrema gravedad, como el espionaje, por la publicación de contenidos críticos.

VI. Comparación semestral

En el período del 1º de enero al 30 de junio de 2026 se documentaron 1,894 hechos violatorios de derechos humanos en todo el país, un incremento del 48% respecto al semestre anterior. Los datos muestran una intensificación de los patrones y tendencias represivos aplicados sistemáticamente por el Estado cubano y su aparato represivo para mantenerse en el poder, en un contexto de creciente presión social interna y tensión geopolítica externa.

Las tablas siguientes permiten observar continuidad y cambio entre julio-diciembre de 2025 y enero-junio de 2026. Se comparan indicadores generales, alcance territorial, categorías de represión y perfil de las víctimas. Las cifras deben leerse junto con la cautela metodológica señalada en el resumen ejecutivo: el aumento refleja tanto una mayor cobertura del monitoreo como indicios convergentes de intensificación represiva.

En conjunto, la comparación muestra que los patrones del semestre anterior no se revirtieron. Aumentaron los eventos documentados, la cobertura municipal, las detenciones arbitrarias, los traslados, las amenazas y las violaciones contra personas privadas de libertad. El cambio más relevante no es solo cuantitativo: la represión alcanzó con mayor frecuencia a personas sin afiliación política, se articuló de forma más directa con las protestas por condiciones de vida y produjo consecuencias más graves para quienes estaban bajo custodia estatal.

VII. Conclusiones

Los resultados del primer semestre de 2026 reflejan una notable intensificación de los mecanismos estructurales mediante los cuales opera la represión en Cuba, con un incremento del 48% en eventos y del 18% en víctimas en comparación con el periodo anterior. Este lapso confirmó plenamente las tendencias proyectadas en 2025, articuladas en torno a cuatro patrones principales: violencia letal bajo custodia (+56% en muertes), represión de la protesta social, control social integral e instrumentalización jurídica, migratoria y propagandística.

Ante el aumento de manifestaciones provocado por la crisis material, el Estado recurrió a una estrategia de contención inmediata y castigo diferido. Asimismo, instrumentalizó las tensiones geopolíticas derivadas de la captura de Nicolás Maduro y la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano para incrementar la vigilancia y las amenazas contra la disidencia.

En el ámbito penitenciario persistieron la violencia y las muertes evitables por negligencia médica en un contexto de impunidad absoluta, mientras que la represión se expandió fuera de las fronteras mediante procesos penales en ausencia. Coexistió además un doble discurso oficial que combinó anuncios de indultos con la revocación de beneficios a presos políticos y un mayor control de la movilidad a través de un nuevo marco migratorio. Por último, se consolidaron la censura a expresiones críticas en redes sociales y la afectación a menores de edad como mecanismos de presión, tendencias que previsiblemente continuarán si persisten la crisis de servicios básicos y la falta de rendición de cuentas.

VIII. Recomendaciones

Sobre la base de la información recabada en el período, su análisis y comparación con semestres anteriores, el equipo de Cubalex formula las siguientes recomendaciones:

• Al Estado cubano: cesar de inmediato las prácticas represivas; liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos; y garantizar investigaciones prontas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre las muertes potencialmente ilícitas y las demás violaciones documentadas, incluidas las condiciones de detención, la violencia institucional y las vulneraciones del debido proceso.
• A la comunidad internacional y a los organismos multilaterales: condicionar la cooperación, el diálogo político y los acuerdos con el Estado cubano al cumplimiento de compromisos verificables en materia de derechos humanos, y adoptar medidas diplomáticas y de protección específicas frente a la instrumentalización jurídica, migratoria y extraterritorial de la represión, en particular ante el hostigamiento a menores de edad, los procesamientos penales en ausencia contra la diáspora y las prácticas de exilio forzado y destierro.
• A los Estados y actores con capacidad de incidencia sobre el Estado cubano: adoptar medidas diplomáticas y de protección específicas en favor de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y personas perseguidas por motivos políticos.
• A las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de oposición política y los medios independientes: fortalecer la documentación, el análisis y la denuncia de violaciones de derechos humanos, así como la coordinación entre actores dentro y fuera del país.
• A las víctimas y sus familiares: documentar de manera sistemática los hechos sufridos, conservar evidencia disponible y buscar acompañamiento en organizaciones independientes de derechos humanos.

IX. Propuestas para futuras investigaciones

• Represión extraterritorial contra la diáspora cubana: Investigar el uso del derecho penal como instrumento de intimidación contra ciudadanos cubanos residentes en el extranjero.
• Condiciones de custodia y responsabilidad estatal en muertes evitables: Profundizar el análisis de las condiciones materiales, sanitarias y de atención médica y psicológica en contextos penitenciarios y del Servicio Militar Obligatorio, dado el número de muertes de jóvenes reclutas documentadas en el semestre.
• Identificación de responsables de muertes y desapariciones bajo responsabilidad estatal reforzada: Sistematizar los datos sobre agentes estatales responsables (directos o por omisión) de muertes y desapariciones bajo custodia, documentar la cadena de mando y vigilar la ausencia de investigaciones independientes, para sustentar acciones de incidencia, litigio estratégico o denuncias ante mecanismos internacionales de derechos humanos.

X. Agradecimientos

La elaboración de este informe es posible gracias a la valentía, el compromiso y la perseverancia de quienes, desde dentro de Cuba, enfrentan condiciones extremadamente adversas para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos. Agradecemos profundamente a las personas defensoras, activistas, periodistas y ciudadanos que colaboran en la recolección de información. Reconocemos especialmente al equipo de monitoreo e investigación de Cubalex, cuya labor es fundamental para consolidar una base sólida de evidencia. Extendemos nuestro agradecimiento a las organizaciones aliadas y a todas las personas que contribuyeron significativamente a la realización de este informe.